Un tema que desde hace varias décadas inquieta tanto a investigadores de las ciencias económicas y sociales, como a gobiernos e instituciones que promueven el desarrollo económico y social, es la relación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el desarrollo humano.
Partiendo de que para mejorar el bienestar de la población es necesario que los ingresos aumenten de manera progresiva tanto en las familias, el Estado y las empresas, estos ingresos se miden a partir del ingreso y del PIB per cápita. Esto nos indica, en promedio, cuánto aumenta la participación de la población a medida que crece la producción de bienes y servicios.
Por ejemplo, en América Latina, el PIB total a precios corrientes de la región era de 175.33 mil millones de dólares en 1970, pasando a 5.397 billones de dólares en 2010 y alcanzando los 7.100 billones de dólares en 2023. Esta tendencia influyó en que el PIB per cápita aumentara de forma sostenida. En la República Dominicana, el PIB a precios corrientes era de US$1,485 millones en 1970 y para 2024 alcanzó los US$124,613 millones, con un PIB per cápita que pasó de US$385 en 1970 a US$11,636 en 2024.
Ahora bien, el desarrollo humano, además de considerar los ingresos, incorpora otros componentes esenciales para garantizar el bienestar de la población, como la educación, la salud, el acceso a agua potable, electricidad, un medio ambiente sano y sostenible. Esto ha llevado a que los criterios para medir la calidad de vida hayan cambiado.
Cuando comenzó a medirse el desarrollo humano, se utilizó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que inició sus mediciones en 1991. En ese año, la República Dominicana tenía un IDH de 0.579, ocupando la posición 93 entre 192 países. Para 2022, su posición mejoró a la 82.
Aunque en la posición en el ranking mundial el país se considera de IDH alto, aún persisten desigualdades que impiden un crecimiento uniforme en toda la población, especialmente en lo que respecta al género y a poblaciones vulnerables. Esto se refleja en indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional y el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos.
A pesar de algunos avances en salud, educación e ingresos durante el período analizado, estos han sido variables, con avances y retrocesos, como los ocurridos entre 2002 y 2004, y entre 2001 y 2024. Las desigualdades estructurales siguen limitando la calidad de vida de muchas personas.
Por ello, es fundamental implementar políticas públicas coherentes que orienten hacia un crecimiento económico inclusivo. Esto implica promover una mayor capacidad redistributiva mediante políticas de empleo que incorporen a las personas en condición de pobreza, mejorar la productividad y garantizar ingresos de calidad. También es importante impulsar políticas de género diferenciadas, tanto a nivel sectorial como territorial, considerando el mapa de pobreza para incluir a las mujeres en condiciones de marginalidad en el mercado laboral, así como a adolescentes con hijos para que puedan estudiar.
Asimismo, se deben promover acciones públicas que fortalezcan la resiliencia ante fenómenos naturales, tanto en la prevención como en la reducción de costos por desastres, impulsando mecanismos de medios de vida sostenibles y no solo coyunturales.
Finalmente, la medición estadística es clave para evaluar los avances a nivel territorial y sectorial, permitiendo hacer los correctivos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los hogares, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
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