El próximo domingo 31 de mayo celebramos el Día de las Madres. Habrá flores, llamadas telefónicas, mesas familiares, recuerdos sentidos y grandes palabras de agradecimiento. Se honrará el acto de traer vida al mundo y protegerla con amor.
Pero hay madres que este domingo recordarán que no pudieron parir con dignidad, con acompañamiento familiar ni con seguridad sanitaria. Madres que soportaron dolores de parto llenas de temor e incertidumbre y que dieron a luz en el suelo de sus casas, sin el acompañamiento de personal calificado, porque el camino al hospital también era una ruta hacia la deportación.
El estudio Impacto de las medidas migratorias en el acceso a los servicios de salud materna en la República Dominicana 2024-2025, realizado por Carolin Mejía, Nyurka Gitte y Rosangelly Contreras, muestra cómo el acceso a la salud materna de mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana se ha deteriorado en un contexto de persecución y endurecimiento migratorio.
La investigación revela una realidad que interpela nuestra conciencia colectiva al ofrecer una radiografía del sufrimiento humano cuando el sistema de salud pierde su función de refugio. El estudio combina análisis de datos administrativos con entrevistas en profundidad, arrojando hallazgos que deberían inquietar a cualquier persona comprometida con la salud pública, la dignidad y los derechos humanos.
Más allá de las estadísticas, el texto expone cómo las medidas de control migratorio, al permear los espacios clínicos y generar miedo a la deportación, transforman el hospital, tradicionalmente concebido como espacio de acogida y sanación, en un escenario de temor, percibido como una "geografía de captura". Un lugar donde el miedo a la interdicción migratoria supera incluso el impulso de buscar atención médica.
El temor a la deportación es tan paralizante que muchas mujeres prefieren soportar dolores agudos confinadas en sus hogares antes que arriesgarse a ser detectadas por agentes migratorios en un centro clínico. La desesperanza llega a extremos desgarradores: el estudio documenta testimonios de mujeres que se resignan a la posibilidad de morir en sus casas con tal de no ser capturadas por las autoridades y desaparecer de la vida de sus familiares.
La salud materna como derecho humano
El derecho a la salud integral, al trato digno y a la protección especial de la maternidad no son simples aspiraciones morales; son derechos inalienables consagrados en la Constitución de la República Dominicana y en resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligan al Estado a garantizar la continuidad del cuidado materno sin discriminación.
Asimismo, la Ley General de Salud (42-01) garantiza de forma explícita la atención de urgencia, el trato digno y la confidencialidad clínica, mientras que el propio Reglamento de Migración prohíbe la detención de mujeres embarazadas para proteger el debido proceso y salvaguardar la vida.
El Decreto 215-25 establece, además, que los controles migratorios no deben interferir con el acto clínico. Sin embargo, el informe documenta cómo esos derechos están siendo erosionados en el caso de gestantes haitianas y dominicanas de origen haitiano.
El problema no radica en la ausencia de normas protectoras, pues el marco legal es robusto. Sin embargo, pese a ese blindaje jurídico, la brecha entre el derecho formal y el acceso efectivo a los servicios de salud se ha ampliado drásticamente. No basta con que el servicio exista; lo fundamental es que pueda utilizarse sin miedo, sin consecuencias y sin que el hospital se convierta en una trampa.
Violencia obstétrica, barreras lingüísticas y extorsión
Pero incluso cuando las gestantes logran acceder al sistema de salud, pueden enfrentar violaciones a su integridad y autonomía. La ausencia de intérpretes oficiales limita la posibilidad de otorgar un consentimiento verdaderamente informado y de decidir sobre el propio cuerpo.
Varias mujeres describen haber sido sometidas a procedimientos quirúrgicos mayores sin explicación previa, intervenidas con anestesia y cesáreas sin comprender lo que ocurría hasta después de despertar. A ello se suma la experiencia de parir en soledad, debido a la prohibición del ingreso de acompañantes y familiares.
A la barrera lingüística se añade la económica. El estudio evidencia cobros arbitrarios de consultas por 500 pesos, "cuotas de recuperación" ilegales de hasta 3.000 pesos y pagos exorbitantes de entre 30.000 y 50.000 pesos por un parto. En algunos casos, esos pagos también funcionan como sobornos implícitos para evitar que el personal hospitalario notifique a las autoridades migratorias.
El desplome de la atención preventiva
El estudio muestra que muchas mujeres en riesgo de deportación posponen u omiten los controles prenatales hasta etapas avanzadas del embarazo para minimizar su exposición a las autoridades migratorias. Algunas incluso optan por parir en casa, pese a los riesgos que ello implica.
Las cifras muestran un drástico descenso de las consultas prenatales que, según los registros del SNS, cayeron drásticamente en 2025, con una reducción de hasta el 82,8 % en algunos trimestres. Además, el 75 % de las gestantes encuestadas reportó haber asistido entre cero y tres controles durante todo el embarazo, muy por debajo de los ocho mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El temor a la interdicción migratoria y a la separación familiar ha provocado una especie de "ocultamiento preventivo".
Los partos institucionales también disminuyeron y cada vez más mujeres han dado a luz en sus hogares, sin asistencia médica ni condiciones adecuadas de bioseguridad, una práctica que comienza a normalizarse en esos sectores. El hospital se ha convertido en un último recurso, utilizado únicamente ante complicaciones graves o cuando el riesgo de muerte para la madre o el bebé es inminente.
