La semana del 15 de octubre de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP/IAPA) celebró su reunión regional en Santo Domingo y emitió una advertencia sobre los retrocesos de la libertad de prensa en Latinoamérica (Prensa Libre, 2025). Señaló factores como la desinformación, la polarización digital, la concentración mediática, el auge de leyes ambiguas sobre “ciberdelitos” y “fake news”, y un incremento de amenazas contra periodistas.
En la región, estas presiones toman formas distintas: en México (IPS Noticias, 2025) y Centroamérica domina la violencia ligada al crimen organizado; en Sudamérica, las tensiones entre conglomerados mediáticos y gobiernos; y en países como El Salvador, Venezuela o Nicaragua, las leyes tecnológicas se han convertido en instrumentos de vigilancia y criminalización (Redalyc, 2001).
La República Dominicana, sin embargo, presenta un caso más sutil y más difícil de clasificar dentro de las tendencias regionales.
Muchos periodistas describen lo que llaman una “censura indirecta”: presiones que no parecen represión abierta, pero que sí moldean lo que se investiga y se publica.
Dentro de la República Dominicana, periodistas locales describen tensiones similares. Marian Capitán, jefa de redacción del Periódico Hoy, explica que el principal desafío no es la represión estatal directa, sino el entramado económico y político que condiciona la cobertura.
El maestro Raúl Hernández, coordinador de la cátedra de Teoría e Investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien estuvo presente en la reunión de la SIP, lo resume así: “Aunque no estamos en una zona roja, ni siquiera amarilla… sí hemos tenido algunos casos históricos”, explicó Hernández.
Entre ellos, menciona a Orlando Martínez, Gregorio García Castro y, más recientemente, a los periodistas Luis Manuel Medina y Leo Martínez, asesinados en 2017 en San Pedro de Macorís.
“En el momento actual, realmente ejercer el periodismo en República Dominicana no representa un alto riesgo”, dice Hernández. Sin embargo, él concuerda que sí existe una censura indirecta, y “cae en esa categoría que fue abordada en la SIP, donde ellos advirtieron que el país [debe empezar a] observar el tema de la censura indirecta”.
Uno de los factores que señala es el crecimiento extraordinario del gasto publicitario estatal.
“En el 2024 el gasto publicitario del gobierno creció en un 500 por ciento… [Y esto] induce la censura”, repite Hernández. “Si eres periodista y tienes un programa de televisión [puede que] recibas apoyo publicitario de [una institución del] gobierno.”
Ese enorme flujo de recursos públicos hacia medios de comunicación lo revela (Participación Ciudadana, 2024) al constatar que en 2024 el gasto en publicidad oficial se sextuplicó respecto a 2023, pasando de RD$ 491 millones a RD$ 3,121 millones durante el primer cuatrimestre; esto crea una dependencia de facto que puede condicionar la agenda informativa.
Al concentrarse gran parte del financiamiento estatal en publicidad, los medios quedan fuertemente incentivados a evitar contenidos incómodos para el poder, incentivando la autocensura y favoreciendo la complacencia mediática.
Hernández también subraya el papel de la concentración de la propiedad mediática en manos de pocos grupos empresariales.
“A esos grupos económicos no les importa la rentabilidad. ¿Para qué tienen medios?”, pregunta Hernández. ”Para tener la posibilidad de contar con una influencia política”.
El Colegio Dominicano de Periodistas enfrenta límites claros: su membresía es voluntaria, su capacidad de sanción es mínima y su legitimidad social se ha visto erosionada ante una profesión ocupada por comunicadores
La Constitución dominicana garantiza la libertad de expresión y el acceso a la información (arts. 8, 49 y 70), pero en la práctica estas garantías no evitan la autocensura.
El 63% de los periodistas dominicanos admite haberse autocensurado (Grullón Morillo, 2017) y el 46.2% evitó hablar del tema en encuestas (Canario, 2015), indicadores claros de un clima de precaución.
La concentración mediática —históricamente en manos de familias desde los años 80, y consolidada en oligopolios económicos en los 90— refuerza estas tensiones. El Grupo Corripio domina cerca del 40% de la audiencia televisiva y sus diarios alcanzan más de tres millones de lectores (Grullón Morillo, 2017).
A la vez, el auge del periodismo “alternativo” vía plataformas digitales ha abierto oportunidades y vulnerabilidades. Los creadores independientes, sin redacciones formales ni protección legal, enfrentan nuevos riesgos, advierte Hernández.
“Hoy día cualquiera se convierte en un generador de contenidos… y ha habido un libertinaje, no una democratización. Hay un desorden mayúsculo que atenta contra la dignidad humana”.
