La arquitectura de la República (III) Cuando una República empieza a enfermar

Existe una escena que todo médico aprende a reconocer mucho antes de convertirse en especialista.

Un paciente llega a la unidad de cuidados intensivos (UCI) con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y colapso circulatorio. Mientras el equipo intenta estabilizarlo, un familiar rompe el silencio con una frase que parece razonable y, sin embargo, casi nunca es cierta:

—Doctor, esta mañana estaba bien.

El médico sabe que no.

Ningún organismo sano desarrolla una falla multiorgánica en unas pocas horas. El colapso que hoy ocupa toda la atención comenzó mucho antes. El ingreso a UCI no marca el inicio de la enfermedad; simplemente señala el momento en que ya resulta imposible seguir ignorándola.

Con las repúblicas ocurre exactamente lo mismo.

Cada vez que una democracia atraviesa una crisis constitucional, una emergencia fiscal, un colapso de confianza o un escándalo de corrupción, tendemos a buscar un responsable inmediato: un mal gobierno, una decisión equivocada o una coyuntura desafortunada. Es comprensible hacerlo. Las crisis son visibles, producen titulares y exigen respuestas urgentes. Pero esa misma espectacularidad suele ocultar una realidad más profunda: las grandes crisis casi nunca representan el comienzo del deterioro institucional. Representan el momento en que ese deterioro deja de poder ocultarse.

Las sociedades observan el colapso.

La historia observa la enfermedad.

Y la diferencia entre ambas miradas determina, muchas veces, la diferencia entre una nación que aprende de sus errores y otra que queda atrapada en ellos.

En los capítulos anteriores sostuve que las instituciones constituyen la fisiología invisible de la República. Son las reglas, los incentivos, los contrapesos y las organizaciones que convierten el poder en autoridad legítima y la libertad en convivencia. Mientras esa arquitectura conserva su integridad, una República puede soportar gobiernos mejores o peores, ciclos económicos favorables o adversos y conflictos propios de toda democracia sin perder su capacidad de funcionar.

Pero comprender cómo funciona un organismo no basta para explicar cómo comienza a enfermar.

Ese es el objeto de la patología.

En medicina, la enfermedad rara vez aparece de manera súbita. Primero se altera una función; después ocurren cambios estructurales; más tarde el organismo activa mecanismos de adaptación que le permiten mantener una aparente normalidad. Solo cuando esas compensaciones dejan de ser suficientes aparece la crisis.

La crisis nunca inaugura la historia clínica.

La concluye.

Las repúblicas siguen el mismo recorrido.

No empiezan a enfermar cuando estalla una crisis política o económica. Empiezan a hacerlo mucho antes, cuando las instituciones dejan de corregir los errores que inevitablemente produce toda sociedad compleja; cuando la excepción comienza a sustituir a la regla; cuando las soluciones transitorias desplazan a las reformas permanentes; cuando el sistema aprende a convivir con un funcionamiento cada vez menos saludable sin dejar de parecer funcional.

Existe, además, una paradoja que la medicina conoce desde hace siglos.

Las enfermedades más graves no siempre producen los síntomas más intensos al comienzo. Muchas evolucionan lentamente y conceden al organismo el tiempo suficiente para adaptarse. El paciente continúa trabajando, haciendo planes y creyéndose sano mientras sus reservas fisiológicas se agotan silenciosamente.

La biología llama a ese fenómeno compensación.

La compensación permite sobrevivir.

No permite sanar.

Las repúblicas desarrollan un mecanismo sorprendentemente parecido.

Cuando las instituciones dejan de cumplir adecuadamente su función, la sociedad aprende a vivir alrededor de ese deterioro. Los tribunales continúan funcionando, las escuelas permanecen abiertas, los presupuestos se aprueban y las elecciones se celebran. Desde fuera, todo parece seguir en pie.

Pero la continuidad no siempre significa salud.

El momento verdaderamente peligroso no llega cuando las instituciones dejan de funcionar.

Llega cuando la sociedad deja de advertir que han dejado de hacerlo.

