Lo estatal tiene pocos dolientes. Lo público ha sido sometido desde siempre por el poder económico del capitalismo occidental a una sostenida campaña de descrédito con los alegatos de que no debe competir con el sector privado en tanto sería desleal y el supuesto historial de ineficiencia e ineficacia en administración de empresas.
Entendible el emplazamiento del empresariado desde la perspectiva de sus intereses.
Inaudito, sin embargo, es la caterva de enemigos que tiene el Estado en sus mismas entrañas. En instituciones centralizadas y descentralizadas, viven de él; mas no lo defienden, o lo defienden a medias, que, comoquiera, es perversidad.
Donde le “ponen la tapa al pomo” y con ello hacen reír con la muela de atrás al sector privado es en la práctica. Van a cebarse económicamente sin un mínimo de sentido de pertenencia. Forman pandillas y atacan sin piedad a quienes cumplen y se apegan a la ética.
Buscan los cargos en función de los altos salarios, no de competencias. Se imponen el familiarismo y el amarre político. Desorbitan los ojos los beneficios en tarjetas de crédito, gasolina, asignación de vehículos con choferes, acceso libre a capítulos del presupuesto consignado, gastos desmedidos en publicidad y viajes sin otro sentido que no sea justificar ganancias.
Las instituciones representan una oportunidad para la coima con actores privados que han descubierto en el Gobierno el mejor agente del mercado para negociar porque en obras contratadas permite desde sobrevaluaciones, adendas a granel y retrasos infinitos en los compromisos, hasta terminaciones fatales y pagos onerosos por obras inexistentes siempre que se saque la tajada.
Los famosos POA son cumplidos costosos que se mueren en legajos de documentos hermosos por falta de aplicación en el terreno.
Todo se resuelve en el engaño a la sociedad con el cabildeo de unos cuantos piropos mediáticos de alto costo porque siempre aspiran a trepar más y más en el rentable árbol de la politiquería. El criterio predominante es que el presidente de la república los vea para asegurar el decreto o evitar la orden indirecta de destitución.
Entre esas maromas fétidas, descabezan las instituciones de sus mejores técnicos, o los relegan a un estado de inercia y desconsideración hasta provocar la renuncia.
Tal drama hace mucho que salió de lo excepcional para montarse en el carril de la normalidad. Es lo más grave. No se ve punto de retorno.
El estatal Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la agenda de discusión pública en estos días, luego de la denuncia sobre su escalofrío financiero puesta en escena por el partido Fuerza del Pueblo (FP) y refrendada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha sido un referente de que el Estado sí puede hacerlo bien, más allá de algunos desvaríos, persecuciones y de permanentes merodeos de la arrabalización que ya ha carcomido otros entes estatales.
El Gobierno, por tanto, debe hacer todo el esfuerzo para estabilizarlo económicamente y evitar que naufrague la credibilidad que tanto ha costado construir.
Debe fortalecer el régimen subsidiado con la integración de los prestadores de servicios privados que sean necesarios en todo el país, así como eficientizar la red pública de hospitales y convertir en realidad la atención primaria en salud.
La decisión política de engrosarlo a la carrera necesita ser subsanada con el respectivo respaldo económico para que no termine en una elefantiasis incurable. Allí están, en general, los más empobrecidos y quienes más se enferman. Al final, el objetivo de salud no debería ser el tener un carné por tenerlo.
El régimen contributivo y la versión complementaria Larimar requieren atención extrema para evitar corridas por parte de quienes los pagan. Compiten en el mercado; los otros ansían su cartera.
La inclusión de miles de guardias y policías junto a sus familiares, sin calificar y sin evaluación de salud previa, erosiona la sostenibilidad económica.
El Gobierno debe pagar por las consecuencias de su decisión, salvo que en el fondo apueste a la extinción de su órgano para fortalecer los privados.
Y debe salir de la indiferencia larga respecto de ejecutivos de órganos centralizados y descentralizados que, por búsqueda de comisiones, “meten por los ojos” a su personal las bondades de seguros privados, a sabiendas de a que todos los servidores públicos deben estar en el estatal.
Lo establece el artículo 31 la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con legalidad ratificada por la sentencia 61-12 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la 0573-18 del Tribunal Constitucional (TC).
En medio del debate, sin embargo, nadie reclama el cumplimiento de esas disposiciones, pese a que representaría un real acto de solidaridad con el SDSS y un aliento económico para el seguro estatal. Un silencio asesino de la sociedad, pero aquí todo es “a sigún”.
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