Todos los sectores económicos tienen su lado destructivo. La agricultura intensiva puede desnutrir la tierra, la industrialización contamina los lugares donde se establece, el turismo desnaturaliza la naturaleza, la tecnología magnifica la capacidad destructora de la humanidad, la minería extrae recursos del subsuelo que difícilmente se regeneran y es muy tóxica.

Ante las luchas sociales que se producen en la República Dominicana contra proyectos mineros (la más reciente en San Juan de la Maguana), y el anuncio del presidente Luis Abinader este lunes pasado de detener el proyecto Romero, vale resumir lo bueno y lo malo de la minería y su rol hacia futuro en la sociedad dominicana.

Del lado positivo, la minería genera empleos, aporta impuestos al Estado y es fuente de materiales para la construcción, la industria y las tecnologías.

Del lado negativo, la minería degrada los suelos, contamina los ríos y otras fuentes acuíferas, daña la biodiversidad, produce enfermedades, deja residuos tóxicos que con frecuencia no se tratan adecuadamente por irresponsabilidad empresarial y gubernamental y por el costo.

En las últimas décadas, que hay mayor conciencia del impacto ambiental de la actividad económica, la minería es fuente de luchas sociales, tanto de los comunitarios que pueden ser afectados directamente por la explotación minera, como de sectores sociales más amplios que luchan por la protección medioambiental.

La República Dominicana necesita la minería por los impuestos que las empresas mineras pagan al Estado. Fuera de esa razón, la minería es fundamentalmente negativa para el país.

No genera muchos empleos y el Gobierno no tiene un nivel de institucionalización y responsabilidad que asegure una explotación minera responsable que aminore los efectos negativos medioambientales.

En este contexto, la mejor opción para la República Dominicana es no permitir la explotación minera en ningún lugar del territorio nacional que sea vital para las fuentes de agua y la biodiversidad en la cordillera Central y Septentrional.

Cierto, el país dejaría de recibir ingresos del sector minero, pero se estaría favoreciendo la supervivencia en una isla pequeña expuesta ya a muchos problemas ambientales y de cambio climático.

El dinero que no se reciba será una póliza de seguro para la vida en la República Dominicana.

En general, el criterio de salud humana y ambiental debe ser un componente clave en la planificación de la economía dominicana. Que se aplique a la minería, a la agricultura, a la industria, a la construcción, al turismo, al transporte.

En Haití no hay grandes explotaciones mineras ni grandes industrias, ni tantos vehículos, y es un país desforestado por la hiperexplotación de la tierra a la que ha llevado la pobreza.

La República Dominicana está a tiempo de tomar medidas drásticas para proteger el medioambiente y la salud de la población.

De lo contrario, este país naufragará en medio de tanta basura plástica no degradable, la contaminación de combustibles que proviene de la industria y los vehículos, la construcción sin vegetación en las playas, los tóxicos que genera la minería y contaminan las aguas y el aire.

Luchemos por un país con menos contaminación de todo tipo.

Rosario Espinal

Socióloga

Autora de los libros “Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana” y “Democracia Epiléptica en la Sociedad del Clic”, y de numerosos artículos sobre política dominicana publicados en revistas académicas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Doctora en sociología y profesora en Temple University en Filadelfia, donde también ha sido directora del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos.

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