Según los reportes de prensa, el gobierno del cambio ha emprendido una cruzada de racionalización de la burocracia que persigue el adelgazamiento y eficiencia del aparato estatal. Con esos fines se ha nombrado un puñado de importantes comisiones que, tal vez porque no son objeto de la atención debida por parte de la prensa, lucen que avanzan a paso lento. Pero esas comisiones no tienen el específico encargo de racionalizar el patrimonio inmobiliario estatal, una tarea que requiere de una formal estrategia orientadora.
Para mejor entender donde encaja esa tarea conviene repasar algunas de las más relevantes en materia de reconfiguración patrimonial. La primera comisión nombrada por el Poder Ejecutivo fue la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado, la cual solo ha liquidado la OISOE, el CEA y CORDE, tres grandes lacras de la piñata de la corrupción de nuestra clase política. Su trabajo, por supuesto, dista mucho de ser completado. Basta saber que el Estado dominicano consta de 333 organismos y que hace unos años la senadora Faride Raful presentó en el Congreso un anteproyecto de ley para liquidar 57 entidades estatales que a su juicio son superfluas.
La Comisión para Identificar, Inventariar y Registrar los Bienes Inmuebles del Estado fue nombrada el pasado año, no fue sino en febrero de este año que fue juramentada. La entidad está supuesta a trabajar mancomunadamente con Bienes Nacionales, “que servirá de destinatario para rendir los informes de todo el patrimonio identificado”. Pero a la fecha no se ha reportado nada en la prensa sobre los resultados de su trabajo. Por otro lado, esa Comisión ha sido complementada por otra Comisión para Inventariar todas las Tierras de los ingenios del Estado (CEA), primeramente, y luego su encargo se amplió para que abarcara todas las que pertenecen al Estado.
A lo anterior se añade la Comisión para Rescatar Bienes del Estado. Conformada por 27 abogados, el objetivo de esta “es que la lucha contra la corrupción y la impunidad tenga una base central para completar el círculo, y es recuperar lo que se extrae irregularmente del Estado y crear una conciencia del interés público.” El coordinador de la Comisión ha dicho que “se han identificado centenares de casos que están en investigación, entre los que citó reclamaciones de casos a personas que se vinculan con el Estado en actividades comerciales mediante licitaciones, funcionarios y trabajadores públicos, cuyos procesos se encaminan bajo el mandato de la ley la Constitución de la República.”
A todo los anterior se añade que el presidente Abinader incluyó, entre las reformas que actualmente conoce el Consejo Económico y Social (CES), la de “Reforma y Modernización de la Administración Pública”. A la respectiva mesa de dialogo se le dio el encargo de discutir el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Publica 2020-2024, el anteproyecto de Ley General de Servicios Públicos, la revisión de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo y de la Ley de Función Publica. Queda claro que la racionalización de los inmuebles estatales no constituye una de las prioridades de este dialogo. Y a la fecha esa mesa temática no ha presentado su informe final.
De cualquier modo, el encargo al CES y el nombramiento de todas las comisiones mencionadas evidencia una seria intención del Poder Ejecutivo de poner su casa en orden y rescatar el patrimonio estatal. A esa encomiable intención, sin embargo, le falta una comisión para racionalizar el patrimonio inmobiliario estatal, el cual acusa un desorden mayúsculo. Por racionalizar debe entenderse, por lo menos, eficientizar el uso del patrimonio físico –particularmente inmobiliarios– logrando conseguir una buena relación costo-beneficio. Y por esto último debe entenderse que el capital representado por esos inmuebles sirva adecuadamente los propósitos de alojamiento y albergue para las dependencias del Estado.
Aunque no aparecen datos precisos, se tiene entendido que son cientos los locales que el Estado tiene bajo arrendamiento a particulares y que pudieran no ser necesarios si se racionalizara el patrimonio estatal inmobiliario. Hay una ley que data del 1937 que establece la manera de que el Estado arriende propiedades suyas, pero no existe una que regule el arrendamiento de propiedades particulares al Estado. La Dirección General de Bienes Nacionales debe tener un listado de muchas de las propiedades del Estado, pero el hecho de que se nombrara una comisión para que identifique a todas sugiere que ese listado es incompleto. En la Ciudad Colonial, por ejemplo, el Estado es propietario de 93 inmuebles, pero se sabe que muchos de ellos no están debidamente ni arrendados ni concedidos gratuitamente.
