Hace un año el gobierno retiró un proyecto en el Jardín Botánico que impactaba el ambiente natural. En aquella ocasión explicamos para el periódico Acento el problema ambiental de América Latina, escondido detrás del Jardín Botánico. Esta vez nos trasladamos al sur del país con la intención de analizar la decisión del presidente Abinader de detener el proyecto minero en la provincia de San Juan, el cual abrió un amplio debate nacional sobre el modelo de desarrollo, la legitimidad del poder político, la presión social y la responsabilidad ambiental del Estado. Más allá del conflicto económico o técnico, este caso permite una reflexión profunda sobre la relación entre poder, ciudadanía, naturaleza y bien común.
La controversia puede analizarse desde distintos marcos teóricos y filosóficos: el realismo político de Nicolás Maquiavelo, la comprensión del poder y la acción pública en Hannah Arendt, los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular nacidos en la Revolución Francesa, así como la ética ecológica propuesta por el papa Francisco en la encíclica Laudato si'.
1. El realismo político de Maquiavelo y la conservación del poder
En El príncipe, el autor sostiene que el gobernante prudente debe interpretar las circunstancias y actuar conforme a la realidad concreta y no únicamente desde principios abstractos.
La suspensión del proyecto minero puede entenderse como una decisión estratégica. El gobierno enfrentaba tensiones sociales crecientes, protestas comunitarias, resistencia ambientalista y preocupación eclesial. Continuar el proyecto podía producir una crisis mayor, aumentando el conflicto social en una región históricamente sensible.
Desde este pensamiento, Abinader habría actuado siguiendo la lógica de la "razón de Estado": sacrificar un posible beneficio económico inmediato para preservar la gobernabilidad, la estabilidad social y la imagen pública del país. Maquiavelo afirmaría que un gobernante inteligente sabe retirarse a tiempo cuando una decisión amenaza la cohesión social.
2. Hannah Arendt: poder, participación y espacio público
La filósofa Hannah Arendt distingue entre poder y violencia. Para ella, el verdadero poder nace cuando las personas actúan juntas en el espacio público y participan activamente en los asuntos comunes. El poder legítimo no depende exclusivamente de la fuerza estatal, sino del consentimiento social.
El conflicto minero en San Juan mostró precisamente la importancia de la acción ciudadana. Comunidades campesinas, organizaciones sociales, sectores religiosos y ambientalistas construyeron un espacio público de debate donde la defensa del agua y del territorio se convirtió en una causa colectiva.
Así, la decisión presidencial puede interpretarse como el reconocimiento del poder ciudadano. El gobierno comprendió que la legitimidad democrática exige escuchar las preocupaciones de la población y responder a las demandas sociales antes de que el conflicto derive en fractura institucional.
Arendt también advertía sobre los peligros de una política puramente tecnocrática, donde las decisiones se toman desde criterios económicos sin considerar la dimensión humana y comunitaria. El caso de San Juan evidencia que las políticas públicas no pueden reducirse a indicadores financieros; deben considerar la memoria colectiva, la identidad territorial y la participación democrática.
En este sentido, la suspensión del proyecto minero representó una reafirmación del espacio público democrático, donde la ciudadanía logró influir directamente en las decisiones del Estado.
3. Los ideales de la Revolución Francesa: soberanía popular y bien común
Los principios fundamentales de la Revolución Francesa —libertad, igualdad y fraternidad— transformaron la comprensión moderna del Estado y de la soberanía. El poder dejó de entenderse como patrimonio exclusivo de las élites y pasó a fundamentarse en la voluntad del pueblo.
El conflicto en torno a la minería en San Juan plantea precisamente la cuestión de quién decide sobre los bienes naturales de una nación. ¿Debe prevalecer exclusivamente el interés económico? ¿O la población local posee un derecho legítimo a participar en decisiones que afectan su territorio y sus recursos vitales?
Desde la herencia revolucionaria francesa, la soberanía reside en el pueblo. Por tanto, cualquier proyecto económico de gran impacto debe considerar la participación ciudadana, la transparencia institucional y la protección del bien común.
La oposición comunitaria al proyecto minero expresó una defensa del principio de fraternidad social: el desarrollo económico no puede construirse sacrificando la seguridad ambiental y la calidad de vida de las futuras generaciones. La igualdad también entra en juego, pues muchas veces las comunidades rurales cargan con los costos ambientales mientras otros sectores reciben los beneficios económicos.
La decisión presidencial, entonces, puede interpretarse como un reconocimiento implícito a la necesidad de mantener la cohesión social por encima de intereses particulares.
4. Laudato si': ecología integral y defensa de la casa común
La encíclica Laudato si' del papa Francisco constituye uno de los documentos contemporáneos más influyentes sobre ética ambiental. En ella, el pontífice critica el paradigma tecnocrático y denuncia modelos económicos que priorizan la rentabilidad sobre la dignidad humana y la protección de la naturaleza.
Francisco propone el concepto de "ecología integral", según el cual la crisis ambiental y la crisis social están profundamente conectadas. No puede defenderse la vida humana mientras se destruyen ecosistemas esenciales para las comunidades.
La preocupación principal en San Juan giraba en torno al agua, recurso fundamental para la agricultura y la supervivencia regional. Desde la perspectiva de Laudato si', la defensa del agua no es únicamente una cuestión técnica, sino un imperativo ético y espiritual.
Francisco insiste en que la política debe colocarse al servicio del bien común y no someterse exclusivamente a los intereses económicos. En este sentido, la suspensión del proyecto minero puede interpretarse como una decisión alineada con el principio de precaución ecológica y con una visión ética del desarrollo.
La Iglesia latinoamericana ha defendido con frecuencia el derecho de las comunidades a proteger sus territorios frente a modelos extractivos que amenazan la biodiversidad, el agua y la cultura local. El caso de San Juan refleja esta tensión entre economía extractiva y sostenibilidad integral.
En definitiva, la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero en San Juan no puede analizarse únicamente como una medida administrativa o económica. Se trata de un hecho profundamente político y ético que revela las tensiones contemporáneas entre desarrollo, legitimidad democrática, poder ciudadano y protección ambiental.
El caso de San Juan muestra que las democracias contemporáneas enfrentan un desafío central: construir modelos de desarrollo que integren crecimiento económico, justicia social, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental. La política del siglo XXI ya no puede limitarse a administrar recursos; debe también proteger la dignidad humana y el equilibrio ecológico de las futuras generaciones. Ahora, la comunidad de la Cuaba clama y espera por el gobernante que sabe escuchar al pueblo que pide que en su comunidad no le instalen un vertedero de basura porque entienden que para ello hay otros lugares.
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