El pasado 12 de septiembre, Gustavo Mejía-Ricart fue perseguido hasta el vestíbulo del edificio donde residía, en el sector Serrallés de Santo Domingo, y recibió múltiples puñaladas de un hombre que continuó atacándolo a pesar de las cámaras de seguridad y la presencia de un vigilante. Una semana después, Zeneida Socorro Castillo fue asesinada durante un asalto a la residencia que compartía con su esposo, el merenguero Julián Oro Duro, quien también resultó gravemente herido. Ambos acontecimientos nos obligan a examinar una delincuencia que parece haber perdido incluso el temor a ser identificada.
Las investigaciones del caso de Julián han revelado otras circunstancias. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, reseñada por Acento el 26 de septiembre, el asalto habría comenzado a planificarse aproximadamente un mes antes. Entre los imputados figura una persona que mantenía una relación de confianza con la familia por los trabajos realizados en su residencia. La acusación sostiene, además, que el plan contemplaba tanto el robo como el asesinato de Zeneida. Corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.
La confianza depositada en alguien a quien se permite entrar en el hogar habría sido utilizada para preparar un crimen. El problema supera entonces la delincuencia callejera y alcanza los principios que hacen posible nuestras relaciones cotidianas. ¿Qué ocurre cuando la honestidad, la lealtad y el respeto por la vida dejan de constituir límites para quien encuentra en su violación una oportunidad de obtener beneficios?
Aristóteles entendía que las virtudes se adquieren mediante la práctica habitual de conductas que terminan formando nuestro carácter. La justicia y el respeto por los demás requieren educación y costumbres que los sostengan. Su pensamiento conserva vigencia cuando observamos cómo, en determinados ambientes, la habilidad para desenvolverse en la vida puede confundirse con la capacidad para aprovecharse del prójimo, mientras el dinero conseguido mediante el engaño se presenta como demostración de inteligencia.
Siglos después, Kant formuló una exigencia complementaria: los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos, nunca simplemente como instrumentos para alcanzar nuestros propósitos. El principio resulta pertinente tanto para examinar a quien aprovecha la confianza ajena para delinquir como para evaluar la actuación de las autoridades encargadas de perseguirlo. La dignidad humana no desaparece cuando una persona es acusada de cometer un crimen.
Precisamente por eso conviene detenernos en las declaraciones del presidente Luis Abinader después del asesinato de Zeneida. El 21 de septiembre, durante su visita a Nueva York, exhortó a los responsables a entregarse y advirtió: “Que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor”. Recordó, además, que había formulado una advertencia semejante la semana anterior, según publicó Acento ese mismo día.
Es comprensible que el presidente reaccione ante delitos de semejante gravedad y transmita confianza en la capacidad de las instituciones. Sin embargo, sus palabras merecen una precisión. Si la advertencia significa que los sospechosos serán perseguidos hasta ser detenidos y sometidos a la justicia, corresponde a las obligaciones ordinarias del Estado. Si pudiera interpretarse como una amenaza contra sus vidas, estaríamos ante una cuestión completamente distinta. El lenguaje presidencial debe evitar semejante ambigüedad, particularmente cuando se refiere a hechos que han provocado una considerable indignación pública.
Ningún mandatario puede garantizar que jamás se producirá una muerte durante una intervención policial. Los agentes pueden enfrentar situaciones en las que resulte imprescindible utilizar la fuerza para defenderse o proteger a terceros. Pero el artículo 37 de la Constitución dominicana establece la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte. Esa protección no desaparece cuando una persona es sospechosa de haber cometido un delito. La Policía debe procurar su detención y corresponde a los tribunales determinar su culpabilidad e imponer las sanciones previstas por la ley. Esta distinción trasciende cualquier declaración presidencial. La autoridad del Estado procede de su obligación de actuar conforme a las normas que exige cumplir a los demás. Combatir eficazmente la delincuencia y respetar los derechos fundamentales son responsabilidades inseparables; precisamente en las circunstancias más difíciles se pone a prueba la fortaleza de nuestras instituciones.
Los casos de Serrallés y de Julián Oro Duro requieren también respuestas prácticas. Necesitamos investigaciones capaces de establecer cómo se organizaron los asaltos, identificar oportunamente a sus responsables y reunir pruebas suficientes para presentarlas ante los tribunales. Pero debemos ocuparnos igualmente de la formación moral de nuestra sociedad, porque ninguna reforma policial podrá sustituir por completo la honradez, la lealtad y el respeto por los demás.
El asesinato de Zeneida nos recuerda que levantar paredes más altas o instalar nuevas cámaras no siempre será suficiente para protegernos. Cuando el peligro puede proceder de alguien a quien hemos permitido entrar en nuestra casa, tenemos razones adicionales para preocuparnos por los principios que sostienen la convivencia.
La delincuencia ya no siempre necesita esconderse de quienes pueden identificarla; en ocasiones, encuentra la manera de aprovecharse de nuestra confianza. Frente a esa realidad necesitamos una Policía capaz de detenerla, una justicia que pueda sancionarla y unas instituciones que respeten los derechos de todos. Porque una sociedad no comienza a deteriorarse solamente cuando sus delincuentes dejan de respetar la ley; también corre ese riesgo cuando sus ciudadanos y sus gobernantes consideran que las reglas pueden dejar de cumplirse cuando les resultan inconvenientes.
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