Hay una idea que se repite con frecuencia en América Latina: el Estado es demasiado pequeño para resolver los problemas sociales. La frase sirve para explicar escuelas deficientes, hospitales saturados o pensiones insuficientes. Sin embargo, observada de cerca, resulta engañosa.
Brasil destina más del 40 % de su producto interno bruto al gasto público. Argentina y Ecuador rondan el 37 %. Uruguay y Colombia superan el 30 %. Son proporciones comparables a las de varios países europeos. Si el tamaño del Estado, medido como porcentaje del PIB, fuera suficiente para producir bienestar y reducir la desigualdad, buena parte de América Latina debería parecerse más a Europa. No ocurre así.
La aparente contradicción desaparece cuando se cambia la forma de medir. El porcentaje del PIB indica cuánto esfuerzo realiza una sociedad para financiar al Estado. Lo que determina la capacidad real del sector público es cuánto dinero dispone por habitante. Un país que gasta 2,500 dólares a valor corriente al año por persona no puede ofrecer los mismos servicios que uno que gasta 30,000 dólares, aunque ambos dediquen una proporción similar de su economía al presupuesto. El primero hace un gran esfuerzo sobre una base de ingresos limitada. El segundo transforma un esfuerzo semejante en un Estado de bienestar plenamente desarrollado.
Esa diferencia es el núcleo del problema latinoamericano. Entre 2019 y 2025, el gasto público mediano por habitante en América Latina se situó alrededor de los 2,400 dólares anuales. En los países nórdicos superó los 32,000 dólares. Estados Unidos rozó los 30,000 dólares y el promedio de la OCDE se acercó a los 19,000 dólares. Incluso España, que aparece entre los países europeos con menor gasto por habitante dentro de esta comparación, registró niveles muy superiores a los de cualquier economía latinoamericana.
La distancia es aún mayor en materia tributaria. Mientras la recaudación mediana regional rondó los 1,400 dólares por persona, en los países nórdicos superó los 27,000 dólares. La diferencia no es marginal. Implica capacidades estatales radicalmente distintas. Por eso la brecha principal entre América Latina y las democracias fiscales avanzadas no es una brecha de tamaño relativo, sino una brecha de capacidad absoluta.
El esfuerzo que no alcanza
La región ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. Brasil gasta una proporción del PIB superior a la de Estados Unidos, pero dispone de muchos menos recursos por habitante. Bolivia y Ecuador destinan más de un tercio de su producción al gasto público y aun así cuentan con presupuestos per cápita limitados para financiar educación, salud, infraestructura, pensiones y seguridad. No son Estados pequeños para el tamaño de sus economías. Son Estados relativamente grandes asentados sobre economías todavía pobres.
La diferencia es crucial. Un país con un PIB per cápita de 7,000 dólares que destina el 35 % de su producción al sector público genera alrededor de 2,450 dólares por habitante para financiar todas las funciones del Estado. Solo el gasto público sanitario por persona en Alemania supera ampliamente esa cifra. Dentro de la región las diferencias también son amplias. Uruguay gasta varias veces más por habitante que Nicaragua. En la parte superior aparecen Uruguay, Argentina, Chile, Panamá, Brasil y Costa Rica. En un nivel intermedio se ubican México, Colombia, República Dominicana y Perú. Más abajo están Paraguay, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
La pandemia mostró con claridad la importancia de esta diferencia de escala. En 2020 casi todos los gobiernos aumentaron el gasto como porcentaje del PIB. Sin embargo, el resultado fue muy distinto según la capacidad económica de cada país. Estados Unidos incrementó de manera extraordinaria su gasto por habitante. América Latina elevó principalmente su esfuerzo fiscal, pero no logró expandir sus recursos disponibles en la misma magnitud. Los países ricos pudieron responder en volumen. Los países latinoamericanos respondieron sobre todo en porcentaje. La diferencia acumulada terminó ampliándose.
El gasto importa, pero también su composición
La cantidad de recursos disponibles no es el único factor relevante. También importa cómo se utilizan.
La diferencia más visible entre Europa y América Latina aparece en la protección social. Pensiones, seguros de desempleo, apoyos familiares, subsidios por discapacidad y otros mecanismos de transferencia representan entre el 18 % y el 24 % del PIB en buena parte de Europa. En América Latina la situación es distinta. Solo Argentina, Brasil y Uruguay superan con claridad el 10 % del PIB en este rubro. En varios casos además una parte considerable de esos recursos se concentra en sistemas contributivos vinculados al empleo formal. En países como Guatemala o Perú el gasto en protección social permanece por debajo del 3 % del PIB. Allí donde los sistemas de transferencias son pequeños, la capacidad redistributiva también lo es.
