La discusión migratoria dominicana vuelve con demasiada facilidad al mismo callejón: haitianos sí, haitianos no.
Cuando faltan cupos escolares, camas hospitalarias, viviendas o empleos, buscamos rápidamente a quién responsabilizar. Y cuando alguien reclama mayor cumplimiento de las leyes migratorias, aparece la sospecha contraria: xenofobia, racismo o insensibilidad.
Entre esos extremos queda frecuentemente sin examinar la cuestión esencial:
¿Está el Estado dominicano aplicando sus propias leyes de manera coherente, equitativa y sostenida?
Porque la soberanía no consiste solamente en tener bandera, Constitución, frontera y leyes migratorias.
Consiste en ejercerlas.
La soberanía que conocemos cuando salimos
Los dominicanos comprendemos perfectamente qué significa soberanía cuando intentamos trabajar fuera del país.
Quien quiere establecerse legalmente en Estados Unidos, Canadá, Francia o España necesita, según el caso, pasaporte, visa, residencia y autorización laboral. No basta encontrar a alguien dispuesto a contratarlo.
La semana pasada tuvimos un recordatorio particularmente elocuente. Una embarcación improvisada con 19 personas que se identificaron como dominicanas fue interceptada frente a Puerto Rico. Décadas después de que la yola se convirtiera en símbolo de nuestra pobreza, todavía hay compatriotas dispuestos a arriesgar la vida buscando mejores oportunidades fuera.
Estados Unidos aplicó sus reglas.
¿Por qué habría de sorprendernos?
Todo Estado tiene derecho a determinar quién entra, quién reside y quién puede trabajar en su territorio.
¿Por qué habría de ser diferente en la República Dominicana?
Exigir documentación no es xenofobia. Controlar la permanencia no es racismo. Obligar al empleador a cumplir la legislación laboral tampoco constituye hostilidad hacia el trabajador extranjero.
Son funciones ordinarias de un Estado de derecho.
La mano de obra barata puede salir cara
Aquí aparece una paradoja que merece mucha más atención.
Solemos discutir la inmigración irregular como si el extranjero indocumentado fuese necesariamente el gran beneficiario de la tolerancia.
Muchas veces ocurre exactamente lo contrario.
El trabajador irregular posee menor capacidad para reclamar salarios adeudados, exigir prestaciones, denunciar condiciones inseguras o abandonar a un empleador abusivo. Esa vulnerabilidad puede convertirse en ventaja económica para quien lo contrata.
Cuando un empleador consigue mano de obra a menor precio porque el trabajador tiene menos posibilidades de exigir todos sus derechos, la economía recibe además una señal distorsionada: parece que ese trabajo vale poco.
Pero quizá no valga poco. Quizá su precio esté siendo artificialmente reducido por la irregularidad.
Y cuando eso ocurre de manera persistente, la llamada mano de obra barata puede ser barata solamente para quien la contrata.
El trabajador tiene que vivir en alguna parte. Puede tener familia. Sus hijos necesitan educación. Las enfermedades requieren atención. Las comunidades donde reside necesitan agua, saneamiento, seguridad, calles y otros servicios.
Nada de eso desaparece porque no figure en la nómina empresarial.
Aparece entonces una distorsión difícil de justificar:
Una parte de la ventaja económica se privatiza mientras una parte de sus costos se socializa.
La escuela no es oficina migratoria
La polémica de esta semana sobre la presencia de estudiantes de origen haitiano en las escuelas públicas permite observar precisamente esa diferencia.
Un niño no decidió emigrar, contratar trabajadores ni administrar la frontera. Tampoco provocó la crisis haitiana.
La escuela no debe convertirse en puesto de control migratorio ni el menor en culpable de decisiones tomadas por adultos.
Pero proteger al niño no obliga a dejar de hacer preguntas sobre la estructura que rodea su presencia.
Si una actividad económica utiliza durante años abundante mano de obra extranjera irregular, ¿qué parte del costo real de esa fuerza laboral asume quien obtiene el beneficio productivo?
¿Se pagan todas las prestaciones correspondientes?
¿Se realizan las contribuciones exigibles?
¿Se inspecciona adecuadamente al empleador?
¿O termina el Estado financiando mediante educación, salud y otros servicios una porción creciente de un costo que nunca apareció en el precio del trabajo?