No tiene sentido, por ejemplo, que las dependencias del Cuerpo de Ayudantes Militares del CUSEP ocupen unos valiosísimos terrenos en la Calle Cesar Nicolas Penson de la capital cuando este podría estar en su edificio del mismo Palacio Nacional o en cualquier otro punto de la ciudad donde los terrenos que ocupe no sean tan caros. Otro ejemplo de desatino es el de la Universidad de la Policía Nacional, la cual está a medio construir en la esquina de la Avenida Lincoln con la Avenida Independencia. El dinero invertido en su construcción es hasta ahora un enorme desacierto, puesto que tenemos 39 universidades que pueden suministrar cualquier servicio educativo que necesite la PN. Pero de cualquier forma el terreno tiene un valor de mercado que no es nada despreciable.
Ha sido la improvisación lo que ha imperado hasta ahora en materia de captación y uso de propiedades inmuebles para que sirvan al Estado. Se ha respondido a necesidades puntuales que presentan las circunstancias. Pero no existe una estrategia formal que tenga como objetivo general la eficiencia del uso de los inmuebles estatales. Esto implicaría, por ejemplo, vender una serie de propiedades estatales muy valiosas que están ubicadas en sitios y lugares no convenientes. Por otro lado, implicaría también agrupar las dependencias en nuevos edificios que pudieran construirse con fines de hacer mas conveniente y eficiente sus servicios al público.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe una entidad gubernamental que establece y aplica una estrategia formal en ese sentido. Traduciendo de la página web de la Administración General de Servicios: Traducción al Español. “La Estrategia de Inversión y Ahorro en Bienes Raíces es el plan del Servicio de Edificios Públicos (PBS) para ofrecer soluciones de bienes raíces a las agencias federales y proporcionar ahorros al contribuyente estadounidense. A través de esta estrategia, PBS reducirá el gasto federal futuro en espacio arrendado en varios miles de millones de dólares, mejorará la condición de nuestros activos propios, eliminará los activos subutilizados y capacitará a la fuerza laboral de PBS para que se centre en las actividades de mayor valor. La estrategia consta de tres prioridades estratégicas: optimización de la huella, evitación de costos de arrendamiento y productividad. Estas prioridades se centran en ahorrar dinero, optimizar el espacio y trabajar de manera inteligente.”
Aunque Bienes Nacionales debería tener este tipo de encomienda, nunca ha sido esa tarea parte de su elenco de responsabilidades. Como parte del botín que se reparte la clase política, los incumbentes siempre se han limitado a transacciones de compra y venta de propiedades. En consecuencia, se requiere que el Poder Ejecutivo nombre otra comisión con el explicito y especifico encargo de elaborar una estrategia de manejo de los bienes inmuebles estatales. El objetivo general de la misma debe ser la optimización del uso de las propiedades, lo cual implicaría no solo venta de propiedades valiosas sino tambien construcción de nuevas donde los servicios públicos sean más accesibles al ciudadano.
Por ahí circula una propuesta de que el Centro Olímpico de Santo Domingo sea reconvertido en un gran Centro de Oficinas Gubernamentales. Este tendría el invaluable mérito de ser más accesible desde diferentes puntos de la ciudad a través del Metro y los Teleféricos. Se puede visualizar la construcción de un gran edificio de 25-30 pisos para mudar ahí la mayor parte de los ministerios y usar sus espacios actuales para instalar ahí menudencias estatales que hoy están ubicadas en propiedades alquiladas. Ahí cabria también una nueva sede central de la Policía Nacional. Las actuales facilidades deportivas del Centro se mudarían a otro lugar de fácil acceso, reubicando algunas en diferentes partes de la geografía capitaleña.
La pasada semana el titular de la Dirección General de Alianzas Publico Privadas (DGAPP) informó que su dependencia analiza una propuesta para la creación de un “Distrito Gubernamental”. Esta “consiste en la construcción de un área determinada de edificaciones para alojar la mayoría de las instituciones publicas que operan en locales alquilados y que, en muchos casos, pagan sumas exorbitantes.” “El objetivo es eliminar la gran mayoría de los alquileres que tiene el gobierno en diferentes lugares de la ciudad, muchos de los cuales por cifras exorbitantes. Esto implicaría un ahorro para el Estado.” El Estado aportaría los terrenos y el sector privado el capital y el componente de financiamiento. Pero esta propuesta, por supuesto, sería mejor evaluada si el Estado contara con la estrategia formal de racionalización de inmuebles a que se ha hecho referencia.