“Pero todo se lo enseñará el tiempo que envejece.”
Prometeo encadenado, atribuido a Esquilo.
Durante siglos, el poder político necesitó una justificación situada por encima de los hombres.
El rey gobernaba por la gracia de Dios; la aristocracia, por la sangre; la tradición convertía el pasado en autoridad. Incluso las élites republicanas debían acreditar virtudes, conocimientos o méritos para reclamar el derecho a gobernar.
La democracia moderna produjo una revolución más radical de lo que solemos admitir: hizo del pueblo la fuente última de la legitimidad política.
Vox populi, vox Dei.
Ya no era necesario que el poder descendiera de Dios, de la sangre, de la tradición o de una supuesta superioridad natural. La autoridad debía remitirse, en primer y último término, a la voluntad de los ciudadanos.
Pero ahí comienza la zozobra.
El pueblo puede equivocarse, dejarse engañar, enfurecer o dividir. Puede incluso elegir a quienes utilicen esa misma legitimidad para destruir las instituciones que hicieron posible su elección.
Por eso surge el asunto decisivo: si la autoridad emana del pueblo, ¿qué autoridad puede limitar al pueblo cuando se equivoca?
La democracia liberal respondió mediante constituciones, derechos, tribunales, separación de poderes y libertades. Estableció, en suma, límites destinados a impedir que la soberanía popular se convirtiera en soberanía absoluta de quien o quienes ejercieran la autoridad estatal.
Pero esa solución contiene una paradoja: el pueblo es soberano, aunque no puede serlo ilimitadamente sin destruir las condiciones de su propia soberanía.
Es precisamente aquí donde aparece la era del espejo.
El poder ya no necesita presentarse como superior al pueblo. Necesita parecerse a él.
El gobernante no tiene necesariamente que exhibir sabiduría, moderación, cultura o ejemplaridad. Le basta con exhibir autenticidad: hablar como la calle, reaccionar como la multitud, convertir incluso sus defectos en prueba de pertenencia.
Pero el espejo no eleva al pueblo hacia el poder. Baja el poder hasta el pueblo.
Y la diferencia no es menor.
Representar supone responsabilidad: hablar en nombre de otros y responder por el uso de ese mandato. Reflejar es distinto. El espejo no corrige, no educa, no distingue entre grandeza y mezquindad, razón y resentimiento. Solo devuelve la imagen.
Cuanto más perfectamente consigue un líder parecerse a quienes lo eligen, más auténtico puede parecer. Pero cuanto más se limita a reflejarlos, menos conserva la distancia necesaria para orientarlos y gobernarlos.
Gobernar exige precisamente aquello que el espejo no puede ofrecer: criterio, límite, responsabilidad y una idea del bien común que no dependa de la popularidad del momento.
La mayoría confiere legitimidad, no infalibilidad. El voto otorga poder, pero no sabiduría. La popularidad demuestra adhesión, pero no virtud.
Y es aquí donde la cuestión política se vuelve también un asunto de envergadura filosófica y religiosa.
Si el pueblo es soberano, pero no infalible, ¿de dónde proceden los límites que deben contener su poder?
¿De la Constitución? ¿De la razón? ¿De la tradición? ¿De la ley natural? ¿De los derechos humanos? ¿O de algo situado más allá de todas esas construcciones humanas?
Dígase sin rodeos: ¿de Dios?
Para quien reconoce una autoridad trascendente, el problema es particularmente profundo. La democracia puede determinar quién gobierna y mediante qué procedimientos, pero no puede responder por sí sola qué es justo, qué es bueno, qué equivale al bien común y al mal menor, o qué límites no deben transgredirse.
Tal vez ese sea el verdadero significado político de la era del espejo. No estamos solamente ante una crisis de partidos, élites, liderazgos o redes sociales. Estamos ante una crisis de toda autoridad que pretenda decirle al individuo que existe algo más importante que él mismo.
He ahí la gran transformación política de nuestro tiempo: no solo hemos hecho soberano al “pueblo” y, de hecho, aunque no necesariamente de derecho, a sus representantes al colocar sobre sus manos la responsabilidad de decidir qué hacer con el poder.
Así como Prometeo robó el fuego a los dioses y lo entregó a los hombres, nosotros hemos heredado aquel fuego y hemos reclamado, además, el derecho a decidir soberanamente cómo utilizarlo.
Pero el fuego no trae consigo su propio propósito.
La soberanía responde a la pregunta de quién tiene el poder, pero no necesariamente a la de para qué debe ejercerlo ni a la de qué límites no debería transgredir.
El verdadero peligro no consiste, por consiguiente, en que el pueblo sea soberano, sino en que llegue a considerarse infalible; que confunda la voluntad con la verdad, la mayoría con la razón, la autenticidad con la virtud y el poder de decidir con el derecho a decidirlo todo.
El espejo puede mostrar lo que somos. Nunca puede decirnos lo que debemos ser.
Por eso, la paradoja última de la democracia es que el pueblo, para ser verdaderamente libre, necesita algo más que el poder de elegir: necesita la capacidad de juzgarse a sí mismo y un criterio que no sea simplemente el reflejo de sus propios deseos.
Vox populi, vox Dei.
Esas cuatro palabras pueden expresar dos realidades radicalmente distintas: que la voz del pueblo pretende ocupar el lugar de Dios, o que solo puede ser legítima mientras reconozca que no es Dios.
Entre ambas posibilidades se juega buena parte del futuro de la democracia por doquier.
Porque, aunque el pueblo sea verdaderamente soberano, tendrá que aprender también la más difícil de las artes políticas: reconocer que incluso el soberano y sus legítimos representantes necesitan un límite.
De lo contrario, los humanos, después de liberarnos de los dioses, de los reyes y de los amos, podríamos terminar encadenado a sí mismo.
¡Como Prometeo!
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