La resonancia magnética de una nación
Imagine a un paciente en cuidados intensivos conectado a un monitor multiparámetro.
El electrocardiograma muestra arritmias severas. La presión arterial cae. La hemoglobina se desploma lentamente. El organismo entero da señales de agotamiento sistémico.
Pero hay un detalle perturbador: mientras los órganos vitales colapsan, el paciente insiste obsesivamente en maquillarse frente al espejo.
En eso parece haberse convertido la República Dominicana.
Un Estado que posterga hospitales, escuelas, agua potable y medicamentos, pero ejecuta con precisión milimétrica miles de millones de pesos para proyectar una imagen de éxito permanente.
La publicidad oficial dominicana dejó hace tiempo de ser información institucional.
Hoy funciona como soporte vital de la narrativa política.
Y cuando un gobierno necesita gastar cifras históricas para convencernos de que todo marcha bien, quizás el problema no sea de comunicación.
Quizás sea clínico.
El presupuesto que nunca entra en austeridad
Mientras el ciudadano se endeuda para costear una cirugía, el Estado dominicano fijó una proyección de cierre para el año 2025 en RD$10 252,3 millones asignados a la partida de publicidad, impresión y encuadernación. Según registros oficiales de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), al 5 de septiembre ya se habían devengado más de RD$5604 millones. Solo la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), adscrita al Ministerio Administrativo de la Presidencia, manejaba una partida superior a RD$3495 millones.
La cifra sería escandalosa incluso en una economía desarrollada.
En una nación donde hospitales suspenden cirugías por falta de insumos, donde los enfermos deben agenciarse la sangre para ser operados, donde pacientes compran gasas y medicamentos de su propio bolsillo, donde existen distritos municipales sin acueducto y más del 40 % de la población ocupada vive en informalidad, esa cifra adquiere otra dimensión.
No es un dato presupuestario.
Es una declaración de prioridades.
La enfermedad bipartidista
La historia clínica demuestra que esta patología no pertenece a un solo partido. Pertenece al sistema.
Durante los años 2018-2020, bajo la administración del PLD, el gasto promedio anual en publicidad estatal rondó los RD$5491 millones, alcanzando un pico de RD$5722 millones en 2019. Cuando el PRM llegó al poder prometiendo austeridad, el gasto cayó temporalmente en 2021 a RD$3650 millones.
Duró poco la contención.
En 2022, el gobierno ya había superado el récord histórico que antes denunciaba: RD$6374 millones, un incremento del 11,4 % sobre el máximo anterior.
En 2023, la cifra presupuestada ascendió a RD$7903 millones. Y en 2024 —año electoral— el sistema se desbordó: el gasto publicitario del primer cuatrimestre pasó de RD$491 millones en el mismo período de 2023 a RD$3121 millones, según documentó Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional. Un incremento superior al 500 % en doce meses.
La curva no deja espacio para ingenuidades: cada vez que se acercan las urnas, el Estado se convierte en anunciante compulsivo con nuestros recursos.
Y en los años no electorales, el gasto se sostiene en niveles estructuralmente superiores a los que cualquier gobierno prometió cuando era oposición.
El patrón no es coincidencia.
Es sistema.
La democracia que habla demasiado y escucha cada vez menos
Los datos electorales de la Junta Central Electoral revelan una ironía devastadora que ningún anuncio oficial puede silenciar.
En las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024, de los 8 145 548 ciudadanos habilitados para votar, solo concurrieron 4 428 423.
La abstención alcanzó el 45,63 %: la más alta desde 1966, superando incluso la de las elecciones pandémicas de 2020.
En Santiago, el ausentismo superó el 52 %.
En la diáspora —el grupo más extenso del padrón, representando el 10 % del total— más del 82 % optó por no participar.
Aquí aparece el dato políticamente incómodo: aunque el presidente Luis Abinader obtuvo oficialmente el 57,44 % de los votos válidos emitidos, cuando se calcula sobre el universo total del padrón, representa aproximadamente el 31 % de los ciudadanos habilitados para votar.
Es decir, el Estado gastó cifras históricas en publicidad mientras casi la mitad del país decidió no acudir a las urnas.
La propaganda aumentó.
La confianza disminuyó.
Un organismo que invierte cantidades crecientes en anunciarse, pero genera confianza decreciente entre quienes lo financian, no tiene un problema de comunicación.
Tiene un problema de legitimidad.
Y la publicidad no cura la legitimidad.
La simula.
Publicidad capturada: definición de un mecanismo
Aquí reside el núcleo del problema.
La comunicación pública legítima informa derechos, servicios y políticas públicas. Explica cómo acceder a un programa social, dónde vacunarse, cómo prevenir una epidemia o solicitar un documento.
Eso es comunicación institucional. Eso justifica un presupuesto.
Lo que ocurre en República Dominicana es otra cosa, y merece ser nombrado con precisión.
He decidido llamar este fenómeno:
Publicidad capturada es aquella publicidad financiada con recursos públicos que, bajo apariencia institucional, funciona realmente como mecanismo de administración política del ecosistema mediático.
Su lógica es simple:
- Premiar docilidad.
- Suavizar críticas.
- Administrar silencios.
- Construir percepción de éxito.
- Convertir el presupuesto nacional en una herramienta indirecta de influencia editorial.
No hace falta censura abierta cuando el Estado controla la oxigenación financiera del ecosistema comunicacional.
