Algunas de las quiebras democráticas más trágicas de la historia estuvieron precedidas por una degradación de las normas básicas. (Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias)
Cero impunidad y corrupción
Desde la filosofía política clásica puede sostenerse que la corrupción es una posibilidad inscrita en la condición humana y, por lo tanto, no puede atribuirse de manera exclusiva a los partidos políticos ni a otras organizaciones de la sociedad civil. El problema central emerge cuando quienes gobiernan y dirigen las instituciones del Estado son incapaces de contener estas conductas; más bien, las normalizan, las reproducen y las consolidan como una práctica estructural del ejercicio del poder. En este sentido, Platón sostiene que la justicia tanto en el alma como en la ciudad depende de que la razón ejerza el gobierno sobre los deseos y las pasiones; cuando este orden se invierte y el deseo domina, el poder deja de orientarse al bien común y se dirige al interés particular. Como consecuencia, el orden político se corrompe y surgen formas de gobierno injustas, en las que prevalece el beneficio personal sobre la armonía del conjunto (Platón, La República, libro IV, 2000).
Para Maquiavelo, la ingratitud, lo voluble y ambicioso está en la naturaleza humana. A partir de esta concepción, sostiene que el ejercicio del poder tiende naturalmente a la corrupción si no es contenido mediante la fuerza de las leyes, la prudencia política y mecanismos eficaces de control institucional (Maquiavelo. El príncipe, cap. XV, 1979).
Con más firmeza el filósofo Hobbes afirma que, en ausencia de un poder común capaz de imponer límites efectivos, los seres humanos actúan guiados por el interés propio y la desconfianza mutua. Esta condición conduce a un escenario en el que el abuso, el engaño y la instrumentalización del poder se vuelven comportamientos previsibles, haciendo necesaria la existencia de un soberano fuerte que garantice el orden y la estabilidad (Hobbes, Leviatán, cap. XIII, 1996).
El filósofo Rousseau, introduce una perspectiva distinta al sostener que la corrupción no es originaria de la naturaleza humana, más bien el resultado de la organización social y de la desigualdad política. Para Rousseau, el poder se corrompe cuando deja de expresar la voluntad general y se convierte en instrumento de intereses particulares, lo que vacía de legitimidad al orden político (El contrato social, libro I; Rousseau, 2001). En este sentido, la corrupción aparece como una traición al pacto social y a la soberanía popular.
Estos filósofos citados, a pesar de sus diferencias teóricas coinciden en un punto fundamental: la corrupción no es una desviación excepcional del poder, más bien una posibilidad humana constante que emerge cuando fallan los mecanismos de control, la virtud cívica o la responsabilidad política. Desde esta perspectiva, la lucha contra la corrupción se configura como una tarea permanente del orden político, orientada a limitar el poder, someterlo a la ley y preservar el bien común frente a los intereses particulares. Así, las advertencias de la filosofía política clásica y moderna conservan plena vigencia en los debates actuales, especialmente en contextos democráticos, donde la legitimidad del Estado depende, en gran medida, de la transparencia, la rendición de cuentas y la intransigencia en cuanto a la defensa de los intereses del pueblo.
Maurizio Viroli sostiene que en una república democrática la defensa de la justicia exige una actitud firme frente a criminales, corruptos y mafiosos, ya que lo contrario, es decir, la transigencia expresada en el perdón, la amnistía, la absolución o el olvido, debilita los principios republicanos; en este marco, afirma que “en una república la intransigencia debe ser un principio fundamental” (Viroli, 2002, p. 36).
Esta concepción de la intransigencia republicana frente a la impunidad se inscribe en el contexto político reciente de la República Dominicana. En particular, dicha preocupación adquirió un carácter central a partir del discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto de 2020, en el que la tolerancia cero frente a la impunidad y la corrupción fue presentada como uno de los ejes fundamentales de su proyecto de gobierno. En dicha alocución, el mandatario afirmó: “No habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia” (Abinader, pp. 16-17, 16/8/2020). Este pronunciamiento puede interpretarse como un intento de traducir en términos políticos e institucionales las antiguas advertencias filosóficas sobre los peligros del poder sin control, reafirmando la necesidad de un Estado fuerte en la aplicación de la ley y comprometido con la ética pública.
