La inminente discusión sobre la modificación de la Ley 87-01 representa una oportunidad histórica para corregir las distorsiones estructurales del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, también plantea un riesgo evidente: que se intente maquillar un modelo que, en su esencia, ha demostrado ser incapaz de cumplir con su propósito fundamental.
La seguridad social no es, ni debe ser, un negocio. Es, en realidad, la suma de varios derechos fundamentales. Su razón de ser es proteger a las personas frente a los riesgos de la vida: enfermedad, vejez, discapacidad y accidentes laborales. No obstante, el modelo vigente ha ido configurándose como un esquema donde los intereses económicos de actores privados han adquirido un peso determinante, muchas veces en detrimento de la protección efectiva de los afiliados.
Hoy, millones de dominicanos cotizan obligatoriamente a un sistema de pensiones que no garantiza pensiones dignas. Se les impone la afiliación a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bajo la promesa de una rentabilidad futura que, en la práctica, no se traduce en seguridad económica en la vejez. Este carácter obligatorio elimina la libertad de elección y somete a los trabajadores a un esquema en el que asumen los riesgos, mientras otros capturan las ganancias.
La experiencia acumulada demuestra que es ilusorio pretender conciliar, sin tensiones profundas, la lógica de maximización de beneficios económicos de las empresas financieras insertadas en la seguridad social, con la garantía plena de derechos fundamentales de los afiliados a este sistema. Cuando la rentabilidad se convierte en el eje del sistema, la protección social pasa a un segundo plano.
Por ello, resulta imprescindible replantear el modelo desde sus bases. En materia de pensiones, debe eliminarse la obligatoriedad de afiliación a las AFP. La afiliación a estas entidades debe ser una opción voluntaria, no una imposición. En su lugar, el sistema obligatorio debe estructurarse sobre un "sistema de reparto moderno", diseñado con criterios de sostenibilidad, transparencia y equidad intergeneracional, que garantice pensiones suficientes y previsibles para todos los trabajadores.
Este sistema de reparto moderno no implica un retorno acrítico al pasado, sino la construcción de un modelo actualizado, con reglas claras, mecanismos técnicos sólidos y controles efectivos que aseguren su viabilidad financiera y su legitimidad social, un sistema que ya ha sido propuesto a la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso Nacional por la Coalición por la Seguridad Social Digna, incluyendo la sustentación con los análisis actuariales que demuestran su factibilidad, aun garantizando pensiones dignas, superiores a las deficientes pensiones que corresponderán a menos de un 30 % del salario con el que cotizaron los afiliados, que el actual sistema solo otorgará a un 20 % de la población afiliada (que es la que, según diferentes estudios, llegará a acumular las 360 cotizaciones que se requieren para tener derecho a una pensión).
En el ámbito de la salud, la situación no es menos preocupante. Los afiliados enfrentan limitaciones constantes en la cobertura de enfermedades, estudios diagnósticos, tratamientos, internamientos y medicamentos. El resultado es un sistema que, en lugar de proteger, transfiere costos a las familias y limita el acceso oportuno a servicios esenciales.
Una reforma integral debe garantizar una cobertura adecuada, suficiente y oportuna, alineada con las necesidades reales de la población. La salud no puede seguir siendo fragmentada, restringida o condicionada por criterios financieros que ignoran la dignidad humana.
A esta situación se suma una práctica particularmente lesiva para los afiliados: el «copago» que deben asumir, tanto ellos como sus familiares, cada vez que requieren servicios cubiertos por el Seguro Familiar de Salud. Este cobro adicional, que se ha normalizado en la operatividad del sistema, no está expresamente contemplado en la Ley 87-01 y, sin embargo, se ha legitimado de facto en perjuicio de la población. En la práctica, el copago convierte un derecho en un servicio parcialmente condicionado a la capacidad de pago, trasladando costos que deberían estar cubiertos por el sistema hacia los hogares y erosionando el principio de protección efectiva que debe regir la seguridad social. Esta distorsión no solo vulnera el espíritu de la ley, sino que profundiza las barreras de acceso y agrava la desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud.
Pero tan importante como el contenido de la reforma es el proceso mediante el cual se construya. No es aceptable que decisiones de esta magnitud se adopten de espaldas a la sociedad. Se requiere un proceso genuinamente participativo, transparente y abierto, que incorpore activamente a las organizaciones sociales que han venido impulsando estas demandas.
La Coalición por la Seguridad Social Digna, Ciudad Alternativa, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) y otras organizaciones sociales y ciudadanas deben tener un rol protagónico en la discusión. No como elementos integrados para dar la impresión de una participación democrática, cuando sus consideraciones y propuestas no son tomadas en cuenta. No como observadores, sino como actores legítimos en la construcción de las soluciones.
La reforma de la seguridad social no puede ser un simple ajuste técnico ni un acuerdo entre élites. No debe ser un espacio de legalización de obtención de ganancias en perjuicio de los derechos fundamentales de la población. Debe ser un pacto social centrado en las personas, orientado a garantizar derechos y a construir un sistema justo, solidario y sostenible.
Las AFP se han ganado miles de millones de pesos anualmente, en los más de 20 años que tiene funcionando el actual sistema de pensiones, y a pesar de ello no garantizan una pensión digna para ningún afiliado. Entonces: ¿qué méritos pueden justificar mantener las AFP si estas solo extraen ganancias sin garantizar una pensión con la que la población envejeciente pueda vivir dignamente?
La población, y sobre todo la población afiliada, espera con ansias la anunciada propuesta de modificación de la Ley 87-01 que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional y que algunos legisladores han afirmado que aprobarán rápidamente.
El país enfrenta una decisión de fondo: mantener un modelo que prioriza el negocio o avanzar hacia uno que coloque en el centro la dignidad humana. La historia juzgará la dirección que se tome.
Los legisladores tienen que afinar bien sus criterios y dejar muy claro a quiénes representan: a los intereses de los negocios insertados en la seguridad social o a los derechos fundamentales de la población afiliada.
Los afiliados a la Seguridad Social no esperan que nadie venga a defender sus derechos fundamentales, tal y como lo establece nuestra Constitución, al instituir los derechos a la seguridad social, a la salud integral y a la protección a los envejecientes. Los afiliados están organizados, conscientes y decididos a luchar por sus derechos y, sobre todo, identificarán quiénes actuaron a favor de sus derechos y quiénes en contra de ellos.
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