El debate sobre el proyecto El Romero en la provincia de San Juan no es nuevo en la historia dominicana. Es, en realidad, una reedición de un dilema que la sociedad dominicana ha enfrentado antes, quizás de manera más aguda en el caso de Loma Miranda, donde entre 2012 y 2014 el país se dividió entre quienes veían en la minería una oportunidad de desarrollo y quienes defendían la preservación de un ecosistema de valor incalculable. Aquella experiencia dejó lecciones importantes que hoy, frente a El Romero, conviene recuperar con mayor rigor analítico.
Lo que reveló Loma Miranda
En 2020, publicamos junto a colegas de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), Virginia Tech (Estados Unidos) e Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) lo que ha sido posiblemente el primer estudio de valoración económica de impactos mineros en República Dominicana documentado en la literatura científica internacional, publicado en el prestigioso journal Resources Policy. En el referido trabajo se estimó la disposición a pagar (WTP, por sus siglas en inglés) de la sociedad dominicana por un programa de restauración y conservación de Loma Miranda, como alternativa a su explotación minera. El método utilizado fue la valoración contingente: el mismo empleado para la valoración de los impactos del derrame de petróleo del Exxon Valdez en Alaska en 1989 y del más reciente derrame de la BP en el Golfo de México en 2010. Sobre una muestra representativa se encontró que la WTP paramétrica junto con la no paramétrica alcanzaba los DOP 159 (aproximadamente US$3.15 de la época) por hogar al mes, lo que se traducía en un valor agregado anual de US$87.2 millones a nivel nacional. Esa cifra, proyectada a 20 años sin tasa de descuento, representaba US$1745 millones, significativamente inferior a los US$3035 millones que el informe del PNUD estimaba como beneficio esperado de la explotación. Desde una perspectiva estrictamente monetaria, el criterio de Pareto favorecía la explotación. Pero el estudio también reveló algo más profundo: que los dominicanos asignan un valor real, cuantificable y estadísticamente significativo a los servicios ecosistémicos de regulación y soporte (el ciclo hidrológico, la biodiversidad, la formación del suelo), y que ese valor varía sistemáticamente según el grado de conocimiento del debate, la proximidad al sitio y las características socioeconómicas de los hogares. Los hallazgos del trabajo publicado revelaron, además, una parte crítica del debate público sobre Loma Miranda: las limitaciones técnicas del estudio de impacto ambiental, que carecía de un enfoque cuantitativo de valoración de los impactos ambientales identificados.
El caso de El Romero comparte esa misma estructura de dilema, pero con una asimetría territorial aún más crítica: la zona de intervención es la Cordillera Central, donde se origina el 80% del agua dulce que utiliza el país para consumo humano, agricultura y generación de energía. San Juan no es solo "el granero del Sur" (responsable del 90% de la producción nacional de habichuelas y otros rubros agropecuarios). Es también un nodo hídrico estratégico que conecta con áreas protegidas críticas de la Cordillera Central y su biodiversidad, recientemente declarada, con el apoyo de la Unesco, Reserva de Biosfera Madre de las Aguas (Unesco, 2024). Su perturbación mal planificada tendría externalidades que trascienden con creces los límites provinciales.
La memoria larga de la minería dominicana
El debate sobre El Romero no puede leerse sin memoria histórica. La República Dominicana tiene antecedentes documentados de explotación minera con consecuencias ambientales de largo plazo que el Estado terminó asumiendo, directa o indirectamente.
En Pedernales, la extracción de bauxita durante la segunda mitad del siglo XX dejó una huella ecológica que aún marca el paisaje de esa provincia. La remoción de suelos, la deforestación asociada y la degradación de cuencas en una de las zonas de mayor biodiversidad del país (colindante con la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo) ilustran con claridad el costo ecosistémico de una explotación sin compensación ambiental adecuada ni mecanismos de restauración poscierre. Ese pasivo nunca fue formalmente valorado ni contabilizado en las cuentas nacionales.
El caso de la Rosario Dominicana es aún más revelador. Durante décadas, la explotación de oro en la región de Cotuí generó residuos que contaminaron suelos y fuentes de agua, acumulando un pasivo ambiental que fue heredado por Barrick Gold al asumir la operación del yacimiento Pueblo Viejo. Ese pasivo fue estimado en aproximadamente US$375 millones, una cifra que no formó parte de ninguna evaluación de impacto ambiental original ni de ninguna negociación contractual transparente con el Estado dominicano. En otras palabras, la sociedad dominicana subsidiará durante generaciones los costos de una explotación cuyos beneficios fueron apropiados de forma privada y asimétrica: en el contrato original, el Estado retenía apenas el 3% de las ganancias.
