En octubre de 2024, el anuncio de deportar hasta diez mil personas por semana llevó a un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil a crear el Colectivo Migración y Derechos Humanos. No fue una reacción contra la necesidad de ordenar la migración. Fue la expresión de una preocupación por la forma en que esa política podía afectar a las personas más vulnerables. Pocas semanas después el colectivo inició una primera campaña de recolección de firmas.
Meses más tarde, el presidente de la República anunció las quince medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional. Entre ellas, la presencia de agentes migratorios en los hospitales públicos.
Quienes apoyaban estas medidas las veían como una respuesta necesaria a una situación migratoria que consideraban fuera de control. Otros se preguntaban qué ocurriría con algunas de sus consecuencias, particularmente en materia de salud pública. ¿Qué pasaría con las mujeres embarazadas, las parturientas, los recién nacidos y los niños que necesitaran atención médica? ¿Podría el temor a una deportación convertirse en una barrera para acceder a un servicio tan esencial como la salud?
Como ocurre con frecuencia cuando se aborda la cuestión haitiana en nuestro país, el colectivo ha sido objeto de críticas, sospechas y cuestionamientos que poco tienen que ver con lo que realmente se está planteando.
El Colectivo reúne a dominicanas y dominicanos, así como a organizaciones que trabajan en comunidades, escuelas, iglesias, centros de salud y proyectos de desarrollo. Personas con trayectorias diversas, unidas por una convicción común: la República Dominicana tiene derecho a ordenar la migración, pero debe hacerlo dentro del marco de la Constitución, el debido proceso y el respeto a la dignidad humana. La gestión migratoria debe realizarse con reglas claras, no con persecución, miedo, discriminación o perfilamiento racial.
Quizás uno de los aspectos menos conocidos del Colectivo es que funciona casi exclusivamente gracias al trabajo voluntario de sus integrantes. Más de un año después de su creación, sigue reuniendo a personas que dedican tiempo, experiencia profesional y energía a un debate que consideran importante para el futuro del país. En una época marcada por la polarización y el desencanto, esa perseverancia merece ser reconocida.
La primera actividad del Colectivo se realizó bajo el lema “La solidaridad es mi bandera”. Un año después, tiene a su disposición testimonios, investigaciones y evidencias que permiten evaluar las consecuencias de las medidas. Se escuchó a médicos y enfermeras que han enfrentado situaciones complejas en los centros de salud. Se conoció el trabajo de acompañamiento realizado por numerosas organizaciones y se resolvieron situaciones particularmente difíciles. Recientemente, el informe publicado por CIPAF aportó información sistematizada que ayuda a comprender mejor los efectos de estas políticas sobre personas vulnerables.
La experiencia acumulada ha demostrado que algunas de las medidas no afectan únicamente a personas extranjeras. Cuando la identificación de personas se apoya, aunque sea parcialmente, en la apariencia física, el color de la piel, el acento o la percepción que otros tienen de su origen, aumenta inevitablemente el riesgo de errores. La realidad es más compleja que los discursos simplificados.
Hoy hablamos desde las evidencias.
Desde el Colectivo se ha defendido la documentación, la regularización, la formalización laboral, la fiscalización de empleadores y el combate a las redes que se benefician de la migración irregular. El planteamiento nunca ha sido la ausencia de reglas, sino la construcción de políticas eficaces y humanas.
La actividad realizada la semana pasada, con la entrega de más de mil firmas al Palacio Nacional, el apoyo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil y una concurrida conferencia de prensa, marcó la culminación de una campaña contra la militarización de los hospitales. El Colectivo demostró capacidad de convocatoria, diversidad y madurez. La preocupación inicial se ha transformado, después de un año, en una reflexión basada en hechos, cifras, investigaciones y testimonios.
Somos también un país de migrantes. Millones de dominicanos viven fuera de nuestras fronteras y aspiramos para ellos al respeto de sus derechos, un trato digno y el cumplimiento del debido proceso. Esa experiencia forma parte de nuestra historia nacional y debería ayudarnos a mirar con mayor humanidad los desafíos migratorios de hoy.
Una democracia también se mide por la forma en que trata a las personas más vulnerables y por su capacidad para aplicar la ley sin renunciar a la justicia y al respeto de los derechos fundamentales.
Al final, las mil firmas importan menos por su número que por lo que representan: la decisión de un grupo de ciudadanos de no permanecer indiferentes.
Compartir esta nota