En la República Dominicana se habla mucho de patria, de orden y de disciplina. Y con toda la razón. Un país se sostiene con instituciones que funcionan, con servidores públicos que cumplen su deber y con ciudadanos comprometidos con el trabajo bien hecho.
Hoy más que nunca, en medio de tantos escándalos, como el caso de SeNaSa, hay algo en lo que absolutamente todos podemos estar de acuerdo: no hay nada que amenace más a la patria que la corrupción, no la orientación sexual de un ciudadano que cumple su función con honor.
Lo que dice la sentencia del TC 1225/25 no es que ahora entre los policías o militares pueden tener relaciones homosexuales entre ellos; eso fue parte de la desinformación. Sencillamente, elimina la penalización y la persecución absurda que existía por orientación sexual.
Eso es como que a mí me hubiesen metido presa mientras trabajaba en la alcaldía solo por mi orientación, sin yo haber cometido ningún delito. ¿Con tantos corruptos sueltos en este país?
Así mismo, durante décadas, nuestros cuerpos castrenses castigaban a quienes, como yo, servimos al país con la misma entrega que cualquier otro dominicano. Esa penalización no fortalecía la moral ni la disciplina: solo debilitaba a las instituciones al perder talento por discriminación.
La patria necesita gente seria y capaz. ¿Desde cuándo la seriedad, la responsabilidad y la disciplina son cualidades exclusivas de las personas heterosexuales?
La Sentencia TC/1225/25 es un paso hacia la coherencia institucional. Aquí todos aspiramos a un país más fuerte, moderno y competitivo, y es por eso que la ley debe distinguir entre lo que afecta la función pública y lo que pertenece a la vida privada de cada quien.
La fortaleza de una institución no depende de con quién se acuesta un servidor público, sino de su capacidad para cumplir con su deber. Si una norma confunde vida privada con falta disciplinaria, no solo viola derechos: desordena la misión institucional, introduce arbitrariedad y abre espacio para abusos que nada tienen que ver con preservar la moral o el orden. La disciplina no se construye con persecución, se construye con dignidad y justicia.
La sentencia no es una “concesión” a ninguna comunidad. Vamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Que la Policía y las Fuerzas Armadas se dediquen a proteger al país. Que la administración pública retenga talento por capacidad, no por orientación.
Hace unos días, una senadora dijo que lo que este país necesita son “hombres de verdad, no mariquitas”. Quiero decirle que hay personas LGBTQ+ que somos más hombres que esos machos, abusadores, corruptos y cobardes a los que ella defiende.
El Estado dominicano no necesita policías o militares exclusivamente heterosexuales. Necesita policías que respeten la ley, que trabajen con precisión, que mantengan el orden y que pongan el país primero.
Si expulsáramos del Estado a todas las personas por su orientación sexual, ¿se arreglará el país automáticamente? ¿Desaparecerá la corrupción en República Dominicana? ¿Se arreglará todo lo que está pasando con SeNaSa?
Tengo más de doce años sirviendo a mi país, la República Dominicana. He visto cómo caen gobiernos, proyectos y oportunidades; y siempre ha sido por corrupción, impunidad o abuso de poder. Nunca por diversidad. Nunca por la inclusión.
La Sentencia TC/1225/25 es un acto de sensatez administrativa y constitucional.
Agradezco a los jueces del Tribunal Constitucional porque con esta sentencia, la República Dominicana no renuncia a sus valores. Renuncia a una gran injusticia.
Y eso, para cualquier nación que aspire a grandeza, es una victoria.
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