La historia ofrece numerosos ejemplos. La República de Weimar no desapareció el día en que Adolf Hitler llegó al poder; llevaba años perdiendo la capacidad de defender su propio orden constitucional. Grecia no despertó convertida en una crisis financiera; durante décadas acumuló desequilibrios que terminaron por hacer inevitable el colapso. Corea del Sur recorrió el camino opuesto: después de la crisis asiática de 1997 entendió que ninguna recuperación económica sería duradera sin fortalecer primero la calidad de sus instituciones. La recuperación visible fue la consecuencia de una reforma institucional mucho más profunda.

La República Dominicana no es una excepción a esa lógica.

Nuestro principal desafío quizá no sea la existencia de problemas institucionales —ninguna democracia está libre de ellos— sino la facilidad con la que terminamos incorporándolos a la vida cotidiana hasta dejar de percibirlos como anomalías.

Cuando la mora judicial deja de indignarnos y se convierte en una expectativa; cuando los subsidios temporales sustituyen durante años las reformas estructurales; cuando organismos creados para circunstancias extraordinarias permanecen indefinidamente porque nadie encuentra políticamente posible desmontarlos, el Estado conserva una apariencia de estabilidad, pero modifica silenciosamente su forma de funcionar.

Cada decisión parece razonable por separado.

Todas juntas describen un patrón.

Y las patologías nunca se reconocen por un síntoma aislado.

Se reconocen por el patrón que une síntomas aparentemente inconexos.

Ese deterioro no permanece encerrado dentro de las instituciones.

Termina alterando la manera en que una sociedad piensa. Al principio los ciudadanos exigen que las reglas funcionen. Más tarde aprenden a buscar excepciones. Después dejan de confiar en los procedimientos y comienzan a depender de las relaciones personales, de la influencia o de la cercanía con el poder. Finalmente, la ley deja de percibirse como una garantía común y empieza a verse como un obstáculo que solo los ingenuos respetan.

Ese es el verdadero punto de inflexión.

La enfermedad ya no reside únicamente en el Estado.

Ha comenzado a reorganizar la cultura política de la nación.

¿Por qué importa todo esto?

Porque las enfermedades institucionales no destruyen una República de manera inmediata.

Destruyen, primero, su capacidad para corregirse.

Toda democracia comete errores. Ningún sistema político está libre de la incompetencia, de la corrupción o de las malas decisiones. La diferencia entre una República sana y una República enferma nunca ha sido la ausencia de problemas.

Ha sido la capacidad de sus instituciones para identificarlos, corregirlos y aprender de ellos antes de que comprometan el funcionamiento del conjunto.

Las instituciones cumplen, en ese sentido, la función de un sistema inmunológico. No impiden que aparezcan amenazas. Impiden que esas amenazas se conviertan en enfermedades permanentes.

Cuando dejan de hacerlo, la República pierde gradualmente la capacidad de autorrepararse.

Y cuando una nación pierde la capacidad de corregir sus propios errores, deja también de gobernar su futuro.

Empieza simplemente a reaccionar frente a él.

Tal vez esa sea la enseñanza más profunda que la medicina puede ofrecer a la política.

Ningún médico considera normal una enfermedad porque lleve veinte años presente.

El tiempo jamás transforma una lesión en salud.

Las repúblicas, en cambio, corren permanentemente ese riesgo.

Confunden la costumbre con la normalidad.

La adaptación con la fortaleza.

La supervivencia con el buen funcionamiento.

Quizá por eso el verdadero patriotismo no consiste únicamente en defender una bandera o celebrar una fecha histórica.

Consiste, sobre todo, en negarse a aceptar como normal aquello que deteriora silenciosamente la arquitectura institucional de la República.

Porque las crisis no enferman a las naciones.

Las enfermedades institucionales producen las crisis.

Y una República que aprende a reconocerlas antes del colapso conserva todavía el atributo político más valioso de todos: la libertad de corregir su propio destino antes de que la historia termine corrigiéndolo por ella.