La salud ofrece otro ejemplo. Uruguay dedica una proporción del PIB cercana a la española. Sin embargo, España gasta mucho más dinero por habitante. Lo mismo ocurre con la educación. Costa Rica destina a la educación una proporción del producto comparable a la de varias economías desarrolladas, pero los recursos resultantes siguen siendo considerablemente menores.
Existe además un factor frecuentemente olvidado: el costo de la deuda. Brasil dedica más recursos al pago de intereses que a algunas áreas sociales fundamentales. Costa Rica y Colombia también enfrentan cargas importantes. En República Dominicana los intereses se han convertido en una de las principales partidas presupuestarias. Entre 2019 y 2025, la República Dominicana destinó en promedio alrededor de 3.21% del PIB al pago de intereses de la deuda pública. La proporción pasó de 2.70% en 2019 a 3.90% en 2025, equivalente a RD$310,597.70 millones. En 2025 los intereses se convirtieron en la mayor partida del gasto público (20.40% del gasto total ejecutado), por encima de educación (20.10%).Cada peso destinado a financiar deuda es un peso que no llega a escuelas, hospitales o programas sociales. Una parte significativa del gasto público latinoamericano no reduce desigualdades ni amplía oportunidades; simplemente financia obligaciones acumuladas.
La desigualdad que el Estado no corrige
El dato más revelador aparece cuando se observa la desigualdad antes y después de la intervención estatal.
Contrario a lo que suele suponerse, las sociedades europeas no son necesariamente mucho más igualitarias antes de impuestos y transferencias. Los indicadores de desigualdad de mercado muestran niveles relativamente similares a los observados en América Latina. La gran diferencia surge después.
En Europa, los sistemas fiscales y de protección social reducen la desigualdad monetaria en alrededor de diecisiete puntos del índice de Gini. En América Latina la reducción ronda apenas dos puntos. La conclusión es incómoda. El problema no reside exclusivamente en cómo los mercados generan desigualdad, sino en la limitada capacidad de los Estados para corregirla.
La evidencia acumulada por investigadores como Nora Lustig, así como por el Proyecto Commitment to Equity, muestra que los impuestos directos y las transferencias monetarias logran reducciones relativamente modestas de la desigualdad en buena parte de la región. En algunos casos, los hogares más pobres llegan incluso a pagar más en impuestos indirectos de lo que reciben en beneficios monetarios. Existen matices importantes. Las estadísticas latinoamericanas suelen subestimar la riqueza de los grupos de mayores ingresos.
Por otro lado, la medición europea tiende a registrar las pensiones públicas como transferencias, lo que influye sobre el cálculo de la desigualdad de mercado. Sin embargo, ninguna de estas correcciones altera la conclusión central: los sistemas fiscales latinoamericanos redistribuyen mucho menos que los europeos.
Las razones son conocidas. Una parte importante de la recaudación proviene de impuestos al consumo. Las transferencias monetarias suelen ser reducidas. Una proporción significativa del gasto social está concentrada en pensiones ligadas al empleo formal. Finalmente, los servicios públicos experimentan procesos de segmentación que reducen su legitimidad política. Cuando las clases medias abandonan la educación pública, la salud pública o los sistemas universales de protección, disminuye también su disposición a financiarlos. El resultado es un círculo vicioso de deterioro institucional.
El umbral fiscal
Existe además un umbral mínimo de capacidad tributaria. Los datos sugieren que la relación entre recaudación y reducción de la desigualdad apenas comienza a volverse significativa cuando la presión tributaria supera aproximadamente el 16 % del PIB. Por debajo de ese nivel, el sistema fiscal apenas redistribuye.
Guatemala, Panamá, República Dominicana y Paraguay se encuentran cerca o por debajo de esa frontera. Resulta llamativo que el Fondo Monetario Internacional haya identificado un nivel similar, alrededor del 15 % del PIB, como un umbral a partir del cual la capacidad estatal comienza a favorecer más claramente el crecimiento económico.
La coincidencia no implica causalidad, pero sí ofrece una pista relevante. Sin embargo, superar el umbral tampoco garantiza resultados. Argentina, Brasil, Uruguay y Nicaragua registran presiones tributarias considerablemente más elevadas y aun así obtienen reducciones de desigualdad inferiores a las que cabría esperar según los patrones observados en otras regiones. La lección es simple; recaudar más es necesario, pero no suficiente. El diseño importa tanto como la magnitud.
