Durante las últimas décadas, gran parte del debate económico en América Latina se concentró en el crecimiento del producto interno bruto, la reducción de la pobreza monetaria y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que el crecimiento económico, aunque necesario, no ha sido suficiente para reducir de manera sostenida las desigualdades estructurales ni para garantizar capacidades equivalentes de bienestar, protección y movilidad social.
La discusión contemporánea sobre desigualdad ya no puede limitarse únicamente a la distribución de ingresos o riqueza. El análisis comienza a ampliarse hacia otra dimensión igualmente decisiva como la distribución desigual de capacidades reales para enfrentar riesgos económicos, climáticos, sanitarios y tecnológicos en sociedades crecientemente complejas e inestables.
En ese sentido, la desigualdad contemporánea puede entenderse también como una concentración progresiva de capacidad adaptativa.
El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 documenta la magnitud actual de la concentración económica mundial. Según el estudio, el 10 % más rico de la población concentra el 75 % de la riqueza global y recibe el 53 % de los ingresos mundiales, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 2 % de la riqueza. Asimismo, menos de 60 000 multimillonarios controlan tres veces más riqueza que la mitad completa de la humanidad.
Estas cifras reflejan algo más complejo que una distribución desigual de los recursos monetarios. La concentración patrimonial implica también acceso diferencial a educación, ahorro, innovación tecnológica, protección financiera, movilidad territorial y servicios de salud de mayor calidad. La acumulación de riqueza termina ampliando también las capacidades de protección frente a incertidumbres futuras.
En esa dirección, Thomas Piketty (2014) mostró que cuando la rentabilidad del capital supera persistentemente el crecimiento económico y salarial, las desigualdades patrimoniales tienden a consolidarse intergeneracionalmente. Los datos recientes sugieren que este proceso continúa profundizándose. El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 estima que, desde la década de 1990, la riqueza de multimillonarios y centimillonarios ha crecido aproximadamente un 8 % anual, significativamente por encima del crecimiento experimentado por la mitad más pobre de la población mundial.
La relevancia de este fenómeno se vuelve particularmente visible cuando se analizan las capacidades reales de protección frente a crisis. La pandemia de la covid-19 mostró que los riesgos biológicos no afectan homogéneamente a las poblaciones. La posibilidad de teletrabajo, aislamiento domiciliario, continuidad educativa, acceso oportuno a servicios médicos, estabilidad laboral y protección financiera estuvo fuertemente condicionada por ingreso, empleo, territorio y acceso institucional.
Las crisis contemporáneas también han modificado la naturaleza de la vulnerabilidad social. La creciente exposición a pandemias, inflación alimentaria, desplazamientos forzados o eventos climáticos extremos refleja parte de lo que Ulrich Beck (1992) describió como una "sociedad del riesgo", caracterizada por amenazas globales derivadas del propio desarrollo moderno. No obstante, la evidencia reciente muestra que dichos riesgos se encuentran profundamente estratificados. La exposición a enfermedad, desempleo, inseguridad alimentaria o deterioro climático depende crecientemente de la capacidad adaptativa acumulada por individuos, hogares y territorios.
La crisis climática constituye un ejemplo particularmente visible de esta dinámica. El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 estima que el 10 % más rico de la población mundial genera el 77 % de las emisiones asociadas a la propiedad de capital privado, mientras que la mitad más pobre representa apenas el 3 %. Sin embargo, las poblaciones más vulnerables suelen poseer menor capacidad de adaptación frente a eventos climáticos extremos, inseguridad hídrica, desplazamiento territorial o deterioro sanitario asociado al cambio climático.
La desigualdad climática no consiste únicamente en quién contamina más, sino también en quién posee mayores capacidades de protección frente a las consecuencias del deterioro ambiental.
Las brechas en capital humano constituyen otro de los mecanismos más persistentes de reproducción de la desigualdad contemporánea. Las diferencias en inversión educativa entre regiones no solo condicionan acceso al conocimiento, sino también capacidades futuras de productividad, innovación y adaptación tecnológica. El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 documenta que mientras Europa invierte más de 7 400 euros por niño y América del Norte y Oceanía más de 9 000 euros por persona en edad escolar, África subsahariana apenas alcanza unos 220 euros.
Estas diferencias afectan mucho más que indicadores presupuestarios. Condicionan capacidades futuras de inserción productiva, movilidad social y adaptación tecnológica en economías crecientemente intensivas en conocimiento. Desde la perspectiva propuesta por Amartya Sen (1999), el desarrollo no depende únicamente del crecimiento agregado del ingreso, sino de la expansión efectiva de capacidades humanas y libertades reales.
El problema es que dichas capacidades no se construyen sobre bases sociales homogéneas. Pierre Bourdieu (1986) mostró que las ventajas derivadas del capital económico, social y cultural tienden a reproducirse acumulativamente entre generaciones. En contextos de elevada concentración patrimonial, esta dinámica amplía desigualdades educativas, tecnológicas y laborales difíciles de revertir únicamente mediante crecimiento macroeconómico.
La experiencia latinoamericana ilustra con claridad estas tensiones. La región experimentó importantes ciclos de crecimiento económico y una reducción parcial de la pobreza durante las últimas décadas, pero sin modificar suficientemente las estructuras que reproducen informalidad laboral, desigualdad territorial y acceso desigual a capacidades básicas de protección y movilidad social.
En la República Dominicana, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha advertido que el crecimiento económico sostenido no se ha traducido automáticamente en una reducción proporcional de las desigualdades estructurales. Aunque el país logró importantes avances en desarrollo humano y reducción de la pobreza monetaria, persisten brechas significativas asociadas a territorio, ingresos, acceso desigual a oportunidades y capacidades reales de bienestar.
