En el artículo anterior se evidenció que en el mercado laboral nacional no existe ni acceso, ni remuneración laboral con igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres. Esta situación también es evidenciada en las estadísticas del empleo público, aunque con algunas diferencias y, además, es replicada en los cargos electivos, como veremos en otro artículo.
En efecto, en el sector de la Administración Pública, a pesar de que privilegia la contratación de mujeres, permanecen desigualdades laborales por sexo, a pesar de la existencia de un numeroso marco legal que consagra la igualdad de género en el ámbito laboral general y, en particular, en la administración pública y en los cargos electivos, avalados por la misma Constitución y de, por lo menos, nueve leyes y un decreto.
a) Mercado laboral público: Acceso, educación y cargos de más alto rango
Es de relevancia destacar que las estadísticas del empleo público muestran su importancia como empleador de mano de obra femenina asalariada mayoritaria. Además, explica la más elevada tasa de formalidad laboral en el empleo de mujeres, en un contexto nacional donde la fuerza de trabajo es predominantemente masculina e informal (Gráficos 1 y 2).
En efecto, entre el 2016 y el 2023 el total de asalariados públicos por sexo muestra que las mujeres han pasado del 51. 7% al 54.5%, a la par que ha aumentado su peso en la tasa de formalidad laboral nacional, que ha pasado de 46.1 a 48.1%, mientras que en los hombres ha permanecido más o menos estancada.
Empero, se observa un comportamiento un tanto diferente por sexo, pues mientras los hombres han disminuido de 21.8% a 21.4% entre 2016 y 2023, las mujeres han permanecido sin cambios con un porcentaje de 26.3%, es decir un poco más de un cuarto de los asalariados del sector público, por lo que podría pensarse en una cierta tendencia hacia la feminización del asalariado público más educado, aunque de manera segregada según sexo y misión de los ministerios.
Otro rasgo de relevancia a destacar es que el sector público privilegia la contratación de personas de ambos sexos con un mayor nivel educativo, en relación con la fuerza de trabajo total del país. En efecto, datos del 2019 muestran que las mujeres universitarias están sobrerrepresentadas en el sector público: 63.1% contra un 39.3 % de hombres universitarios.
Por su parte, según el gráfico 3, los hombres con niveles educativos primario y secundario son los más contratados en el mercado de trabajo nacional. Si bien aquí tambien aquí hombres y mujeres de nivel universitario son contratados, las mujeres también aquí predominan, aunque con un peso mucho más bajo (34.0%) con relación al sector público, aunque mayor que el masculino (16.8%).
Por otra parte, si se observa esta ocupación pública desde la estructura ocupacional por sexo del MAP (Tabla 1), podemos destacar que su característica más relevante es que las mujeres predominan solamente en el grupo ocupacional profesionales con dos tercios de sus efectivos totales (66.3%).
Los hombres ocupados están presentes de manera mayoritaria en todos los grupos ocupacionales, salvo en los profesionales, donde representan el 55.4%, seguido en orden de importancia por los servicios generales 25.7%, el extremo contrario en nivel de calificación, pues sólo exige, como mínimo, un octavo curso, aunque este nivel es elevado en ambos sexos.
Por otra parte, es importante destacar que los hombres tienen un mayor peso en el grupo de Dirección y Supervisión de más del doble (4.8%) que las mujeres (2.0%), lo que pudiera sugerir un cierto nivel de segregación ocupacional en cargos de mayor jerarquía y participación en la toma de decisiones administrativas y políticas y, por consiguiente, mayor remuneración y mejor acceso a otros beneficios, en un contexto donde el nivel educativo de las mujeres es superior. Por último, la medición del grupo ocupacional debe mejorar pues tiene un nivel de omisión muy elevada de un 23.8%, que es tambien diferencial por sexo y se eleva a un 25.7% en los hombres.
