Thomas Piketty acierta en el diagnóstico. La universidad francesa dispone hoy de bastante menos recursos por estudiante que en 2017, pese a que Francia sigue siendo un “país rico”. Donde simplifica es en la receta, porque una economía rica no implica que los recursos públicos estén disponibles con solo decidir redistribuirlos.
En su columna publicada en Le Monde el 17 de octubre de 2026, en plena “movilización estudiantil”, Piketty plantea dos argumentos. Primero, que miles de jóvenes obtienen el bachillerato sin encontrar una plaza adecuada en la educación superior, especialmente quienes provienen de las vías técnica y profesional. Segundo, que el Gobierno se equivoca al alegar falta de recursos, porque la riqueza privada del país es enorme y el verdadero problema es su distribución.
El debate francés resulta relevante para la República Dominicana por una razón concreta; el país expande su educación técnica secundaria mientras discute desde hace años cómo financiar mejor sus servicios públicos. Conviene, por tanto, distinguir entre lo que muestran los datos, lo que puede inferirse de ellos y aquello que realmente puede trasladarse a nuestra realidad.
Piketty sostiene que el presupuesto por estudiante ha caído un 20.00 % desde 2017. Sus propios datos respaldan la tendencia, aunque no exactamente esa magnitud. El presupuesto nominal pasó de 13,300 a 15,500 millones de euros, un aumento del 17.00 %, mientras que los precios crecieron un 22.00 % y la matrícula universitaria aumentó alrededor de un 15.00 %, al pasar de 2.60 millones a algo más de 3.00 millones de estudiantes. Al ajustar el presupuesto por inflación y por número de alumnos, la caída se aproxima al 17.00 %. Alcanzar el 20.00 % requiere asumir una matrícula de 3.10 millones de estudiantes. Se trata de un redondeo favorable a su tesis, aunque el orden de magnitud es correcto.
Las estadísticas oficiales ofrecen una perspectiva distinta. Según el SIES, el Servicio Estadístico del Ministerio de Educación Superior francés, el gasto total de la nación por estudiante apenas disminuyó un 1.80 % entre 2017 y 2023. La diferencia radica en el indicador utilizado. Piketty se concentra en el presupuesto estatal destinado a las universidades, mientras que el SIES también incorpora la formación en alternancia con empresas, partida financiada en gran medida fuera del ministerio. Ambas lecturas son compatibles: la universidad pública perdió recursos por estudiante, mientras una parte del financiamiento se desplazó hacia la formación en empresa.
El argumento relativo a los IUT (institutos universitarios de tecnología) y los BTS (títulos de técnico superior de dos años) es, paradójicamente, el más débil en términos estadísticos y el más sólido en términos prácticos. El gran aumento de bachilleres profesionales se produjo entre 2011 y 2012, no después de 2017. Además, las plazas de BTS sí crecieron, aunque casi exclusivamente mediante la alternancia; la cual es una modalidad en la que el estudiante combina períodos de formación académica con trabajo en una empresa, una especie de “formación situada”. Mientras las plazas escolares tradicionales acumulan tres años de descenso, las plazas en alternancia crecieron un 38.00 % en 2020, un 43.00 % en 2021 y un 14.00 % en 2022.
Sin embargo, Piketty acierta en el punto central. Acceder a una plaza en alternancia exige encontrar previamente una empresa, lo que coloca en desventaja a quienes cuentan con menos contactos o redes de apoyo. Muchos terminan matriculados en licenciaturas generalistas para las que no fueron preparados y presentan tasas de éxito reducidas. Ese es el verdadero desperdicio: un sistema que asigna mal los perfiles técnicos que supuestamente necesita el tejido empresarial o productivo.
La segunda parte de su argumento contrapone dos tendencias igualmente reales. La deuda pública francesa pasó de alrededor del 20.00 % del PIB en 1970 a cerca del 119.00 % a mediados de 2026. Al mismo tiempo, el patrimonio nacional se multiplicó. Según el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos), el patrimonio económico total alcanzó 19.56 billones de euros a finales de 2024, equivalentes a unas 6.70 veces el PIB, mientras que los hogares concentraban el 76.50% de ese total. Por igual, el propio Estado mantiene un patrimonio neto positivo cercano a los 690,000 millones de euros.
