Tenemos que poner más empeño en la educación

Hablar de educación no es un ejercicio retórico ni una consigna repetida en discursos oficiales. Hablar de educación es hablar del núcleo mismo del proyecto de país, del tipo de sociedad que somos y, sobre todo, del tipo de sociedad que aspiramos a ser. Por eso afirmo, sin ambages, que tenemos que poner más empeño en la educación: más conciencia, más coherencia, más responsabilidad y más compromiso sostenido en el tiempo.

La educación no es un favor del Estado ni una concesión circunstancial. Es un derecho fundamental, consagrado en las constituciones de la mayoría de los países y respaldado por los grandes instrumentos internacionales de derechos humanos. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mandato es claro: los Estados están obligados a garantizar no solo el acceso a la educación, sino su calidad, equidad y pertinencia. Cuando la educación falla, no se vulnera un servicio; se vulnera la dignidad humana.

Pero reconocer el derecho no basta. La pregunta de fondo es cómo entendemos la educación y qué lugar real ocupa en nuestras prioridades colectivas. Educar no es únicamente transmitir información ni cumplir con un programa académico. Educar es formar personas: ciudadanos capaces de pensar, de discernir, de convivir, de crear y de comprometerse con el bien común. Es formar conciencia social, ética pública y sentido de responsabilidad.

Enseñar, por tanto, es un acto profundamente humano. Implica escuchar, acompañar, motivar, desafiar y orientar. El docente no es un simple transmisor de contenidos; es un mediador del aprendizaje, un referente ético y, muchas veces, un sostén emocional. El niño, por su parte, no aprende de manera pasiva. Aprende explorando, preguntando, equivocándose, dialogando y relacionando lo nuevo con su experiencia vital. La ciencia del aprendizaje ha sido clara: no se aprende bien desde el miedo ni desde la repetición mecánica, sino desde la curiosidad, la comprensión y el sentido.

De ahí que insistir en metodologías participativas, contextualizadas y críticas no sea una moda pedagógica, sino una necesidad. Memorizar sin comprender puede producir resultados aparentes, pero no construye pensamiento ni prepara para la vida. Una educación que no desarrolla criterio, autonomía y valores está condenada a la irrelevancia, por muy sofisticados que sean sus instrumentos.

En este proceso, las familias ocupan un lugar insustituible. Son los primeros educadores y los principales modeladores de actitudes, valores y hábitos. La escuela no puede —ni debe— sustituir a la familia, pero sí necesita de ella como aliada. Cuando la relación familia-escuela es fluida, respetuosa y colaborativa, el aprendizaje se fortalece y el niño se siente acompañado. Cuando esa relación se rompe o se diluye, la educación pierde coherencia y eficacia.

La escuela, a su vez, debe concebirse como lo que realmente es: una comunidad educativa, no un simple edificio ni una estructura administrativa. En ella, el liderazgo del director es clave para crear un clima organizacional propicio, donde se enseñe y se aprenda con sentido. Los docentes cumplen su misión, los estudiantes desarrollan sus capacidades, y la convivencia se convierte en un aprendizaje cotidiano. Una escuela que promueve el respeto, la colaboración y la creatividad forma ciudadanos, no solo alumnos.

Ahora bien, poner más empeño en la educación en el siglo XXI implica asumir desafíos nuevos y complejos. Requiere políticas educativas innovadoras, capaces de responder a la diversidad social, cultural y cognitiva de nuestros estudiantes. Currículos flexibles, interdisciplinares y orientados al desarrollo de competencias; formación continua y especializada para los docentes; uso responsable e inteligente de las tecnologías; educación intercultural; fortalecimiento de las habilidades socioemocionales; y sistemas de evaluación centrados en el aprendizaje, no solo en el examen.

Nada de esto es posible sin docentes preparados y acompañados. Adaptarse a currículos flexibles e interdisciplinarios no es sencillo. Supone romper inercias, vencer resistencias, adquirir nuevas herramientas y aprender a evaluar de otra manera. Por eso la formación continua no puede ser episódica ni superficial. Debe ser sistemática, pertinente y acompañada, promoviendo comunidades de práctica, mentorías y espacios de reflexión pedagógica que devuelvan al docente confianza y sentido de misión.

La educación inclusiva, además, exige reformas institucionales reales, no solo declaraciones. Garantizar los derechos de estudiantes con discapacidad, de contextos vulnerables, de diversas identidades culturales y sociales, implica inversión, infraestructura adecuada, recursos especializados y, sobre todo, una cultura escolar que valore la diversidad como riqueza y no como problema.

Finalmente, la participación de la comunidad es un factor decisivo. La educación no se sostiene sola. Necesita del concurso de las familias, de las organizaciones sociales, del sector productivo y de los actores locales. Cuando la comunidad se involucra, la escuela gana pertinencia, arraigo y sostenibilidad.

Poner más empeño en la educación es, en definitiva, una decisión ética y política. Es comprender que no hay atajos para el desarrollo, ni soluciones duraderas sin una educación sólida, humana y de calidad. Es invertir hoy para no lamentar mañana. Es asumir que cada niño que no aprende bien, cada docente desmotivado, cada escuela abandonada, es una oportunidad perdida para el país.

Si aspiramos a una sociedad más justa, democrática y sostenible, la educación no puede seguir siendo un tema recurrente en los discursos y frágil en la práctica. Tiene que ser una prioridad real, cotidiana y compartida. Porque educar bien no es solo enseñar para el presente: es cuidar el futuro.