El país volvió a conmoverse por la muerte de un joven a manos de la Policía Nacional. El caso de Deivi se suma a la larga lista de muertes que reabre la misma pregunta: ¿qué ocurrió con la reforma policial anunciada con tanto entusiasmo hace apenas unos años?
La indignación es legítima. Ningún Estado democrático puede aceptar que quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza actúen al margen de la ley. Una ejecución extrajudicial no solo arrebata una vida; también hiere la confianza en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
Sin embargo, mientras el país llora una nueva víctima, gana terreno otra corriente de opinión. Cada vez son más quienes consideran que la solución pasa por una mano más dura y por modelos de autoridad que privilegian la eficacia inmediata sobre las garantías democráticas. La frustración frente a la delincuencia hace comprensible esa tentación. Precisamente ahí reside el mayor peligro.
La nueva Policía exhibe con orgullo uniformes renovados, cámaras corporales y modernos equipos. Pero una institución no cambia porque cambie su apariencia. He visto a esos mismos agentes patrullando nuestros barrios y he comprobado que la modernidad del uniforme convive todavía con prácticas del pasado. Como si la reforma hubiera transformado la escenografía sin lograr transformar a los actores.
La Policía Nacional no llega de otro planeta. Sus miembros son hijos e hijas de la misma sociedad marcada por la violencia intrafamiliar, el abandono escolar, las drogas y una profunda precariedad emocional. Trabajando durante años con niños, adolescentes y familias vulnerables he aprendido que la violencia no surge de repente; se construye desde la infancia cuando la frustración, el miedo y la agresividad sustituyen al diálogo y a una cultura de paz.
Por eso resulta ingenuo creer que unos meses de formación bastan para cambiar una historia de vida. La reforma no puede limitarse a mejores salarios, nuevas tecnologías o equipos modernos. Debe incorporar la salud mental de los propios policías. Aprender a manejar el miedo, el estrés, la frustración y la ira forma parte de la profesionalización de cualquier cuerpo de seguridad.
Pero también sería un grave error concluir que la respuesta consiste en debilitar los controles democráticos. Una policía profesional necesita supervisión, una justicia independiente y una prensa libre capaz de investigar abusos sin ser descalificada por hacerlo. Lo mismo ocurre con las organizaciones de derechos humanos. Cuando se desacredita sistemáticamente a quienes fiscalizan el poder, se debilitan precisamente los mecanismos que pueden corregir sus excesos.
En ese clima, las voces con mayor influencia pública tienen una enorme responsabilidad. Cuando desde los medios o las redes sociales se normaliza la idea de que los derechos, los controles o las garantías son un estorbo, se prepara el terreno para aceptar abusos que mañana pueden alcanzar a cualquiera.
La muerte de Deivi debería servir para algo más que alimentar la indignación de unos días. Debería obligarnos a decidir qué país queremos construir: uno donde la seguridad dependa de la fuerza sin límites o uno donde la autoridad sea fuerte precisamente porque respeta la ley.
La verdadera reforma policial no comenzará el día en que estrenemos un uniforme más moderno. Comenzará cuando entendamos que ninguna institución puede ser mejor que la sociedad que la forma y que la autoridad no nace de la intimidación, sino de la confianza.
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