De acuerdo con el PNUD, la República Dominicana perdió alrededor del 18,3 % de su índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad en 2023, mientras las brechas territoriales continúan afectando especialmente dimensiones vinculadas a salud, educación y acceso efectivo a oportunidades.
Esta divergencia entre expansión económica y desarrollo social refleja una limitación importante de los enfoques centrados exclusivamente en variables macroeconómicas agregadas. El crecimiento del producto interno bruto puede coexistir con estructuras persistentes de informalidad laboral, fragilidad institucional y acceso desigual a salud, educación, protección financiera y servicios esenciales. En esas condiciones, amplios sectores de la población permanecen expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad frente a crisis económicas, sanitarias o climáticas, aun en contextos de crecimiento sostenido.
Dentro de ese escenario, la calidad del empleo adquiere un papel particularmente decisivo. El Banco Mundial ha señalado recientemente que una proporción importante de la población de Centroamérica y República Dominicana continúa atrapada en condiciones persistentes de vulnerabilidad económica, y que el empleo formal y productivo sigue siendo uno de los principales mecanismos de reducción sostenible de pobreza y ampliación de movilidad social.
En la República Dominicana, el Banco Mundial estima que la pobreza disminuyó del 33,5 % en 2014 al 14 % en 2024, explicando cerca del 62 % de esa reducción por mejoras en ingresos laborales y empleo. Sin embargo, el organismo advierte que una parte importante de la población permanece vulnerable a retrocesos frente a crisis económicas, pérdida de empleo o deterioro inflacionario.
No obstante, el problema no parece limitarse únicamente a la creación de empleo, sino también a la calidad y estabilidad del empleo generado. Economías con elevados niveles de informalidad laboral suelen exhibir menor cobertura previsional, mayor vulnerabilidad financiera y acceso más limitado a mecanismos de protección social. En esos contextos, amplios sectores de la población permanecen expuestos a mayores riesgos frente a desempleo, enfermedad, pérdida de ingresos o gastos médicos catastróficos.
Estas condiciones terminan trasladándose directamente al ámbito sanitario. Las diferencias en esperanza de vida, carga de enfermedad, mortalidad evitable y protección financiera frente a gastos médicos rara vez responden exclusivamente a factores biológicos. Se encuentran profundamente condicionadas por ingreso, territorio, empleo, educación, cobertura sanitaria y capacidad institucional de los sistemas de salud.
La desigualdad en salud constituye así una expresión acumulativa de múltiples desigualdades sociales previas. Las poblaciones con menor acceso a empleo formal, educación de calidad, protección financiera o servicios públicos tienden también a enfrentar mayores barreras de acceso sanitario, diagnósticos más tardíos, menor continuidad terapéutica y peores resultados en salud a lo largo del ciclo de vida.
La posibilidad de acceder tempranamente a diagnóstico, medicamentos, atención especializada, nutrición adecuada o protección financiera frente a la enfermedad constituye también una forma de capacidad adaptativa. En contextos de alta desigualdad, los sistemas sanitarios tienden a reproducir parte de las mismas brechas presentes en empleo, educación y protección social.
La dimensión de género también forma parte de esta discusión. El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 muestra que, al incorporar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las mujeres ganan apenas el 32 % de los ingresos horarios masculinos y trabajan más horas semanales cuando se contabiliza conjuntamente trabajo remunerado y no remunerado.
Las brechas de género no se limitan a diferencias salariales visibles. Persisten además profundas desigualdades asociadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una dimensión que Nancy Fraser (2016) identifica como parte de las tensiones estructurales entre acumulación económica y reproducción social. Estas desigualdades afectan no solo ingresos presentes, sino también acumulación patrimonial futura, autonomía económica y acceso diferencial a protección social.
Otro aspecto relevante corresponde a la dimensión institucional y financiera internacional. El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 estima que aproximadamente el 1 % del PIB mundial fluye anualmente desde países pobres hacia economías ricas mediante ventajas estructurales del sistema financiero internacional. Las economías emisoras de monedas de reserva acceden a financiamiento más barato y mayores beneficios financieros, mientras muchas economías en desarrollo enfrentan menor espacio fiscal y mayores costos de endeudamiento.
Estas asimetrías condicionan directamente la capacidad de los Estados para financiar salud, educación, infraestructura y protección social.
La evidencia disponible muestra que la desigualdad no constituye un fenómeno inevitable ni exclusivamente derivado de dinámicas de mercado. Las políticas fiscales, laborales, educativas, sanitarias y financieras influyen decisivamente sobre la magnitud de estas brechas. La experiencia comparada también sugiere que sociedades con menor desigualdad y sistemas públicos más robustos tienden a exhibir mejores resultados sanitarios, educativos y de cohesión institucional.
Por ello, el debate contemporáneo sobre desigualdad trasciende progresivamente la discusión tradicional sobre distribución de ingresos. La concentración patrimonial no solo amplía diferencias de riqueza presente; también tiende a consolidar capacidades profundamente desiguales de protección, recuperación y adaptación frente a crisis económicas, sanitarias, climáticas y tecnológicas. En sociedades crecientemente expuestas a escenarios de incertidumbre, estas brechas terminan condicionando oportunidades futuras de movilidad, bienestar y resiliencia social.
Referencias
- Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Sage Publications.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). Greenwood.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024. Naciones Unidas.
- Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. New Left Review, 100, 99–117.
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2025). Ni tanto ni tan poco: la trampa de la desigualdad y el crecimiento económico.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- World Bank. (2025). El empleo: una vía para reducir pobreza en Centroamérica y República Dominicana.
- World Inequality Lab. (2025). Informe sobre la Desigualdad Global 2026.
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