La académica doctora Carolina Matos, profesora titular de Sociología y Medios de Comunicación en City, St George’s, University of London y especialista en medios y democracia en América Latina, aporta un marco regional que ayuda a situar el caso dominicano dentro de tendencias más amplias.
Matos aclara que su investigación no se centra específicamente en la República Dominicana, pero subraya que varios de los patrones que se repiten, con variaciones, en distintos países de la región.
“Debemos tener cuidado de no homogeneizar a América Latina… pero cuando pensamos en la relación entre los medios de comunicación y la política en los países de la región, siempre ha contado con cierto control estatal”.
Matos añade que en contextos locales y de ciudades pequeñas, el peso de los medios privados puede ser aún mayor.
En muchos países, Matos asegura que persiste un “paralelismo político”: si no hay autoritarismo estatal, existen presiones de políticos que intervienen directamente en coberturas, llamando a redacciones para frenar historias incómodas. A esto se suma el clientelismo, visible sobre todo en medios locales con menos recursos.
En los resultados, Matos concuerda con Hernández; es un clima donde abunda la autocensura, especialmente a nivel municipal.
“En las regiones locales hay mucha autocensura… los periodistas no hacen periodismo de investigación ni denuncian la corrupción porque tienen miedo de lo que pueda pasar”.
Aunque la doctora Matos no estudia directamente la República Dominicana, su concepto de “censura indirecta” —una mezcla de presiones políticas, económicas y culturales— encaja con lo descrito por periodistas dominicanos y por la advertencia reciente de la SIP.
“En algunos países es autoritarismo; en otros, es el poder de los medios privados, moldeado por las élites. Y con las redes sociales, la desinformación ahora impulsa las elecciones y profundiza la polarización [en Latinoamérica]”.
Matos advierte que, además, la baja alfabetización mediática y la fragmentación digital vuelven a las audiencias latinoamericanas especialmente vulnerables.
“La alfabetización mediática es ligeramente inferior. La gente está más expuesta a la manipulación… por eso los medios de comunicación de Latinoamérica usan su poder”, dice Matos. “La desinformación se ha convertido en un gran problema en Latinoamérica… está impulsando las elecciones ahora… y el tipo de discurso de odio que podría proliferar.”
Precisamente por este entorno vulnerable surge la discusión sobre regulación. Pero, como advierte Matos, ese debate es complejo.
“Ese es el debate que tenemos como académicos de los medios. Estamos a favor de la regulación, pero eso es muy diferente de la censura”, explica Matos. “De cara al futuro, necesitamos hacer más y debatir cómo frenar y regular la desinformación en línea”.
Dentro de la República Dominicana, periodistas locales describen tensiones similares. Marian Capitán, jefa de redacción del Periódico Hoy, explica que el principal desafío no es la represión estatal directa, sino el entramado económico y político que condiciona la cobertura.
“Aquí tenemos un grave problema de concentración: muchos medios en pocas manos”, explica Capitán. “Entonces, cuando los dueños de los medios están muy cerca del poder, [se crea] el problema de querer complacer al poder y en ocasiones eso debilita la libertad de prensa”.
Capitán también señala que las presiones económicas, especialmente la dependencia de publicidad estatal, crean incentivos claros para la autocensura.
No es que ‘yo tengo miedo a caerle mal al gobierno’. Es que no quieren caerle mal al gobierno porque [puede que] el gobierno le pague”, afirma.
Y añade que la precariedad laboral y la falta de formación sólida de periodistas afectan la calidad del periodismo.
El maestro Raúl Hernández, coordinador de la cátedra de Teoría e Investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien estuvo presente en la reunión de la SIP, lo resume así: “Aunque no estamos en una zona roja, ni siquiera amarilla… sí hemos tenido algunos casos históricos”, explicó Hernández.
“Ya no importa tanto la verdad; la gente lo que busca es hacer clic, sonar y conseguir dinero”, exclama. “Eso le ha hecho mucho daño al periodismo, porque ahora cualquiera puede ser periodista, aunque no lo sea”.
Capitán se refiere a una tendencia cada vez más común en el país: un periodismo con estándares debilitados. El Colegio Dominicano de Periodistas enfrenta límites claros: su membresía es voluntaria, su capacidad de sanción es mínima y su legitimidad social se ha visto erosionada ante una profesión ocupada por comunicadores que, aunque visibles, no siempre cumplen criterios profesionales.
El deterioro ocurre de manera silenciosa: a través de dependencias económicas, incentivos políticos, caos digital, falta de formación profesional y vacíos estructurales que dejan a los periodistas vulnerables.
La República Dominicana no figura entre los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo —un punto que todos los entrevistados reconocen. Pero “no peligroso” no es sinónimo de “plenamente libre”.
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