La paradoja latinoamericana
La teoría económica convencional sugiere que las sociedades más desiguales deberían demandar mayor redistribución. En la práctica latinoamericana ocurre algo distinto. La presión tributaria guarda una relación relativamente débil con el nivel de ingreso dentro de la región. Países con niveles de desarrollo parecidos muestran sistemas fiscales muy diferentes. Las explicaciones son esencialmente políticas.
La informalidad reduce la base tributaria. La fragmentación institucional dificulta los acuerdos. La baja confianza interpersonal erosiona la disposición a pagar impuestos. La debilidad administrativa limita la capacidad de fiscalización. A ello se añade un problema histórico; muchos sistemas de protección social fueron construidos para trabajadores formales y nunca consiguieron integrar plenamente a quienes permanecían fuera de ese mercado laboral.
Santiago Levy describió cómo esta dualidad puede terminar reproduciendo la propia segmentación que intenta corregir. Los trabajadores formales acceden a beneficios contributivos; los informales reciben programas paralelos de menor alcance. El resultado es un sistema fragmentado que dificulta la construcción de coaliciones amplias en favor del bienestar. La confianza también importa. Mientras en los países nórdicos las instituciones públicas gozan de elevados niveles de legitimidad, gran parte de América Latina registra niveles mucho más bajos de confianza política. Esa diferencia influye directamente sobre la disposición ciudadana a financiar bienes colectivos.
Lo que sí puede hacerse
Las prioridades difieren según el punto de partida de cada país. Allí donde la recaudación es baja para el nivel de ingreso, como Panamá, República Dominicana, Paraguay, Guatemala o Perú, el desafío consiste en ampliar la capacidad fiscal. Ello implica fortalecer la administración tributaria, reducir exenciones injustificadas y ensanchar las bases imponibles. En países que ya realizan un esfuerzo tributario elevado para su nivel de desarrollo, como Nicaragua, Honduras, Bolivia o El Salvador, la prioridad principal es acelerar el crecimiento económico y mejorar la calidad del gasto público.
Las economías que se encuentran en una posición intermedia enfrentan un reto diferente. En Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y México la cuestión central ya no es solamente cuánto recaudar, sino cómo hacerlo y cómo gastar mejor. La progresividad del impuesto sobre la renta, el tratamiento del patrimonio, el diseño de las pensiones y la calidad de los servicios públicos resultan decisivos.
La experiencia internacional sugiere que las reformas más sostenibles combinan impuestos amplios sobre el consumo con mecanismos efectivos de compensación para los sectores de menores ingresos, además de una tributación más coherente sobre las rentas altas. No existe una fórmula única. Lo que existe es una evidencia persistente; los países que lograron construir Estados de bienestar desarrollaron simultáneamente capacidad recaudatoria y legitimidad política.
El verdadero precio de la cohesión
La discusión sobre el Estado en América Latina suele plantearse como una elección entre gastar más o gastar mejor. Es una falsa disyuntiva. La región enfrenta simultáneamente un problema de escala y un problema de diseño. La escala insuficiente obliga a focalizar beneficios y deja fuera a amplios sectores de la población. Esa exclusión reduce el apoyo político al financiamiento público. La debilidad fiscal limita a su vez la capacidad de ampliar coberturas y mejorar servicios. Así se reproduce el círculo.
Romperlo exige avanzar en ambas dimensiones al mismo tiempo. Los países nórdicos no son el resultado de una peculiaridad cultural irrepetible. A comienzos del siglo XX eran economías agrarias, relativamente pobres y con altos niveles de conflicto social. Los sistemas que hoy admiramos fueron construidos mediante pactos políticos e instituciones capaces de sostenerlos durante décadas. La lección para América Latina no es copiar modelos ajenos. Es comprender que la cohesión social tiene un costo y que ese costo debe financiarse colectivamente.
Al final, detrás de cada indicador fiscal hay realidades concretas: una escuela que funciona o no funciona, un hospital que atiende o hace esperar, una pensión que llega o no llega. Cuando los recursos son insuficientes, el Estado encuentra límites evidentes. Cuando además están mal distribuidos, puede terminar reforzando las desigualdades que debería corregir. América Latina no es desigual por destino. Buena parte de su desigualdad es el resultado de decisiones institucionales acumuladas durante décadas. Lo que diferencia a las sociedades más cohesionadas no es únicamente cuánto gastan o cuánto recaudan, sino la capacidad de convertir esos recursos en ciudadanía compartida.