Este discurso no constituyó una simple consigna política. Representó una declaración de principios que delimitó con claridad el marco ético en cuanto a la política pública de su Gobierno, estableciendo responsabilidades para las administraciones anteriores, así como para los funcionarios presentes y futuros. Con ello, el presidente Abinader, vinculó el ejercicio del poder a la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público, buscando restaurar la confianza ciudadana.
La corrupción implica descomposición o deterioro, que va más allá de las prácticas que afectan a los sujetos, dado que tiene consecuencias profundas y sistémicas en el tejido social y en la legitimidad de las instituciones. En este sentido, la corrupción no es un mero acto aislado; es un fenómeno que refleja y reproduce una crisis de valores y de ética capaz de desestabilizar sociedades enteras.
Jorge F. Malen Seña, en el texto La corrupción. aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos (2002), afirma que la corrupción en términos general significa (…) “destrucción, devastación o adulteración de un material orgánico, como por ejemplo la carne”; y que, en término particular, significa (…)” una actividad humana específica, como ocurre cuando se lo asimila a soborno o extorsión. Ha significado decadencia, suciedad, desintegración, degeneración, envilecimiento, ilegalidad, ilegitimidad o inmoralidad”. Haciendo referencia a Robert Brooks, este filósofo del derecho señala que “aun cuando la corrupción sea calificada como política, comercial o social, está expresando la idea de una corrupción orgánica, o de cualquier otra cosa vil y repugnante a nuestros sentidos que esta última implica". (Malem Seña, 2002, p.26).
A lo largo del presente Gobierno, y pese a las advertencias públicas y reiteradas del presidente Abinader sobre la necesidad de erradicar la corrupción en la administración pública, se ha constatado la persistencia de prácticas contrarias a la ética pública y a la legalidad en diversas instituciones del Estado, que erosionan la confianza ciudadana y debilitan los fundamentos de la institucionalidad democrática.
En este contexto, el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) se inscribe como una expresión concreta y particularmente sensible de esta problemática. La reproducción de conductas como la deshonestidad, la ilegalidad, el soborno, la extorsión o el fraude en una entidad creada para garantizar el derecho a la salud supone una grave vulneración del marco legal y ético y genera daños físicos y morales profundamente repudiables para la sociedad, al afectar de manera directa a los sectores más vulnerables.
En ese punto, el caso SENASA adquiere una relevancia crucial. Como institución pública encargada de garantizar uno de los derechos más sensibles de la población, la salud, cualquier indicio de irregularidad, opacidad administrativa o uso indebido de sus recursos exige una respuesta firme, transparente y sin privilegios. El presidente explicó que, desde el inicio de su gestión, asumió un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, lo que lo llevó a ordenar una investigación inmediata al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en la ARS del Estado. Al referirse a los resultados de ese proceso, afirmó en su cuenta de la red social X:
“Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley. Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso de que en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad” (Abinader,7/12/2025, red social X).
Las declaraciones del mandatario sobre las irregularidades detectadas en el SENASA refuerzan su trayectoria política en relación con los límites éticos del poder. En declaraciones a los medios de comunicación, ofrecidas el 20/12/2025, afirmó que el caso lo afectó a nivel personal y que se trata de uno de los episodios más difíciles de su gestión. Esto deja en evidencia que cualquier funcionario o exfuncionario sometido a la justicia que intente socavar su trayectoria no contará con su respaldo, incluso si procura desacreditarlo o afectar su imagen política. Se trata de un hombre que tiene amigos, pero que no es cómplice de la cultura de la corrupción y la impunidad que se intentó normalizar como práctica política en la sociedad dominicana.
Al ordenar investigaciones desde las primeras señales y remitir los informes correspondientes al Ministerio Público, el presidente reafirma que la lucha contra la corrupción debe trascender el discurso y traducirse en acciones concretas, ajustadas al marco legal y orientadas a preservar la confianza ciudadana. Combatir la corrupción implica sancionar desvíos de fondos y restaurar la relación de confianza entre el Estado y la sociedad.
