Las sociedades que omiten estrategias de desarrollo integral para la niñez, la adolescencia y la juventud se condenan, tarde o temprano, a gestionar una criminalidad visceral que brota directamente de la escasez de oportunidades y de la miopía en las políticas públicas. Los países de América Latina que hoy sufren el flagelo de una violencia desbordada enfrentan, en esencia, las consecuencias de haber abandonado los programas de atención social y los servicios básicos dirigidos a estas poblaciones vulnerables en sus etapas formativas.
Las Naciones Unidas han expresado que la falta de políticas públicas integrales y sostenibles ha derivado en una profunda crisis estructural que condena a la niñez, la adolescencia y la juventud de la región a la exclusión. Mientras la pobreza general afecta a cerca del 29% de la población, este flagelo escala drásticamente al 42,5% cuando se analiza la primera infancia y la niñez, reflejando la ausencia de redes eficaces de protección social y bienestar básico.
A esta vulnerabilidad socioeconómica se suman la deserción escolar y la escasa oferta formativa y laboral. Esta situación mantiene a más del 20% de la juventud (de 15 a 24 años) en condición de inactividad académica y laboral, exponiéndola directamente al crimen organizado, la informalidad y la migración de alto riesgo (UNICEF, CEPAL y OIT, 2024).
Esta desatención institucional perpetúa un ciclo intergeneracional que despoja a las nuevas generaciones latinoamericanas de la posibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales. Cuando los Estados fallan en su rol protector, el vínculo entre la niñez desatendida y la juventud sin horizontes se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la criminalidad.
La delincuencia no nace; es el producto de la desigualdad, la omisión estatal y los entornos hostiles, en paralelo con la corrupción que germina en las altas esferas del poder. Frente a esta crisis multifactorial, el error más frecuente al buscar seguridad es recurrir a soluciones simplistas y extremas.
Al mirar hacia El Salvador, caso emblemático bajo la administración del presidente Nayib Bukele, el país ha acaparado reflectores internacionales mediante una política punitiva frontal cuyo eje central ha sido el régimen de excepción y la detención masiva de decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes vinculados históricamente a estructuras como las maras.
En el imaginario colectivo latinoamericano permea con fuerza la narrativa de que el mandatario salvadoreño logró "poner en cintura" a los grupos que durante décadas sembraron el terror. No obstante, como demuestran diversos análisis sociológicos y organizaciones de derechos humanos, la paz construida sobre la suspensión indefinida de garantías constitucionales es frágil y jurídicamente insostenible a largo plazo.
La realidad interna salvadoreña es más compleja de lo que se vende al exterior: la región registra tasas importantes de violencia infantil y juvenil, con miles de víctimas anuales, mientras que en zonas periféricas rurales y marginales los remanentes de economías criminales operan bajo perfil, evidenciando que el fenómeno no ha sido erradicado, sino soterrado bajo el peso de la coerción militar.
Frente a este panorama, es imperativo alzar una postura ética clara: la violencia es condenable venga de donde venga. No es admisible convalidar abusos de poder ni vulnerar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para justificar encarcelamientos masivos y asesinatos indiscriminados en los que frecuentemente caen inocentes o jóvenes compelidos por la absoluta carencia de oportunidades.
La ineficiencia acumulada por las administraciones públicas a lo largo de décadas no puede escudarse en el populismo penal para criminalizar la pobreza y convertir a los propios rostros del abandono social en chivos expiatorios. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el Estado de Derecho no es un obstáculo para combatir el crimen, sino la garantía que distingue a una democracia civilizada de la autocracia.
El debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva deben regir con rigurosa igualdad. Cuando se afirma que la violencia es de carácter estructural, se reconoce que detrás de los operadores materiales del delito suelen moverse redes de poder político y económico que se benefician de la impunidad.
Por tanto, el modelo de El Salvador no es una receta aplicable a la República Dominicana, ya que sus realidades son distintas, aunque compartan fallas de política pública. Copiar a ciegas medidas de excepción que vulneran derechos, sin abordar la desigualdad y la debilidad institucional locales, sería un error.
La verdadera seguridad ciudadana no se logra con decretos punitivos, sino fortaleciendo la justicia, depurando las fuerzas de seguridad y ofreciendo a la juventud educación, formación técnica y empleo. Para consolidar un modelo sostenible en la República Dominicana, el Estado debe transitar urgentemente de la reacción policial a una política preventiva e intersectorial.
Resulta urgente la implementación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana para la Deserción Escolar y la Protección de la Niñez en Riesgo. A través de la articulación entre municipalidades, ministerios, comunidades y familias, será posible intervenir de manera preventiva antes de que los jóvenes sean captados por redes criminales. Con ello se evidencia que la firmeza del Estado no está reñida con la plena vigencia de los derechos humanos, sino que depende de ellos.
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