En este mismo, sentido, otros datos de relevancia es la participación por sexo en los cargos ministeriales (Tabla 2). Aquí tampoco, mujeres y hombres ocupados en el sector público tienen las mismas oportunidades de acceder a puestos de decisión o de autoridad en el Estado, donde las diferencias de acceso son aún mayores: 81.8% de ministros y 18.2 % de ministras y 71.1% de viceministros y 28.9% de viceministras.
Tabla 2 Distribución porcentual de los cargos ministeriales 2024
En este contexto, donde el principal rasgo diferenciador del empleo público con relación a la fuerza de trabajo nacional es que en el sector público las mujeres tienen mayores oportunidades de acceso, son mayoritariamente contratadas y se privilegia su nivel educativo universitario y técnico.
No se faltaría a la verdad si se afirma las servidoras públicas son las responsables mayoritarias de la gestión cotidiana de la Administración Pública, pues están al frente de los principales cargos administrativos de nivel técnico y profesional, aunque con una ausencia notable en aquellos cargos de dirección política y más alta remuneración, tales como ministras y Viceministras y en los cargos de dirección y supervisión administrativa.
Frente a estos resultados, surge la paradoja de que en la administración pública existe un mayor número de mujeres empleadas, con un nivel educativo muy superior al conjunto de empleados de ese sector y, sin embargo, su participación en la toma de decisiones políticas y en de dirección y supervisión técnica es limitada
Estos datos evidencian que si bien la mayor calificación educativa de las mujeres representa un atractivo mayor para el sector público, que para mercado privado, no logra superar el obstáculo del acceso igualitario a los puestos de alta dirección política, dirección y supervisión ni en la Administración Pública ni en sector privado. Por, demás no seria ocioso recordar que esto que ocurre tambien en los cargos por designación también ocurre en los cargos electivos, a pesar de que hasta una cuota obligatoria de nominaciones de mujeres obligan.
En este contexto, la pregunta que surge es, ¿con tan escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones político–estratégicas en la conducción del Estado dominicano, cómo podría implementarse la igualdad de género en la función pública del país, meta establecida por la END2030?
b) Segregación laboral en el sector público
Un primer estudio sobre Género y función Pública con datos del MAP y SISDOM, que data del año 2021, muestra que la organización del mercado laboral público y privado, esta estructuralmente mediada por el factor género, a través de la segregación por sexo de la actividad productiva y la separación del trabajo remunerado en el mercado y el trabajo reproductivo no remunerado en el hogar, división sexual del trabajo que es considerada natural y propia de la masculinidad y la feminidad.
Empero, desde las Ciencias Sociales, estos hechos sociales no pueden entenderse como naturalmente dados, sino como construcciones históricas cambiantes. En efecto, antes de la aparición de la ficción del salario familiar masculino. Sus fundamentos se ubican en la evolución de los países de Europa, iniciada con la privatización de los bienes comunales, el mercantilismo y la colonización, cuyas riquezas financiaron su desarrollo tecnológico, la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, sobre la base de la discriminación racial, sexual y de clase.
Tanto en la fuerza de trabajo nacional como en la pública, a pesar del aumento de la participación femenina, continúa la segregación de las ramas y sectores de actividad económica, las ocupaciones y categorías ocupacionales, masculinizándolas o feminizándolas, acceso que si no fuera mediado por el e sexo, debería presentar una distribución normal, es decir igualitaria.
En el sector público esta segregación es muy visible a través de los ministerios, que en función de sus diferentes misiones están tambien feminizados o masculinizados, según muestran los datos del MAP para el año 2024.
Obsérvese que las mujeres son mayoritarias en solo seis de los veintidós ministerios, cuyas misiones son -no por azar- son la educación, la salud, el trabajo, la mujer, la planificación y la administración y concentran el 84.0% de las ocupados públicas. Los hombres, por su parte, son mayoritarios en el resto de los 16 ministerios, cuyas misiones están orientadas a una gran diversidad de misiones, entre ellas las relacionadas con la producción económica y ocupan al 16.0% de los asalariados públicos.
c) Remuneración: brecha salarial de género o brecha de autoridad?
