La realidad muestra que diversos sectores trabajan de manera tesonera para mejorar el medio ambiente, reducir la acumulación de basura y convertir el reciclaje en una práctica habitual.

La Fundación Abriendo Camino, por ejemplo, desarrolla programas de educación ambiental desde hace más de diez años gracias al apoyo de distintos patrocinadores. Más recientemente, el respaldo del premio de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) ha permitido concentrar esfuerzos y ampliar el impacto. Varias escuelas de Villas Agrícolas, la Zurza y Capotillo han recibido charlas, han sido dotadas de zafacones para la clasificación de residuos y, como suele ocurrir, los niños, niñas y adolescentes son los promotores más entusiastas de la defensa del medio ambiente.

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo colectivo, fuera de los perímetros intervenidos la basura sigue presente como si nada estuviera ocurriendo. Surge entonces una pregunta inquietante: ¿qué pasará durante todo el tiempo que falta para que esos niños y adolescentes se conviertan en adultos capaces de transformar realmente la cultura ciudadana?

¿Seguirán los imbornales llenándose de plástico? ¿Continuará imponiéndose la desidia generalizada?

Sería demasiado fácil atribuir el problema únicamente a la pobreza. La falta de conciencia ambiental atraviesa todos los sectores sociales. Vivimos en una sociedad marcada por la cultura del consumo rápido y del "usar y botar".

Las clases medias y altas consumen cada vez más, multiplican las compras por internet, generan enormes cantidades de empaques y plástico, mientras muchos empresarios siguen considerando la protección del medio ambiente como un tema secundario frente a la rentabilidad inmediata.

Paradójicamente, mientras el país habla cada vez más de sostenibilidad y cambio climático, seguimos normalizando calles llenas de residuos, cañadas obstruidas e imbornales incapaces de resistir una fuerte lluvia.

El problema es, sobre todo, cultural y colectivo. Por eso la educación ambiental sigue siendo esencial, pero también cabe preguntarse si no ha llegado el momento de que el Estado eduque más, invierta más y se muestre más firme frente a prácticas que afectan a toda la sociedad y al presupuesto nacional.

No se puede dejar únicamente en manos de fundaciones, escuelas o ciudadanos conscientes una tarea de tal magnitud. El papel del Estado es fundamental. La educación ambiental debe convertirse en una verdadera política pública permanente y visible, no en campañas ocasionales.

Se necesita más vigilancia, más consecuencias para quienes contaminan, más inversión en recogida y clasificación de residuos, pero también más coherencia institucional. Resulta difícil pedir disciplina ciudadana cuando muchos espacios públicos permanecen abandonados, los vertederos improvisados proliferan y los imbornales continúan llenándose de plástico sin que ocurra nada.

El problema ambiental no debe ser tratado como un asunto secundario. Tiene consecuencias directas sobre la salud de cada uno de los ciudadanos, las inundaciones, la calidad de vida y la economía. Un país que aspira a la modernidad no debe acostumbrarse a convivir con basura en calles, ríos y cañadas.

A todo esto se suma un sentimiento creciente de urgencia. Los eventos alarmantes se multiplican: lluvias cada vez más intensas, inundaciones repentinas, cañadas desbordadas, calor extremo y ciudades incapaces de absorber el agua tras apenas unas horas de tormenta.

Los plásticos que obstruyen desagües y drenajes agravan directamente las consecuencias de estos fenómenos climáticos. Cada funda lanzada a la calle termina formando parte de una cadena de irresponsabilidades que puede costar pérdidas materiales e incluso vidas humanas.

Precisamente por esa sensación de emergencia, sorprende la lentitud con la que muchas veces reaccionamos colectivamente. Mientras las señales de deterioro ambiental se acumulan, todavía prevalecen la improvisación, la indiferencia y la idea de que siempre habrá tiempo para actuar más adelante. La lucha contra el cambio climático es un desafío transversal e intersectorial. Como lo señaló recientemente Max Puig: "…se trata de salvar vidas, de garantizar la seguridad nacional y el futuro del país, porque la diferencia no la hará lo que sabíamos, sino lo que hicimos a tiempo".

Elisabeth de Puig

Abogada

Soy dominicana por matrimonio, radicada en Santo Domingo desde el año 1972. Realicé estudios de derecho en Pantheon Assas- Paris1 y he trabajado en organismos internacionales y Relaciones Públicas. Desde hace 16 años me dedicó a la Fundación Abriendo Camino, que trabaja a favor de la niñez desfavorecida de Villas Agrícolas.

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