Un periodista no necesita recibir una llamada amenazante.
Le basta saber quién paga la nómina publicitaria del canal donde trabaja.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido que cuando el Estado distribuye publicidad sin criterios objetivos y verificables, ese dinero se convierte en un instrumento de presión: los medios que reciben fondos tienen incentivos para suavizar la cobertura; los que no los reciben sienten la señal de la adversidad económica. El mercado de la información se distorsiona no por decreto, sino por diseño presupuestario.
El decreto que nació incumplido
En enero de 2024, en plena tensión preelectoral, el presidente Abinader promulgó el Decreto 1-24.
La medida prohibía expresamente: publicidad estatal con fines propagandísticos, uso de imagen de funcionarios y promoción personal financiada con fondos públicos.
El mensaje parecía correcto.
Duró días.
Ese mismo período, la Diecom adjudicó contratos publicitarios por aproximadamente RD$1800 millones bajo modalidad de excepción, sin licitación pública competitiva. Posteriormente, contratos adicionales elevaron la cifra hasta cerca de RD$2700 millones.
El decreto fue firmado y vulnerado casi simultáneamente.
Cuando una norma convive pacíficamente con su incumplimiento, el problema ya no es jurídico.
Es moral.
El circuito que el ciudadano financia sin saberlo
En esta serie he documentado cómo el sistema de combustibles convierte al ciudadano en banco ciego de su propio alivio. Cómo el subsidio que el Estado anuncia es, en gran medida, una devolución parcial de los impuestos que previamente cobró. Cómo el financiamiento a partidos políticos alimenta estructuras que se protegen a sí mismas con mayor disciplina que la que aplican para proteger a la gente.
La publicidad estatal cierra ese círculo.
Aquí aparece la anatomía completa del circuito. El mismo ciudadano que paga impuestos sobre su combustible, consumo, trabajo, alimentos, importaciones y servicios.
Financia con parte de esa recaudación la narrativa que intenta convencerlo de que el sistema que lo empobrece funciona bien. Paga la factura del anuncio. Y además paga el aplauso que el anuncio busca generar.
El ciudadano dominicano no es el destinatario de la publicidad estatal.
Es su fuente de financiamiento.
Comparación regional: cuando la publicidad sí tiene reglas
Otros países latinoamericanos entendieron hace años el peligro de utilizar la publicidad estatal como mecanismo político.
En Chile, los contratos son auditables y centralizados mediante ChileCompra.
En Costa Rica, existen criterios objetivos vinculados a la audiencia y alcance verificable.
En Perú, la ley limita y regula la publicidad estatal en medios privados.
En todos esos modelos existe trazabilidad pública:
- Quién recibió dinero.
- Cuánto recibió.
- Por qué lo recibió.
- Bajo qué criterios.
En República Dominicana, gran parte de esa arquitectura permanece opaca.
El ciudadano financia campañas multimillonarias sin poder rastrear completamente el destino de cada peso.
La reforma pendiente
No propongo eliminar la comunicación institucional.
Propongo devolverle la legitimidad.
La solución es técnicamente posible y moralmente urgente:
1. Techo legal al gasto publicitario
Ninguna institución debe superar un porcentaje fijo del presupuesto nacional destinado a propaganda y comunicación.
2. Prohibición absoluta de promoción personalizada
Ningún funcionario electo debe aparecer en campañas pagadas con dinero público.
3. Licitación pública obligatoria
Toda contratación publicitaria relevante debe pasar por procesos abiertos, auditables y competitivos.
4. Portal único de transparencia publicitaria
Cada contrato debe publicarse en tiempo real:
- Medio beneficiado.
- Monto.
- Duración.
- Objetivo.
- Métricas de impacto.
5. Auditoría trimestral independiente
La Cámara de Cuentas debe fiscalizar permanentemente este gasto con consecuencias administrativas y penales reales.
La pregunta moral
Toda nación revela sus verdaderas prioridades observando dónde coloca sus recursos.
Y hoy la República Dominicana transmite un mensaje devastador: el Estado parece invertir más energía en narrarse a sí mismo que en corregir las causas profundas del sufrimiento social.
Por eso la abstención crece.
Porque una parte creciente del país siente que la política dejó de hablarle a la gente y comenzó a hablarse a sí misma.
El cierre
Mientras escribo estas líneas, algún paciente dominicano probablemente está buscando dinero para comprar sangre o un medicamento que el hospital no tiene.
Alguna madre estará improvisando comida para que sus hijos cenen.
Algún envejeciente decidirá entre comprar sus antihipertensivos o pagar la electricidad.
Y en paralelo, millones de pesos continúan fluyendo diariamente hacia campañas destinadas a convencernos de que avanzamos.
Pero ningún anuncio sustituye una cama hospitalaria.
Ningún spot televisivo baja el precio de los alimentos.
Ningún jingle gubernamental reemplaza un medicamento oncológico.
La democracia no fue concebida para financiar su propia promoción permanente.
Fue concebida para aliviar el sufrimiento humano.
Y cuando un Estado gasta más energía en proteger su imagen que en sanar las heridas de su pueblo, el problema ya no es presupuestario.
Es ético.
Porque una nación no se reconstruye comprando micrófonos.
Se reconstruye cuando el ciudadano vuelve a sentir que el presupuesto también lleva su nombre.
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