Ese es, en última instancia, el precio de la cohesión. No solo económico, sino también político y moral. Porque toda sociedad debe responder la misma pregunta: cuánto está dispuesta a aportar para construir un destino común.
Nota: la versión extensa del ensayo El Precio de la Cohesión se encuentra disponible en:
Cuadro 1. Gasto público por habitante (USD corrientes) y gasto medio en % del PIB, 2019-2025
| País | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Promedio | % PIB |
| Argentina | 3,790 | 3,600 | 3,980 | 5,190 | 5,540 | 4,320 | 4,580 | 4,430 | 37.00 |
| Bolivia | 1,270 | 1,250 | 1,130 | 1,220 | 1,270 | 1,290 | 1,280 | 1,240 | 34.60 |
| Brasil | 3,410 | 3,360 | 3,060 | 3,540 | 4,170 | 4,280 | 4,350 | 3,740 | 41.40 |
| Chile | 3,590 | 3,690 | 4,990 | 4,060 | 4,370 | 4,310 | 4,460 | 4,210 | 26.80 |
| Colombia | 2,090 | 1,970 | 2,250 | 2,230 | 2,360 | 2,770 | 3,020 | 2,380 | 34.90 |
| Costa Rica | 3,240 | 3,420 | 3,150 | 3,130 | 3,870 | 4,370 | 4,650 | 3,690 | 24.60 |
| Ecuador | 2,250 | 2,180 | 2,130 | 2,360 | 2,530 | 2,580 | 2,660 | 2,380 | 37.10 |
| El Salvador | 1,110 | 1,280 | 1,430 | 1,490 | 1,540 | 1,600 | 1,650 | 1,440 | 28.80 |
| Guatemala | 610 | 740 | 690 | 780 | 840 | 890 | 980 | 790 | 14.70 |
| Honduras | 680 | 700 | 760 | 790 | 890 | 950 | 1,030 | 830 | 27.50 |
| México | 2,460 | 2,360 | 2,640 | 3,000 | 3,530 | 4,060 | 3,750 | 3,110 | 26.80 |
| Nicaragua | 590 | 600 | 660 | 670 | 750 | 830 | 890 | 710 | 29.90 |
| Panamá | 3,600 | 3,680 | 4,030 | 4,180 | 4,210 | 4,510 | 4,600 | 4,120 | 24.30 |
| Paraguay | 1,220 | 1,340 | 1,340 | 1,350 | 1,390 | 1,380 | 1,440 | 1,350 | 22.20 |
| Perú | 1,500 | 1,650 | 1,580 | 1,620 | 1,720 | 1,890 | 2,030 | 1,710 | 23.10 |
| Rep. Dominicana | 1,460 | 1,620 | 1,570 | 1,730 | 1,930 | 1,980 | 2,090 | 1,770 | 18.20 |
| Uruguay | 6,010 | 5,500 | 5,710 | 6,730 | 7,520 | 7,710 | 7,970 | 6,740 | 33.30 |
| Estados Unidos | 23,310 | 28,850 | 29,660 | 28,280 | 31,190 | 32,600 | 33,860 | 29,680 | 38.90 |
| Dinamarca | 29,600 | 32,280 | 34,800 | 30,510 | 31,510 | 33,370 | 35,150 | 32,460 | 48.40 |
| Finlandia | 25,900 | 27,900 | 29,480 | 27,070 | 29,150 | 30,320 | 31,630 | 28,780 | 55.40 |
| Islandia | 29,970 | 29,060 | 32,290 | 32,040 | 33,600 | 35,690 | 37,350 | 32,860 | 43.90 |
| Noruega | 39,040 | 39,150 | 43,260 | 43,480 | 40,000 | 40,800 | 41,830 | 41,080 | 48.20 |
| Suecia | 25,170 | 27,140 | 30,200 | 26,790 | 26,920 | 28,270 | 29,400 | 27,700 | 49.10 |
| Alemania | 21,060 | 23,580 | 25,750 | 24,110 | 25,600 | 27,470 | 28,390 | 25,140 | 49.00 |
| España | 12,460 | 13,980 | 15,250 | 14,080 | 15,540 | 16,030 | 16,720 | 14,870 | 46.90 |
| Francia | 22,450 | 24,070 | 25,830 | 23,900 | 25,410 | 26,320 | 27,460 | 25,060 | 57.90 |
| Italia | 16,260 | 18,210 | 19,940 | 19,240 | 21,180 | 20,340 | 20,960 | 19,450 | 53.10 |
| Reino Unido | 16,910 | 20,700 | 21,670 | 20,660 | 21,810 | 23,560 | 24,750 | 21,440 | 45.30 |
| OCDE (Agregado) | 15,960 | 17,860 | 19,140 | 18,470 | 19,420 | 20,130 | 20,750 | 18,820 | — |
Fuentes: Elaboración propia con ratios del FMI (WEO, abril 2026). 2024 preliminar; 2025 proyección.
