En honor a la verdad, para conducir un vehículo de motor en cualquiera de las autopistas y carreteras de República Dominicana hay que tener mucha adrenalina, hay que revestirse de una osadía a toda prueba.
Ver camiones y patanas mas viejos que nuevos transitando a alta velocidad con su límite de carga sobrepasada y sin luz trasera aumenta el nerviosismo, da miedo y terror.
Transportistas y propietarios de empresas saben del peligro que esto representa, ya que convierten el vehículo pesado o autobús en una incontrolable máquina de muerte ante la imposibilidad de un frenado exitoso cuando tienen que enfrentar una situación de emergencia.
Los conductores de este tipo de vehículos no son del todo culpables. Estos reciben órdenes de los despachadores de mercancías de las empresas donde trabajan, quienes en la mayor parte de los casos no tienen ni idea de cuál es la capacidad de carga recomendada para los vehículos que se destinan a esos fines.
Como medida de seguridad, los fabricantes de neumáticos no solo identifican la marca de la llanta, sino que colocan muy visible letras y números que especifican la cantidad de resistencia de peso de la misma, límite de velocidad permitida y fecha de caducidad.
Lamentablemente, estos códigos estándar son ignorados por casi todos los conductores de autos y camiones.
Es sobre los empresarios, comerciantes y encargados de ordenar la carga de estos vehículos en quienes debería recaer la mayor responsabilidad en caso de un accidente leve o fatal, por no tomar en cuenta estos códigos de seguridad.
En un viaje de turismo interno, partiendo desde Bávaro, al Este del país, recorriendo la Autovía del Este, Autopista del Coral y Las Américas, que conectan ciudades como La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, fue llamativo observar vehículos livianos y pesados varados por causa de reventones de llantas.
Pero no solo eso. También está el peligro que representan trozos de llantas de tamaño considerable en medio de las autopistas, que al ser golpeadas por conductores que se desplazan a alta velocidad podrían sufrir accidentes lamentables.
Conducir durante la noche multiplica el peligro, debido a que buena parte de las autopistas carecen de buena iluminación y de señales lumínicas de alerta o de advertencias estratégicas.
También hay que agregar el peligro de las carreteras, calles y avenidas en mal estado. Estas provocan accidentes graves y/o daños a los automóviles al romper piezas costosas que no aparecen en el mercado local.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) son las instituciones responsables de corregir estas fallas, en interés de reducir el número de accidentes fatales en todo el país.
Pero aún hay más. Hay que defenderse de los irresponsables conductores de vehículos pesados, autobuses, automóviles y motocicletas que manejan bajo los efectos de alcohol y/o de sustancias narcóticas prohibidas, especialmente cuando regresan de playas y ríos los fines de semana.
Las exigencias de la población en torno a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), son que esta institución aplique con mano dura una política de persecución real y efectiva contra los violadores de las leyes de tránsito.
Es por ello que no bien se termina de publicar en los medios informativos una gran tragedia de tránsito vehicular en la que murieron personas, cuando ya las autoridades oficiales y ambulancias están en camino a socorrer otro de mayor envergadura.
Es penoso que debido a la cantidad de accidentes automovilísticos fatales, este país ocupa los primeros sitiales a nivel mundial en reporte de muertes por esa causa.
La Oficina Nacional de Estadística ha revelado en un informe el espantoso incremento de muertes por accidentes desde el 2020.
Refiere que 9,515 personas murieron en accidentes de tránsito en los últimos cinco años, la mayoría entre 18 y 28 años.
Es probable que muchos de los accidentes con saldo trágico fueran por desgaste de piezas que no recibieron mantenimiento, vitales para el buen funcionamiento del motor, la seguridad del sistema de frenos, luces traseras y frontales o de señalización.
La falta de concientización de los conductores sobre el derecho de los transeúntes al momento de cruzar una vía pública es nula.
No es un chiste la versión de que en este país “el peatón no es gente”.
Los irrespetuosos conductores cortan el paso al peatón doblando con rapidez a la izquierda o derecha con un “quítate del medio”, no importa que sea un anciano, una dama, un niño o mascota.
Más de 1,265 personas murieron al ser atropelladas cruzando una vía entre 2020 y 2024. Por esta causa fallecen unas 300 personas cada año.
La Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es relativamente nueva y sustituyó en 2017 la obsoleta Ley 241, que permaneció vigente y desactualizada durante varias décadas.
La nueva disposición legal es mucho más severa que la anterior, pero no se ha logrado su efectividad porque muchos representantes de la Ley de tránsito resuelven las violaciones “leves” a cambio de dinero (picoteo) de los conductores que las infringen.
Digesett e Intrant realizan un gran esfuerzo por hacer de la Ley 63-17 una herramienta eficaz contra los irresponsables del volante. Pero la realidad es que donde reina el desorden, el orden es ilegal.
El número de motoristas fallecidos en accidentes de tránsito entre 2020-2024 fue de 6,621, un promedio de 1,324 por año. Pero sobre este tema nos referiremos en una próxima entrega.
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