A propósito de la jornada de reflexión organizada por el IESPEC el viernes 28 de noviembre, en el marco de las actividades conmemorativas del mes de la no violencia contra la mujer, tuvo lugar una conferencia dedicada a la violencia política contra las mujeres, a cargo de Laura Hernández, subdirectora de la comisión de género de la JCE. Esta actividad y las intervenciones en dicho evento nos impulsaron a estas líneas de aporte al debate, iniciando un recorrido desde el contexto latinoamericano donde, a pesar de los avances en materia de cuotas y paridad, persiste un fenómeno que limita la participación plena de las mujeres en la vida pública. Como advierte el Observatorio Político de las Américas, el incremento numérico de mujeres en los congresos y gobiernos locales coexiste con prácticas que buscan bloquear su acceso a posiciones de mayor incidencia.
En la República Dominicana, el ciclo 2020–2024 coincidió con reformas orientadas a fortalecer la integridad electoral. En este contexto, el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), en coordinación con la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la JCE, ha asumido un rol como actor académico clave en la tarea de enfrentar no solo las insuficiencias normativas e institucionales, sino también los patrones culturales que sostienen la violencia política de género. Desde la profesionalización de actores del sistema electoral hasta la investigación aplicada y la generación de conocimiento público, el instituto contribuye, desde su rol académico de compromiso con esta causa, a reafirmar que la participación de las mujeres es un derecho político y no una concesión sujeta a condicionamientos.
El concepto de violencia política contra las mujeres (VPCM) se ha robustecido en el ámbito internacional para describir agresiones, amenazas, campañas de descrédito, limitaciones de recursos o actos simbólicos y físicos destinados a obstaculizar su participación en todas las etapas del ciclo político-electoral. Organismos como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres han documentado que este tipo de violencia se manifiesta en los partidos, en los procesos electorales, en las instituciones públicas e incluso en los entornos digitales.
Desde una perspectiva de género, la VPCM es una expresión particular de la violencia estructural patriarcal. Su objetivo es preservar una distribución desigual del poder político, castigando a las mujeres que aspiran a liderar o que cuestionan los roles tradicionales. Investigadoras como Mona Lena Krook y Juliana Restrepo, al igual que estudios impulsados por organismos regionales, subrayan que esta violencia opera como un mecanismo disciplinador que busca mantener a las mujeres en posiciones subordinadas o fuera del espacio público. En clave de Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle Pérez, las resistencias frente a la inclusión de las mujeres como actoras políticas derivan en prácticas destinadas a excluirlas o limitar su incidencia.
En este marco, adquiere sentido hablar de una “batalla cultural”. No basta con aprobar leyes o establecer cuotas: se trata de disputar significados, romper estereotipos y transformar prácticas históricamente arraigadas. Ello implica actuar en tres planos interrelacionados:
a) el plano simbólico, donde persisten imaginarios que vinculan liderazgo con masculinidad;
b) el institucional, donde reglas formuladas de manera neutral pueden aplicarse de forma desigual; y
c) el tecnopolítico, en el cual las plataformas digitales amplifican el acoso, la difamación y las campañas de odio contra candidatas y lideresas.
Desde la perspectiva institucional que guía al IESPEC y a la Mesa de Igualdad de Género de la JCE, las respuestas necesarias forman parte de una estrategia de transformación de largo alcance. El Instituto tiene la responsabilidad de formar operadores electorales, cuadros políticos, comunicadores y líderes sociales capaces de identificar, prevenir y sancionar la violencia política, así como de impulsar cambios normativos y organizacionales coherentes con los principios de igualdad y paridad democrática.
Los datos recientes permiten observar un avance cuantitativo que convive con resistencias más profundas. Según ONU Mujeres (2025), apenas el 27 % de los escaños parlamentarios del mundo están ocupados por mujeres, aunque América Latina supera este promedio con alrededor de un 34–35 %. La región ha avanzado en la aprobación de leyes sobre violencia política de género —como en México, Bolivia y Perú—, mientras otros países se mantienen en reformas parciales. Aun así, los informes coinciden en que el avance se desacelera y que surgen formas más sofisticadas de violencia, incluidas las digitales.
En la República Dominicana, las cifras del período 2020–2024 evidencian tanto progreso como persistencia de brechas. En las elecciones de 2020, las mujeres ocuparon el 23.4 % de los escaños legislativos. Para 2024, la representación femenina ascendió a un 33.3 %, un incremento importante, aunque todavía insuficiente para hablar de paridad. En la Cámara de Diputados, las mujeres alcanzan un 37 % en el período 2024–2028, cifra que marca un avance histórico, aunque todavía por debajo de los niveles deseables en liderazgo político. Estudios regionales señalan que el aumento de su visibilidad suele ir acompañado de más episodios de violencia política, especialmente campañas de descrédito y acoso digital.
En el nivel municipal, la desigualdad es más marcada. En 2020, solo el 12 % de las alcaldías estaba en manos de mujeres. En 2024, ese porcentaje descendió al 10 %, pese a que las mujeres alcanzaron el 42.84 % del total de cargos municipales electivos. Es decir: existe una masa crítica femenina en órganos colegiados, pero no en las posiciones de mayor jerarquía. Testimonios de lideresas locales y estudios de organismos como el PNUD coinciden en que la violencia digital, las presiones internas y la exclusión de candidaturas para alcaldías siguen limitando el acceso de las mujeres a estos cargos de alta visibilidad.
Frente a este panorama, el IESPEC asume un compromiso claro con la transformación cultural. Su misión institucional le permite incidir simultáneamente en tres campos decisivos:
1. Formación de cuadros y operadores electorales
Integrando el enfoque de género en el diseño curricular, en las metodologías de enseñanza y en las prácticas profesionales. Esto implica capacitar al personal electoral, miembros de juntas, delegados de partidos y personal de oficialías para identificar y canalizar denuncias de violencia política y promover ambientes libres de hostigamiento.
2. Investigación aplicada y producción de evidencia
Mediante estudios que documenten el comportamiento de las candidaturas femeninas, los patrones de financiamiento, la distribución territorial, el tiempo en medios y las formas de violencia política, especialmente a nivel local. Este conocimiento alimenta la discusión pública y la elaboración de políticas.
3. Incidencia en la cultura política
A través de jornadas de reflexión, iniciativas educativas, foros con partidos y acciones de extensión universitaria que permitan cuestionar estereotipos, promover lenguaje inclusivo y visibilizar la violencia política como un problema democrático.
En la medida en que el IESPEC fortalezca su oferta académica en temas de igualdad de género, integridad electoral y prevención de la violencia política, contribuirá a que el país avance hacia un modelo de democracia paritaria, no solo desde la normativa, sino desde la cultura institucional y las prácticas cotidianas de quienes administran procesos electorales y ejercen cargos públicos.
En definitiva, la batalla cultural contra la violencia política hacia las mujeres es también una lucha por la calidad democrática. Un sistema político que permite la exclusión o la deslegitimación de las mujeres renuncia a una parte fundamental de su ciudadanía. El desafío del IESPEC es aportar para que, en la República Dominicana, esa renuncia no tenga espacio posible.
Compartir esta nota