Por una reforma laboral integral
Si bien algunas de las modificaciones al Código de Trabajo vigente contenidas en el proyecto aprobado por el Senado favorecen a los trabajadores, como son la prohibición de discriminación en el ámbito laboral por diversas razones (sexo, género, edad, raza, orientación sexual, etc,), la ampliación de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares y paternidad, así como la regulación del trabajo en plataformas digitales y la promoción de la conciliación como mecanismo para resolver conflictos entre empleadores y trabajadores, contrario a la percepción del CONEP, las mismas no “representan un retroceso”, al desincentivar “la creación de nuevos empleos formales”, ni “sobrecargan los procesos judiciales, generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero”.
Esas modificaciones no tienen en cuenta las carencias y deficiencias del mercado de trabajo dominicano que reducen y hacen más inequitativas las oportunidades de acceso a empleos formales y la capacitación para la adquisición de habilidades, dado los agudos desajustes entre oferta y demanda de fuerza laboral, falta de correspondencia entre la oferta y la demanda educativa y el mercado laboral, y asintonía entre el nivel educativo y las habilidades o competencias requeridas por el mercado.}
Las brechas existentes entre la generación de empleo, el sistema de capacitación y el sistema de educación, generan una importante pérdida de recursos de todo tipo y dificulta la obtención de mejores resultados en los procesos reclutamiento y selección de personal idóneo de las empresas y de inserción sociolaboral de los trabajadores, y sus resultados son la asintonía entre los niveles y crecimiento de la productividad y los bajos niveles y las tendencias regresivas de los ingresos laborales, la persistencia del alto desempleo, la baja protección social ni la elevada informalidad de la fuerza laboral dominicana.}
Aunque moderno e internacionalizado, el funcionamiento del mercado de trabajo dominicano y la institucionalidad de las regulaciones laborales acusan carencias, vacíos y debilidades en términos de capacidades y de dispersión de las funciones de su arquitectura de la institucionalidad institucional que son obstáculo de primer orden a superar para la implementación de políticas de reformas al mercado laboral.
Estas fallas se potencian en un contexto de alta informalidad y bajos niveles de educación y capacitación de la fuerza laboral, y se traducen en una alta subutilización de la misma (altodesempleo y subempleo), alta incidencia de empleos precarios (informalidad o autoempleo de subsistencia), inestabilidad y alta rotación del empleo, baja productividad y bajas remuneraciones salariales y no salariales, baja cobertura y calidad de la protección social, bajo cumplimiento de las normas laborales y enormes brechas de capital humano, de productividad, de ingresos laborales, participación y empleo.
Por otro lado, las carencias y deficiencias de políticas públicas productivas que mejoren la productividad del trabajo y reduzcan las brechas de productividad, y de las políticas sociales distributivas y laborales, particularmente de políticas activas de empleo y de protección social que puedan reducir la inequidad en la remuneración al trabajo frente a las ganancias del capital, refuerzan los círculos viciosos baja creación de empleos formales-desempleo-autoempleo-informalidad y baja productividad-bajos ingresos-pobreza.
La persistencia de elevados niveles de pobreza en la población dominicana -incluso entre los que generan ingresos en el mercado laboral y la baja movilidad económica de los pobres y de trabajadores de estratos medios, que constituyen más del 80% de la población, el bajo nivel de gasto social y la baja eficacia de las políticas sociales, y en general las brechas de ingresos en la sociedad dominicana, pese al sostenido elevado crecimiento económico plantea a cualquier reforma laboral no regresiva que se emprenda el impostergable reto de contribuir a cambiar ese statu quo.
¿Cuál es el alcance y contenido de la reforma laboral que se requieren para corregir las fallas del mercado laboral y del modelo de crecimiento económico? ¿Será pertinente y eficaz una reforma laboral que no esté articulada con las reformas a la fiscalidad y la seguridad social?
El debate actual y las negociaciones sobre las modificaciones al Código de Trabajo y a la Seguridad Social, así como en las decisiones finales que tomarán los legisladores dominicanos y el Poder Ejecutivo, deben ponderar que para que el deficiente mercado de trabajo dominicano pueda contribuir a reducir las enormes brechas de ingresos laborales y de acceso a empleos decentes, seguridad y protección social que mantienen excluidos de la prosperidad económica a los trabajadores pobres y a un segmento significativo de empleados de ingresos medios, la reforma laboral que se requiere implementar en la República Dominicana tiene que ser progresiva e integral; es decir, tiene que abarcar políticas que afecten los factores productivos, fiscales e institucionales que determinan la fallas en el modelo de crecimiento económico y en el funcionamiento del mercado laboral, en particular las bajas capacidades de generación de empleos e ingresos y la muy desigual distribución de los ingresos laborales entre el factor trabajo y el capital.