La lucha contra la corrupción no puede reducirse a un discurso selectivo ni emplearse como una estrategia de legitimación simbólica, sino que debe sostenerse en criterios consistentes y prácticas efectivas. Debe asumirse como una política de Estado, sostenida, verificable y sin excepciones. Cuando un funcionario en ejercicio incurre en prácticas contrarias a la ley, su sometimiento a la justicia no debilita al presidente; por el contrario, lo fortalece moralmente.
La historia política dominicana ofrece un referente ético político que aporta claridad a este debate sobre lo que significa un ejercicio verdaderamente democrático. Durante su breve gobierno, iniciado el 27 de febrero de 1963, Juan Bosch ordenó investigar, destituir y someter a la justicia a Virgilio Gell, director de la Oficina de Seguridad Presidencial y amigo personal suyo por más de quince años, tras denuncias de extorsión y negocios ilícitos, dejando claro que ninguna lealtad personal puede situarse por encima del interés público.
En esa misma línea, tanto en el discurso como en las acciones prácticas del presidente Abinader se consolida una nueva cultura política basada en la responsabilidad, la transparencia, la intransigencia y el sometimiento efectivo a la ley, en contraste con lo ocurrido en gobiernos anteriores, que normalizaron, transigieron y fortalecieron prácticas de apadrinamiento de la corrupción y el secuestro de la justicia.
Los sometimientos judiciales de funcionarios del pasado han establecido un precedente histórico relevante en la gestión del presidente Abinader, pero serán los casos actuales —como el de SENASA— los que definirán la coherencia real del proyecto ético gubernamental. El límite ético del poder público no es retórico ni simbólico; es profundamente práctico. Se manifiesta cuando el presidente acepta que nadie está por encima de la ley, ni siquiera su propio Gobierno.
El compromiso con erradicar la impunidad y la corrupción debe asumirse como una conducta permanente que sacuda los cimientos de la sociedad en todos los ámbitos, y no limitarse a un eslogan. Ese compromiso implica respaldar al presidente de la República, quien ha planteado que la democracia dominicana debe avanzar de la promesa a la credibilidad y pasar de un poder sin freno a un poder al servicio de la ciudadanía.
La corrupción es un proceso de deterioro profundo de los valores éticos, comparable a algo que se pudre, y que va dañando lentamente a toda la sociedad, debilitando sus instituciones, relaciones y normas. Cuando un entramado corrupto se articula desde instituciones llamadas a garantizar derechos fundamentales, como el caso SENASA, el daño se multiplica y se vuelve estructural. Que diez imputados estén privados de libertad en este caso, entre ellos el exdirector Santiago Hazim junto a otros exfuncionarios y un representante del sector empresarial, expone con crudeza hasta dónde puede llegar la degradación del poder cuando se desprende de toda ética y traiciona su razón de ser.
Cuando la corrupción no encuentra límites claros, el Estado se convierte en un simulacro y la democracia en una formalidad vacía. Por el contrario, cuando la justicia actúa y la prisión preventiva o las condenas alcanzan a quienes ocuparon posiciones de poder, se afirma una pedagogía cívica distinta: la de la responsabilidad, la rendición de cuentas y la supremacía de lo público sobre los intereses particulares.
Dentro de este contexto, la posición y la actuación del presidente Abinader adquieren una relevancia política singular. Permitir el sometimiento a la justicia de exfuncionarios de su propia administración o de círculos cercanos al poder no constituye un gesto circunstancial, sino una señal inequívoca de integridad institucional y de compromiso con el Estado de derecho, propia de quien asume la función pública con vocación de estadista.
El verdadero liderazgo se mide por la capacidad de someter el poder al imperio de la ley, antes que por la protección de alianzas o la complicidad. Gobernar, desde esta óptica, implica aceptar que la autoridad legítima nace de la coherencia ética y de la sujeción a la ley, y no de la impunidad compartida.
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