No obstante, una de las afirmaciones de Piketty resulta discutible. Es cierto que el patrimonio nacional es mucho mayor que en 1970, pero no que nunca haya sido “tan elevado en relación con el PIB”. De hecho, tras alcanzar máximos recientes, cayó un 4.20 % en 2023 mientras el PIB nominal seguía creciendo impulsado por la inflación.
Más cuestionable todavía es concluir que el problema sea únicamente distributivo. El patrimonio es un stock acumulado, mientras el gasto educativo es un flujo que debe financiarse cada año. Transformar uno en otro exige gravar rendimientos o vender activos. Además, gran parte de la riqueza no es líquida. Alrededor del 61.00 % de los activos de los hogares corresponde a bienes inmobiliarios (activos fijos), principalmente viviendas ocupadas por sus propietarios. A ello se suma que la recaudación potencial de un impuesto sobre grandes fortunas es incierta. Durante el debate de 2025 sobre la denominada “tasa Zucman”, las estimaciones oscilaron desde unos pocos miles de millones hasta un máximo posible de 20,000 millones de euros anuales –0.67 % del PIB de Francia en 2025– según los supuestos de evasión considerados. Por último, la restricción inmediata sigue siendo el déficit público, proyectado en un 5.40 % del PIB para 2026. Cada euro adicional de gasto requiere mayores impuestos o menores desembolsos en otras partidas.
La buena noticia es que el problema universitario francés tiene un costo relativamente pequeño desde el punto de vista fiscal. Recuperar el nivel de gasto por estudiante de 2017 requeriría alrededor de 3,000 millones de euros anuales, cerca del 0.10 % del PIB. No exige una revolución tributaria, sino una decisión de prioridades. Una estrategia realista consistiría en garantizar suficientes plazas escolares en BTS (institutos universitarios de tecnología) e IUT (institutos universitarios de tecnología) para los bachilleres técnicos, recuperar gradualmente el presupuesto real por estudiante y ampliar los programas de transición hacia la educación superior. La financiación podría combinar una revisión de exenciones fiscales con un impuesto mínimo sobre patrimonios muy elevados calculado con hipótesis conservadoras. Lo que parece menos viable es prometer una redistribución masiva e inmediata capaz de financiar cualquier expansión del gasto.
Para la República Dominicana, la principal lección es clara: toda expansión de la secundaria técnica debe acompañarse de una ampliación equivalente de la educación técnica superior. Francia no lo hizo a tiempo y nuestro país corre el riesgo de estar gestando una situación parecida.
La Modalidad Técnico Profesional alcanzó en 2025 una matrícula de 102,616 estudiantes, tras registrar un crecimiento del 5.60 %. En contraste, la capacidad de absorción de la educación técnica superior pública sigue siendo limitada. El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) contaba con aproximadamente 5,600 estudiantes, mientras que el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) graduó apenas 1,012 profesionales ese mismo año. Por su parte, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) registró más de 165,000 estudiantes en el segundo semestre de 2025. Está marcada asimetría plantea un riesgo relevante: si una proporción creciente de egresados de la educación técnica media termina canalizándose hacia programas universitarios generalistas por falta de alternativas técnicas superiores suficientes, la República Dominicana podría reproducir uno de los problemas observados en Francia. En ese escenario, jóvenes formados para una inserción productiva de carácter práctico podrían verse desplazados hacia trayectorias académicas menos alineadas con sus competencias e intereses, con mayores tasas de abandono y un menor rendimiento social de la inversión pública realizada.