Ahora bien, la economía política de la desigualdad económica y social, la experiencia de las reformas implementadas en los últimos 25 años, el clientelismo en el sistema político dominicano, el asistencialismo estatal focalizado en los estratos más pobres y la debilidad de las organizaciones populares y sindicales indican que la capacidad de resistencia de las élites de poder a reformas de profundo calado sólo podría ser superada si los beneficiarios potenciales de dichas reformas –trabajadores asalariados e informales; micro y pequeños empresarios; pobladores en sectores populares; empleados de ingresos medios; desempleados; amas de casas– estuviesen bien organizados y contasen con recursos sociales y políticos para contrarrestar la influencia de esas élites, lo cual no ocurre actualmente en República Dominicana.
Empero, la actual correlación de fuerzas sociales y políticas en la sociedad dominicana indica que el grado de viabilidad política de una reforma laboral integral como la que proponemos va a depender de las posibilidades de que las organizaciones sindicales, populares y profesionales puedan articular una acción colectiva en pro de una reforma integral progresiva que contraponga las modificaciones anti regresivas que pretende imponer la cúpula empresarial con el apoyo de las élites políticas que controlan el Gobierno, el Congreso Nacional y el aparato judicial.
No obstante, pese a la debilidad de los sindicatos y las organizaciones populares, y a la inexistencia a la fecha de un movimiento organizado en torno a la reforma laboral, la discusión y negociación en curso abre la oportunidad para una acción colectiva ciudadana sostenible más inclusiva que demande y exija la ampliación de los espacios de diálogo y concertación, involucrando las representaciones de la sociedad civil, que al mismo tiempo que aproveche dichos espacios para promover un Acuerdo o Pacto Nacional de las fuerzas sociales, económicas y políticas del país que gravitan en la sociedad dominicana, exija la concreción de una Reforma Laboral Integral.
La reforma laboral no debe ser un tema de dominio y control exclusivo de las organizaciones sindicales oficialmente reconocidas si ocho de cada diez ciudadanos de esta República Dominicana se sostienen económicamente sobre todo con los ingresos que producen en el mercado laboral. Es un tema existencial que debe involucrar el ejercicio ciudadano del reclamo a la equidad. La baja ciudadanía laboral en la población dominicana tiene que ser removida, pasándose del ejercicio de una ciudadanía de baja a una de alta intensidad que reclame los derechos colectivos en los diversos espacios de socialización (empresas, sector de residencia, etc.).
El movimiento de trabajadores, las organizaciones sociales y populares y la ciudadanía en general deben entender que el tema del trabajo laboral atañe no sólo a los asalariados o trabajadores con empleo formal, pues el 80% de los ingresos que generan las personas y los hogares lo hacen en el mercado laboral. Que, por tanto, el debate sobre la reforma laboral es tan estratégico para la vida de los dominicanos como la discusión de los pactos Eléctrico, Fiscal y Educativo.
Las modificaciones al Código de Trabajo y otras políticas de reforma tienen consecuencias directas en sus ingresos y en otras dimensiones del trabajo, y, por consiguiente, tienen los ciudadanos que empoderarse del tema laboral, tal como se hizo con la exigencia del 4% del PIB para la Educación, como hace con el tema de las mejoras en salud que reclaman actualmente varias organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud y con la lucha contra la impunidad que libró la Marcha Verde.
Las exigencias de una reforma laboral integral tienen que motorizarse mediante la construcción de un movimiento de reclamo que se articule con otras instancias no partidarias de demandas especificas de diversos grupos sociales, tales como las mujeres, los ecologistas y pobladores urbanos, los médicos y demás profesionales de la salud, los maestros y profesores universitarios, entre otros.
La reforma laboral no debe ser un tema de dominio y control exclusivo de las organizaciones sindicales si ocho de cada diez ciudadanos de esta República Dominicana se sostienen económicamente sobre todo con los ingresos que producen en el mercado laboral. Es un tema existencial que debe involucrar el ejercicio ciudadano del reclamo a la equidad. La baja ciudadanía laboral en la población dominicana tiene que ser removida.
Desafortunadamente, a diferencia de las reformas educativa y del sector eléctrico y de otras demandas de políticas públicas en torno a las cuales se ha aglutinado y perfilado un movimiento proveniente de la sociedad civil con capacidades de articular propuestas alternativas y de presión a las élites de poder, en el caso de la reforma laboral no se ha producido ni a la fecha se vislumbra iniciativa alguna de tal tipo.
Pese a la debilidad de los sindicatos y las organizaciones populares y la inexistencia a la fecha de un movimiento organizado pro-reforma laboral, la iniciativa de reforma al Código de Trabajo en curso abre una oportunidad para una acción colectiva sostenible que promueva un movimiento organizado popular y sindical en pro de una reforma laboral integral, que al mismo tiempo que aproveche los espacios de diálogo y concertación para promover un Acuerdo o Pacto Nacional de las fuerzas sociales, económicas y políticas que gravitan en la sociedad dominicana, demande, mediante la movilización social -en sus variadas y posibles formas cívicas- la concertación e implementación de una reforma laboral progresiva integral que incluya modificaciones profundas a la Ley 87-01 de Seguridad Social y a la fiscalidad, de manera que contribuyan a que el exitoso crecimiento económico dominicano se derrame a la clase trabajadora y estratos socioeconómicos medios que generan sus ingresos sobre todo participando en el mercado laboral.
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