El estudio ya citado del 2021 presenta diferencias de remuneración por sexo y según la fuerza de trabajo sea pública o privada. En primer lugar, se constata que el salario promedio de los ocupados del sector público es más elevado que el salario promedio de la población ocupada nacional.
Asimismo, es destacable la tendencia positiva a la igualación de los salarios promedios entre hombres y mujeres durante el último quinquenio, evidenciado por la disminución de la brecha salarial de género en ambos sectores. Esta disminución va a un ritmo mucho más rápido dentro del sector público, producto de la política pública del MAP de establecer la remuneración en función de los puestos y sus responsabilidades y no de las personas que los ocupan, a partir de la implementación de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado.
El análisis comparando la remuneración de servidores y servidoras públicas según escala salarial, señala hallazgos más importantes desde un enfoque de género, pues se observa una mejoría, que ahora es predominante en la remuneración femenina, pues ahora es mayoritaria en las escalas entre 30 mil y 99,000 pesos mensuales.
Ciertamente aun no ha logrado ser mayoritaria en la escala más elevada, pues ésta es de predominio masculino, que como ya se ha evidenciado son la mayoría de los ministros, viceministros y ocupan más puestos de dirección y supervisión en los ministerios.
Por último, y de destacada como los salarios femeninos han ido en aumento, con relación al estudio anterior. En efecto, el salario promedio por sexo en los diferentes ministerios según sus niveles de feminización o masculinización. En efecto, independientemente del nivel de segregación de los ocupados por sexo, los salarios promedios femeninos, en el 2024, suelen ser más elevados que los masculino, lo que parecería responder a las necesidades de personal técnico y profesional de requerido por todos los ministerios y son las mujeres quienes los están mayoritariamente proporcionando.
Utilizando el conocido concepto -aunque no exento de controversia- de techo de cristal, puede constatarse que, si bien el sector público privilegia la contratación de las mujeres y, por su parte, las mujeres escogen carreras universitarias y técnicas que les permiten ocupar puestos para la gestión diaria de la Administración Pública, esta apertura tiene su límite: los puestos de autoridad. En este caso, son los cargos ocupados por ministros y viceministros y en el grupo ocupacional No. 5, de Dirección y Supervisión en su nivel de dirección superior, que privilegian la contratación masculina.
Este artículo retoma el concepto de brecha de autoridad como categoría de análisis sensible al género en el entendido de que a las mujeres se les limita el acceso a tales puestos. Al respecto, afirma que esta situación estaría evocando una concepción estereotipada de la autoridad como un atributo de la masculinidad: la autoridad para dirigir la toma de decisiones es un privilegio masculino, que le garantiza la ocupación mayoritaria de los puestos de ministros, viceministros y puestos de dirección y supervisión en la Administración Pública.
Esto explicaría el mayor peso masculino en los puestos de nivel superior, a pesar de los mayores niveles educativos de las servidoras públicas, quienes están segregadas a los puestos de medio y alto nivel en la dirección administrativa. Por consiguiente, remite a un problema que requiere de una solución de política pública, vía la fijación y evaluación de competencias para los cargos públicos de dirección y supervisión política y técnica.
En todo caso, la categoría de brecha de autoridad, más comúnmente utilizada en estadística laboral como segregación vertical, para referir también a la evicción de las mujeres de los puestos de mayor jerarquía institucional, debe ser un tema de atención investigativa.
Sobre todo, debe ser objeto de política pública, para que el Estado dominicano pueda aprovechar mejor las competencias de las servidoras públicas en la dirección de un accionar gubernamental, que conjuntamente con los servidores públicos, sea más eficiente y sensible a las necesidades de toda la población según su ciclo de vida, que no asume el género como un factor equilibrador y no discriminador.
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