Cuadro 2. Ingreso tributario por habitante (USD corrientes), presión tributaria y cobertura del gasto, 2019-2025
| País | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Promedio | % PIB | Cobertura T/G |
| Argentina | 2,860 | 2,470 | 3,100 | 4,040 | 4,060 | 3,590 | 3,930 | 3,440 | 28.50 | 0.78 |
| Bolivia | 860 | 690 | 790 | 860 | 870 | 900 | 900 | 840 | 23.20 | 0.67 |
| Brasil | 2,880 | 2,200 | 2,530 | 2,980 | 3,300 | 3,330 | 3,450 | 2,950 | 32.50 | 0.79 |
| Chile | 3,050 | 2,530 | 3,550 | 3,660 | 3,500 | 3,420 | 3,680 | 3,340 | 21.20 | 0.79 |
| Colombia | 1,270 | 1,000 | 1,200 | 1,310 | 1,530 | 1,620 | 1,720 | 1,380 | 20.10 | 0.58 |
| Costa Rica | 2,920 | 2,740 | 3,150 | 3,390 | 4,150 | 4,610 | 4,910 | 3,700 | 24.30 | 1.00 |
| Ecuador | 1,240 | 1,080 | 1,230 | 1,360 | 1,370 | 1,460 | 1,560 | 1,330 | 20.60 | 0.56 |
| El Salvador | 910 | 860 | 1,120 | 1,180 | 1,220 | 1,260 | 1,330 | 1,130 | 22.30 | 0.78 |
| Guatemala | 590 | 560 | 700 | 780 | 810 | 860 | 920 | 750 | 13.80 | 0.94 |
| Honduras | 550 | 480 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 680 | 22.60 | 0.82 |
| México | 1,650 | 1,530 | 1,680 | 1,880 | 2,350 | 2,520 | 2,540 | 2,020 | 17.40 | 0.65 |
| Nicaragua | 480 | 490 | 580 | 630 | 720 | 780 | 840 | 650 | 26.80 | 0.91 |
| Panamá | 2,370 | 1,640 | 1,980 | 2,350 | 2,430 | 2,460 | 2,600 | 2,260 | 13.20 | 0.55 |
| Paraguay | 810 | 730 | 850 | 860 | 900 | 930 | 970 | 860 | 14.20 | 0.64 |
| Perú | 1,170 | 930 | 1,180 | 1,290 | 1,300 | 1,370 | 1,530 | 1,250 | 16.80 | 0.73 |
| Rep. Dominicana | 1,160 | 990 | 1,300 | 1,470 | 1,500 | 1,570 | 1,640 | 1,380 | 14.00 | 0.78 |
| Uruguay | 4,980 | 4,270 | 4,640 | 5,490 | 6,130 | 6,210 | 6,430 | 5,450 | 26.90 | 0.81 |
| Estados Unidos | 16,080 | 16,490 | 18,820 | 21,190 | 20,740 | 21,970 | 22,990 | 19,750 | 25.80 | 0.67 |
| Dinamarca | 28,110 | 28,500 | 32,590 | 29,090 | 29,730 | 32,090 | 33,300 | 30,490 | 45.40 | 0.94 |
| Finlandia | 20,560 | 20,710 | 23,010 | 21,700 | 22,470 | 23,040 | 23,930 | 22,200 | 42.80 | 0.77 |
| Islandia | 24,250 | 21,230 | 24,390 | 26,600 | 29,040 | 31,390 | 32,850 | 27,110 | 35.90 | 0.83 |
| Noruega | 30,170 | 25,990 | 37,640 | 47,830 | 36,390 | 35,590 | 36,490 | 35,730 | 41.10 | 0.87 |
| Suecia | 22,160 | 22,290 | 25,930 | 23,290 | 22,980 | 23,530 | 24,600 | 23,540 | 41.80 | 0.85 |
| Alemania | 18,060 | 18,120 | 20,460 | 19,140 | 20,140 | 21,090 | 21,830 | 19,830 | 38.70 | 0.79 |
| España | 10,270 | 9,860 | 11,530 | 11,290 | 12,430 | 13,130 | 13,880 | 11,770 | 37.00 | 0.79 |
| Francia | 18,230 | 17,800 | 19,710 | 18,780 | 19,490 | 20,050 | 21,020 | 19,300 | 44.60 | 0.77 |
| Italia | 14,150 | 13,590 | 15,480 | 14,890 | 16,260 | 17,130 | 17,760 | 15,610 | 42.50 | 0.80 |
| Reino Unido | 13,960 | 13,190 | 15,760 | 16,010 | 17,300 | 18,570 | 19,690 | 16,350 | 34.40 | 0.76 |
| OCDE (Agregado) | 13,320 | 12,900 | 14,660 | 15,130 | 15,870 | 16,540 | 17,100 | 15,070 | 34.00 | 0.80 |
Fuentes: elaboración propia con ratios de OCDE, Revenue Statistics 2025, y CDE/CEPAL/BID/CIAT, Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean. 2024 preliminar; 2025 proyección.
