El “porvenir” se refiere a un futuro venidero que es ambiguo porque, dependiendo de la valoración aplicada, puede ser tanto positivo como negativo. Lo recién informado en la prensa por director del CEA/Bienes Nacionales sobre el Ingenio Porvenir califica como ejemplo. Según dijo han rehabilitado la destartalada usina con una inversión de RD$1,200 millones. Esta procesara unas 20,000 toneladas de caña de azúcar este año y 45,000 en el 2026. Sin embargo, la mejor noticia es que el caso despierta el gigante dormido de la privatización de empresas y organismos públicos. Ese proceso luce paralizado, quizás para esquivar sus consecuencias políticas.
Como hay tantos casos pendientes en la nebulosa del olvido, conviene despertar el monstruo. No es solo porque la privatización disminuye el botín a que aspira la clase política, a través de la transferencia de activos, empresas o actividades del sector público al privado. Con ella se busca también contribuir a la eficiencia económica, la reducción del déficit fiscal y el desarrollo de mercados de capitales. El debate formal sobre el tema primero surgió aquí cuando un grupo de profesionales produjo, bajo mi dirección, el libro “Privatización de las Empresas Públicas y Redimensionamiento del Estado” (FED/CIDE, 1993). Esa aspiración perseguía la reducción de la intervención estatal en la economía para fortalecer el libre mercado y la democracia.
Desde entonces se ha avanzado algo en la tarea de devolver al sector privado aquellas funciones y órganos que le son propios. Los dos principales blancos del esfuerzo se concentraron en CORDE y el CEA, dos emporios heredados de Trujillo. No ha sido hasta el actual gobierno que se liquidó formalmente a CORDE y el CEA está en vías de fusionarse con Bienes Nacionales (solo faltando la ley correspondiente). Tanto el ingenio Porvenir como el Barahona, sin embargo, quedan como manos estatales y la noticia mencionada asoma la cabeza de Medusa de una perpetuación del rol empresarial del Estado. Esos activos deben venderse y conviene repasar aquí otros más alarmantes que también deben privatizarse.
1.Hoteles estatales. En un país donde existen más de 500 hoteles privados con una industria turística floreciente, todavía tenemos 21 hoteles estatales que califican como canonjías para acólitos políticos. Cual impávida herencia de Trujillo, entre ellos figuran el Hotel Jaragua y el Nicolas de Ovando en la capital, pero la mayoría adorna calladamente algunas cabeceras provinciales para una clientela nacional.
2.Industria Militar. Surgida en el primer periodo del actual gobierno, los militares se abocaron a fabricar materiales contra la pandemia del COVID. Pero más adelante expandieron sus actividades empresariales para confeccionar artículos para Obras Publicas –camisas tipo Oxford, pantalones, chalecos reflectivos, chaquetas, gorras, t-shirts y uniformes overall, entre otras piezas de vestir– y nuevos uniformes para las Fuerzas Armadas. Además, el presente gobierno formaliza la existencia de la industria militar esta ensambla vehículos, fabrica aviones y vehículos blindados. Opera con autonomía financiera, técnica y administrativa y sus compras no requieren licitaciones por calificarse de “seguridad nacional”.
3.Inmuebles Coloniales. En el Centro Histórico de Santo Domingo existen 93 propiedades inmobiliarias pertenecientes al Estado Dominicano. Algunas están vacías, pero la mayoría esta ocupada por diversas organizaciones y algunas pagan alquiler al Ministerio de Cultura. La gran mayoría de estas propiedades no ameritan seguir siendo estatales.
4.EDES. Las tres distribuidoras de electricidad siguen acusando perdidas por un 37% de la energía servida y, aunque se ha reportado que han sido despolitizadas, todavía persiste el personal supernumerario y los fraudes del consumo. Somos muchos que hemos abogado por su privatización para descargar al Estado del oneroso subsidio que se le otorga. Ojalá y la despolitización sea la antesala de su privatización.
5.Banreservas. Sigue siendo un desleal competidor de la banca privada y las conveniencias que para el funcionamiento del Estado puede tener su naturaleza estatal no compensan los danos que ocasiona al sistema político (a través de su avasallante publicidad y graciosos empleos). Aunque su funcionamiento ha mejorado bastante en los últimos anos –reportando utilidades netas por mas de RD$27,500 millones en el 2024—sigue siendo una herencia nociva de Trujillo y se presta para que la clase política usufructúe su Consejo de Administración.
Los anteriores casos, por supuesto, no agotan el listado de otras posibilidades. La entidad CEA/Bienes Nacionales y el FONPER tienen algunas empresas estatales que deben ser privatizadas (por ejemplo, la Tabacalera y Molinos Dominicanos). Asimismo, activos estatales como EGEHID compite directamente con generadores privados, y los mismo puede decirse de EGEI y EGEItabo y Refidomsa. Por otro lado, una agenda mas ambiciosa de privatización abarcaría las presas y los sistemas de riego del INDHRI, las corporaciones de acueducto y alcantarrillado, los aeropuertos regionales y hasta algunas funciones del INESPRE. La privatización debe ser también el objetivo fundamental de los activos hoteleros que se desarrollan actualmente en Cabo Rojo y Punta Bergantín, quedándose el Estado con la infraestructura de servicios básicos.
Al final, debemos agradecer al director del CEA/Bienes Nacionales que haya destapado el caso del Ingenio Porvenir porque desarropó también otras grandes privatizaciones que están pendientes. De paso debe pensarse en vender el Ingenio Barahona, actualmente arrendado, porque no se justifica que continúe en manos estatales. Lo que ahora se justifica que si sean estatales son la empresa minera y la turística que ha creado el presente gobierno para que el Estado usufructúe mejor el manejo de los activos que le corresponden en esas empresas. Ojalá y estas se empleen con estándares de empresa privada para evitar los abusos políticos.
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