La captura de Nicolás Maduro por autoridades de Estados Unidos debió marcar el fin de una empresa criminal que durante años se hizo pasar por gobierno soberano. En cambio, la reacción de las Naciones Unidas —encabezada por su secretario general, António Guterres— fue de indignación ritual y advertencias sobre “precedentes peligrosos”, ignorando el hecho central: Venezuela había dejado de ser un Estado legítimo mucho antes de ese desenlace.
Maduro no gobernaba una democracia imperfecta. Dirigía un régimen narcoterrorista que desmontó elecciones, encarceló o expulsó a la oposición, subordinó tribunales y fuerzas de seguridad a redes criminales y convirtió a una nación próspera en un territorio sometido al cartelismo y al exilio masivo. Las elecciones invocadas para legitimar su poder eran elecciones solo de nombre: sin oposición real, sin transparencia y sin consecuencias.
Sin embargo, cuando ese núcleo criminal fue finalmente confrontado, la dirigencia de la ONU reaccionó como si se hubiese violado el orden constitucional y no como lo que realmente ocurrió: la interrupción de una usurpación criminal del Estado. Este es un fallo recurrente de la institución: tratar la soberanía como un talismán intocable. Se protege el territorio por encima de la legitimidad; el procedimiento por encima de la justicia; el diálogo por encima de la verdad.
Nada dejó más clara esta inversión moral que la lista de quienes salieron de inmediato a defender a Maduro. Rusia, Irán y Cuba —regímenes sostenidos por elecciones ficticias y represión sistemática— se reconocieron en el espejo venezolano.
Eso no es neutralidad.
Es complicidad envuelta en eufemismos.
Nada dejó más clara esta inversión moral que la lista de quienes salieron de inmediato a defender a Maduro. Rusia, Irán y Cuba —regímenes sostenidos por elecciones ficticias y represión sistemática— se reconocieron en el espejo venezolano. Su indignación no era jurídica, sino política. Temen el precedente: si un gobernante que manipula elecciones y gobierna mediante el terror puede perder la protección internacional, la soberanía deja de ser un escudo para el crimen.
Ese escenario aterroriza a los autoritarismos.
No debería aterrorizar a las Naciones Unidas.
El verdadero precedente que se establece aquí es el de la responsabilidad. La soberanía no es licencia para destruir un país desde dentro ni para convertir la democracia en una puesta en escena. Al reprochar la acción que puso fin a la usurpación venezolana —y no la usurpación misma—, la ONU volvió a elegir el orden aparente por encima de la justicia real.
La mayor amenaza a las normas internacionales no es la acción decisiva contra regímenes criminales.
Sino instituciones demasiado tímidas para llamarlas por su nombre.
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