Estos antecedentes no son argumentos contra la minería en abstracto. Son evidencia de que, sin instituciones sólidas, sin evaluaciones económicas rigurosas y sin mecanismos vinculantes de restauración y compensación, el balance neto de la minería tiende a ser negativo para el territorio y sus comunidades, incluso cuando los indicadores macroeconómicos agregados sugieran lo contrario. La minería sostenible es una fuente de riqueza y bienestar, pero para ello debe ir más allá de los límites de la minería convencional.
¿Qué es una evaluación ambiental estratégica y por qué importa?
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de análisis que opera en un nivel superior al de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) convencional. Mientras la EIA examina los efectos de un proyecto específico sobre su entorno inmediato y puede ser encargada y financiada por la propia empresa promotora, lo que introduce sesgos estructurales de origen, la EAE evalúa las implicaciones ambientales de políticas, planes y programas antes de que se tomen decisiones irreversibles. En el contexto minero, esto significa preguntarse no solo si este proyecto particular cumple con las medidas de mitigación declaradas, sino si el modelo de desarrollo que representa es compatible con los objetivos de largo plazo del territorio y la nación.
Que la empresa GoldQuest declare públicamente su apoyo a una EAE, aunque esta no sea legalmente obligatoria, es un gesto políticamente inteligente, pero no suficiente. Una EAE genuina requiere independencia institucional, participación multisectorial y, sobre todo, una evaluación económica rigurosa de los impactos ambientales que vaya más allá de las matrices de Leopold y los inventarios descriptivos de flora, fauna y calidad del agua.
El valor añadido del análisis económico
Las matrices de Leopold y los análisis cualitativos de impacto ambiental son herramientas útiles para identificar y clasificar impactos, pero tienen un límite epistemológico crucial: no permiten comparar magnitudes entre ámbitos inconmensurables. ¿Cuánto vale la recarga hídrica de las presas de Sabaneta y Monte Grande frente a los ingresos fiscales proyectados por la explotación de El Romero? ¿Cuál es el costo de oportunidad para la agricultura del valle de San Juan si el río San Juan se ve comprometido? Estas preguntas no tienen respuesta en una matriz de impactos; sí pueden tenerla en una evaluación económica bien diseñada.
Los métodos de valoración ambiental (valoración contingente, experimentos de elección discreta, costo de viaje, precios hedónicos, entre otros) permiten traducir preferencias sociales en unidades monetarias comparables, incorporando tanto valores de uso como valores de no uso (existencia, legado, opción). Este puente entre lo ecológico y lo económico es lo que hace posible construir escenarios de bienestar social que informen decisiones de política pública con criterios de eficiencia, equidad distributiva e intergeneracional. En el caso de El Romero, una evaluación económica seria debería estimar, al menos, el valor de los servicios ecosistémicos hídricos en riesgo, el costo de oportunidad agrícola bajo distintos escenarios de contaminación, el valor de no uso asignado por la sociedad dominicana a la Cordillera Central como patrimonio natural, y el pasivo ambiental esperado bajo distintas hipótesis de fallo tecnológico o institucional.
Lo que deja, no lo que extrae: aprendamos del pasado no tan lejano
La República Dominicana posee un capital natural de extraordinaria riqueza y fragilidad. Así lo documentamos en dos de nuestros libros sobre la materia. El primero, publicado en 2018 como resultado de una colaboración con el Global Environmental Facility del Banco Mundial (¿Cuál es el valor de los ecosistemas protegidos de la República Dominicana?), y el segundo, más recientemente, en El capital natural de República Dominicana: en la encrucijada de la sostenibilidad (Ediciones INTEC, 2025). En ambos trabajos, el argumento central es el mismo: el capital natural no es un recurso residual que se sacrifica en aras del crecimiento; es la base biofísica sobre la que descansa cualquier modelo de desarrollo sostenible, y su deterioro genera pérdidas de bienestar que los indicadores convencionales del PIB sistemáticamente ocultan.
La minería sostenible y comprometida es totalmente posible y factible. Existen estándares internacionales, tecnologías de mitigación y marcos de gobernanza que pueden hacer de la extracción minera una actividad compatible con la conservación del capital natural y el bienestar de las comunidades locales. Pero su evaluación no puede limitarse a los flujos de inversión, empleo e ingresos fiscales durante la vida útil del yacimiento. Una minería verdaderamente sostenible se mide por lo que deja, no por lo que extrae: la calidad de los ecosistemas restaurados, la resiliencia hídrica del territorio, la diversificación productiva de las comunidades, la solidez de las instituciones ambientales fortalecidas y la equidad con las generaciones que vendrán después. Ese es el baremo con el que El Romero, y cualquier proyecto minero en la República Dominicana, debería ser evaluado. Aprendamos del pasado: califiquemos el debate público y el análisis para la toma de decisiones; es lo que se merece la provincia de San Juan, su gente, sus ecosistemas y su agricultura, así como toda la sociedad dominicana, dada su historia minera.
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