Los indicadores laborales apuntan precisamente en la dirección contraria. De los 980 técnicos titulados por el ITSC, 963 ya se encontraban empleados, lo que equivale a una tasa de inserción laboral del 98.27 %. La educación técnica superior se confirma así como una de las inversiones públicas con retornos más visibles en términos de empleabilidad. La relevancia de este tipo de inversión fue documentada hace décadas por Gary S. Becker en su teoría del capital humano. También merece especial atención la formación en las empresas. En 2025, el INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional) capacitó a 1,083,421 personas mediante 55,000 cursos, un esfuerzo que constituye un activo valioso para el desarrollo productivo del país. Sin embargo, la experiencia francesa muestra que, cuando la formación técnica depende de la obtención previa de una plaza en una empresa, quienes carecen de redes de contacto o de acceso a determinados entornos laborales tienden a quedar excluidos. Por ello, resulta indispensable preservar una oferta suficiente de plazas escolares que garantice el acceso a la formación técnica con independencia de esas barreras de entrada.
La propuesta fiscal de Piketty tampoco puede trasladarse mecánicamente al contexto dominicano. Mientras Francia recauda alrededor del 44.00 % del PIB en impuestos y debate cómo distribuir de manera más eficiente una carga tributaria ya elevada, la República Dominicana recaudó apenas el 15.60 % del PIB en 2025, una de las presiones tributarias más bajas de América Latina. Además, aunque la deuda pública consolidada dominicana, equivalente al 58.50 % del PIB, se sitúa por debajo de la francesa, su carga sobre las finanzas públicas sigue siendo significativa: en 2025, el pago de intereses absorbió el 27.80 % de los ingresos tributarios. En estas condiciones, el desafío principal no es redistribuir una recaudación abundante, sino fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado y ampliar el espacio fiscal disponible.
En otras palabras, Francia enfrenta principalmente un problema de distribución de la carga tributaria dentro de un sistema de elevada presión fiscal, mientras que la República Dominicana enfrenta un problema de insuficiencia recaudatoria en un contexto de mejora gradual de la calidad del gasto público. En estas circunstancias, concebir la política tributaria como un ejercicio meramente aritmético orientado a recaudar más carece de sentido estratégico. La elevada informalidad de la economía, la estrechez de la base tributaria y las limitaciones administrativas aún existentes sugieren que el desafío principal no consiste en acumular nuevas cargas impositivas, sino en diseñar una reforma tributaria integral con objetivos claros de eficiencia, equidad y sostenibilidad fiscal.
Existe además una segunda lección, válida tanto para perspectivas más estatistas como más liberales; gastar más no garantiza mejores resultados. Desde 2013, la República Dominicana destina el equivalente al 4.00 % del PIB del diseño inicial presupuestario a la educación preuniversitaria. Sin embargo, los resultados de aprendizaje continúan siendo modestos; los estudiantes dominicanos se sitúan sistemáticamente entre los de menor desempeño de la región en las evaluaciones internacionales y, en términos generales, también muestran resultados insatisfactorios en las pruebas nacionales. La experiencia francesa sugiere que aumentar el gasto educativo solo produce beneficios sostenibles cuando los recursos se asignan a programas capaces de generar mejoras medibles y verificables en el aprendizaje.
De esta experiencia pueden extraerse algunas orientaciones generales para el diseño de políticas públicas. En primer lugar, expandir el ITSC, el ITLA y la oferta de educación técnica superior a un ritmo consistente con el crecimiento de la matrícula en la secundaria técnica. En segundo lugar, evaluar el gasto por estudiante en términos reales y no únicamente nominales. En tercer lugar, garantizar una oferta suficiente de plazas escolares para que el acceso a la formación técnica no dependa de la obtención previa de una plaza en una empresa. En cuarto lugar, analizar la distribución territorial de los docentes más calificados para identificar posibles desigualdades entre provincias.
Piketty identifica correctamente un problema de asignación de recursos en la educación francesa y muestra que su corrección requeriría un esfuerzo fiscal relativamente reducido. Sin embargo, subestima las dificultades institucionales y políticas de llevarlo a cabo. Para la República Dominicana, la lección más valiosa no es copiar la solución, sino anticiparse al problema: construir un puente efectivo entre la educación técnica y la superior, medir los resultados de la inversión educativa y fortalecer la capacidad recaudatoria necesaria para sostener esas políticas en el tiempo.
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