Cuadro 3. Desigualdad, redistribución y desarrollo humano
| País | Gini
Disponible |
Gini de Mercado | RS (puntos) | PD (RS / % PIB tributario) | IDH 2022 |
| Argentina | 42.00 | 48.00 | 6.00 | 0.21 | 0.849 |
| Bolivia | 40.90 | 41.90 | 1.00 | 0.04 | 0.698 |
| Brasil | 52.00 | 57.00 | 5.00 | 0.15 | 0.760 |
| Chile | 43.00 | 46.00 | 3.00 | 0.14 | 0.860 |
| Colombia | 54.80 | 55.80 | 1.00 | 0.05 | 0.758 |
| Costa Rica | 47.20 | 50.20 | 3.00 | 0.12 | 0.806 |
| Ecuador | 45.50 | 48.50 | 3.00 | 0.15 | 0.765 |
| El Salvador | 38.80 | 39.80 | 1.00 | 0.04 | 0.674 |
| Guatemala | 45.20 | 46.20 | 1.00 | 0.07 | 0.629 |
| Honduras | 47.30 | 48.30 | 1.00 | 0.04 | 0.624 |
| México | 43.50 | 46.50 | 3.00 | 0.17 | 0.781 |
| Nicaragua | 46.20 | 47.20 | 1.00 | 0.04 | 0.669 |
| Panamá | 48.90 | 50.90 | 2.00 | 0.15 | 0.820 |
| Paraguay | 45.10 | 46.10 | 1.00 | 0.07 | 0.731 |
| Perú | 40.30 | 41.30 | 1.00 | 0.06 | 0.762 |
| Rep. Dominicana | 37.00 | 38.00 | 1.00 | 0.07 | 0.766 |
| Uruguay | 40.60 | 45.60 | 5.00 | 0.19 | 0.830 |
| Estados Unidos | 39.50 | 50.50 | 11.00 | 0.43 | 0.927 |
| Dinamarca | 28.30 | 45.30 | 17.00 | 0.37 | 0.952 |
| Finlandia | 27.70 | 50.70 | 23.00 | 0.54 | 0.942 |
| Islandia | 26.10 | 38.10 | 12.00 | 0.33 | 0.959 |
| Noruega | 27.70 | 42.70 | 15.00 | 0.36 | 0.966 |
| Suecia | 29.80 | 43.80 | 14.00 | 0.33 | 0.952 |
| Alemania | 31.70 | 49.70 | 18.00 | 0.47 | 0.950 |
| España | 33.90 | 49.90 | 16.00 | 0.43 | 0.911 |
| Francia | 31.50 | 51.50 | 20.00 | 0.45 | 0.910 |
| Italia | 34.80 | 51.80 | 17.00 | 0.40 | 0.906 |
| Reino Unido | 32.40 | 49.40 | 17.00 | 0.49 | 0.940 |
Fuentes: Banco Mundial (Poverty and Inequality Platform); OCDE (Income Distribution Database); Lustig (2018) y estudios CEQ por país; PNUD, Human Development Report 2023/2024. Los Gini corresponden a la última observación disponible entre 2019 y 2023. En América Latina, RS incluye impuestos directos y transferencias monetarias, pero no el valor de los servicios de salud y educación.
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