Una profesional de la salud relata el caso de una mujer que decidió parir en su casa para evitar exponerse a migración y sufrió un desprendimiento prematuro de placenta. Asimismo, personal médico reportó la muerte de una madre y su bebé, porque ella se negó a acudir al hospital por temor a ser deportada.
Una de las denuncias más graves documentadas es la interrupción abrupta del puerperio: madres que solicitan el alta médica de madrugada para huir o, peor aún, mujeres deportadas el mismo día de haber dado a luz.
Resulta indignante y contrario a las normas de atención y a los estándares de derechos humanos que mujeres recién sometidas a cesáreas sean forzadas a subir a camiones de migración junto a sus recién nacidos en condiciones de extrema precariedad, sin siquiera poder completar su recuperación.
La herencia de la exclusión
Quizás uno de los aspectos más graves que revela el estudio es el impacto sobre los hijos. La política de interdicción en los hospitales no solo castiga a las madres, sino que transfiere la vulnerabilidad y la exclusión de manera intergeneracional a los recién nacidos. Ante las altas apresuradas y el asedio migratorio, muchos menores quedan en un "limbo administrativo", sin acceso al certificado de nacido vivo que permite su registro civil.
Posteriormente, al carecer de identidad legal, estos niños enfrentan enormes obstáculos para acceder a la educación formal, quedando atrapados en una espiral de exclusión social. Una madre lo resumió con crudeza al afirmar que un niño que no puede ir a la escuela queda "igual como un animal".
En términos de salud pública, esta marginación también tiene consecuencias para toda la sociedad. El miedo de las madres a acercarse a los centros de salud provoca que muchos niños queden fuera del seguimiento pediátrico, sin acceso a tamizajes, esquemas de vacunación y atención temprana.
Especialistas advierten que la falta de inmunización crea riesgos epidemiológicos que afectan a toda la población, no únicamente a las comunidades migrantes, al facilitar brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, la papera, la tosferina, la difteria y el tétano.
El personal de salud atrapado entre las directrices institucionales y la ética profesional
El estudio también ilumina una dimensión humana y solidaria del personal médico y de enfermería de los hospitales públicos, a través de testimonios que muestran su vocación de cuidado, aun cuando deben operar bajo presiones institucionales que contradicen sus principios éticos.
Las personas entrevistadas describen la presencia constante de agentes migratorios en los centros de salud y expresan impotencia y frustración ante situaciones que contradicen el sentido mismo de su profesión. Médicos y enfermeras relatan el dilema de intentar conciliar el deber clínico del cuidado universal con las exigencias de notificación del control migratorio.
Una profesional afirma que anteriormente la información de registro hospitalario no se compartía con migración, pero que ahora las autoridades saben exactamente dónde se encuentra cada paciente.
Las manifestaciones de solidaridad son frecuentes. Algunos miembros del personal sanitario pagan de su propio bolsillo análisis, medicamentos e imágenes diagnósticas para las pacientes, mientras otros aprenden términos en creole para poder comunicarse con ellas y aliviar, aunque sea parcialmente, su aislamiento y vulnerabilidad.
Pero estas acciones individuales, por admirables que sean, no pueden sustituir la responsabilidad del sistema. La solidaridad voluntaria no puede convertirse en el fundamento de un modelo de salud pública.
Redes de solidaridad frente al abandono
Un elemento que merece ser destacado son las respuestas y gestos de solidaridad comunitarios, donde personas acompañan a las embarazadas y traducen recetas médicas, entre otras formas de apoyo.
El estudio muestra cómo muchas mujeres sobreviven gracias a redes informales de apoyo que intentan llenar el vacío dejado por las instituciones. Sin embargo, ninguna sociedad democrática debería depender de la improvisación solidaria para garantizar derechos fundamentales.
Lo que el Día de las Madres debe recordarnos
El estudio muestra que condicionar el acceso a la salud al estatus migratorio y permitir que las fuerzas de seguridad operen dentro de los hospitales incrementa el riesgo de mortalidad materna y profundiza el sufrimiento y la exclusión.
La salud materna es un asunto de derechos humanos que, por definición, son universales e inalienables. No deberían existir cláusulas de excepción para satisfacer coyunturas políticas o mejorar niveles de aprobación pública.
Para detener los abusos y la discriminación, resulta impostergable desmilitarizar los espacios clínicos, prohibir las intervenciones que interrumpan la atención médica y garantizar el respeto de los protocolos y procedimientos sanitarios. La atención materna debe volver a ser un refugio.
Ninguna de estas medidas exige abandonar la política migratoria del Estado dominicano; solo implica detenerla en la puerta de la sala de partos y de los establecimientos sanitarios.
Hay una frase pronunciada por una profesional de la salud en Santiago que permanece grabada por su crudeza, al referirse a la paciente que murió por no acudir al hospital por miedo a ser deportada: "Se murió con todo y niño a las 45 semanas".
Fue un embarazo llevado casi hasta el final en medio de la precariedad y el terror institucional, que terminó en dos muertes evitables. No por falta de un hospital cercano, sino porque entre esa mujer y el hospital se levantó una barrera invisible construida sobre el miedo.
Este domingo, cuando celebremos el Día de las Madres, valdría la pena preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Porque si es uno donde la maternidad se celebre, es necesario que la maternidad se proteja; pero no solo la de algunas madres, sino la de todas sin excepción.
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