Eso no culpa al niño.
Tampoco culpa automáticamente al trabajador.
Interroga al sistema que produce y tolera la irregularidad.
¿Faltan trabajadores o faltan mejores salarios?
La reciente yola introduce otra pregunta incómoda.
Durante años hemos escuchado que los dominicanos ya no quieren determinados trabajos agrícolas, de construcción o de servicios.
Puede haber parte de verdad. Las sociedades cambian y las aspiraciones laborales también.
Pero si todavía existen dominicanos dispuestos a arriesgar la vida atravesando el Canal de la Mona buscando mejores ingresos, quizá debamos formular la pregunta de otra manera:
¿Faltan trabajadores dominicanos o faltan salarios y condiciones capaces de retenerlos?
La existencia de la yola no demuestra que la contratación irregular de haitianos provoque la emigración dominicana. Sería simplista afirmarlo.
Pero la coexistencia de ambos fenómenos merece examen.
Antes de concluir que un sector necesita inevitablemente trabajadores extranjeros, convendría conocer qué salarios ofrece, qué prestaciones cumple, qué condiciones proporciona y cuánto costaría realmente ese empleo si todas las obligaciones legales fueran respetadas.
La inmigración laboral puede ser necesaria. Pero debe complementar la fuerza laboral nacional, no convertirse en un mecanismo permanente para abaratarla artificialmente.
Una frontera no basta
Hemos invertido crecientes recursos en el control fronterizo.
Es comprensible. Un Estado incapaz de controlar su territorio ejerce una soberanía incompleta.
Pero una frontera vigilada junto a un mercado laboral que premia la irregularidad también es una contradicción.
No basta impedir entradas si continúa existiendo una demanda económica dispuesta a atraer trabajadores precisamente porque su indocumentación reduce costos o responsabilidades.
La política migratoria y la política laboral tienen que formar parte de la misma política de Estado.
El trabajador extranjero que la economía determine que necesita debe poder ingresar mediante mecanismos identificables: contrato, duración definida, empleador responsable y obligaciones claras.
Quien concluya el período autorizado debe retornar.
Quien permanezca irregularmente debe quedar sujeto a los procedimientos establecidos por la ley, con debido proceso y dignidad.
Pero la aplicación de la ley no puede detenerse en quien sostiene el pico, la pala o el machete.
Debe alcanzar toda la relación económica que hizo posible su contratación.
Dos trabajadores frente al mismo problema
El obrero dominicano y el haitiano no tienen necesariamente intereses opuestos.
Ambos necesitan que el trabajo tenga reglas.
Ambos necesitan que se pague lo que corresponde.
Ambos se benefician cuando la competencia depende de productividad, preparación y esfuerzo, y no de cuál trabajador está en peores condiciones jurídicas para reclamar.
La aplicación imparcial de la ley puede protegerlos a ambos.
Por eso el verdadero conflicto no tiene que plantearse entre nacionalidades.
Puede plantearse entre formalidad e informalidad, igualdad ante la ley y excepción interesada.
Soberanía adulta
La República Dominicana puede defender su frontera sin despreciar al extranjero.
Puede educar a un niño sin convertir esa solidaridad en renuncia a una política migratoria.
Puede atender una emergencia médica y, al mismo tiempo, preguntarse cómo distribuir justamente los costos sociales de la actividad económica.
Puede necesitar trabajadores haitianos sin aceptar que tengan que permanecer indocumentados para resultar competitivos.
Puede deportar conforme a la ley sin humillar al deportado.
Y puede defender al trabajador dominicano protegiendo también los derechos laborales del extranjero.
No hay contradicción entre humanidad y soberanía.
El Estado de derecho exige ambas.
Soberanía sin complejos no significa ley sin humanidad. Significa humanidad dentro de la ley y ley aplicada también a las causas que producen la irregularidad, no solamente a sus consecuencias.
La República Dominicana ha tolerado durante demasiado tiempo situaciones que terminaron pareciendo normales precisamente porque duraron demasiado.
Corregirlas no exige buscar culpables fáciles.
Exige algo más difícil: conseguir que la legalidad vuelva a ser más conveniente que la informalidad.
Porque cuando la ventaja se privatiza y el costo se distribuye entre todos, no estamos solamente ante un problema migratorio.
Estamos ante un problema de equidad, trabajo y Estado de derecho.
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