La República Dominicana se enfrenta, una vez más, al desafío de reformar integralmente la Ley 87-01, la cual dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Este sistema fue presentado como la solución definitiva al histórico rezago en materia de protección social. El pueblo dominicano observa cuál será el curso de este proceso, esperando que no sea estéril, como lo fue en el período legislativo anterior.
Transcurridos más de 20 años desde su entrada en vigor el 1 de junio de 2003, muchos consideran que el Sistema de Pensiones basado en capitalización individual, ha tenido un impacto positivo en la macroeconomía, destacándose el incremento del ahorro interno y las inversiones que han beneficiado al Estado y a otros sectores. Algunos defienden su permanencia, llegando a afirmar que es imposible eliminarlo o transformarlo.
Sin embargo, al evaluar en qué medida el Sistema de Capitalización Individual ha cumplido las expectativas de la población y, en particular, si las pensiones que ofrece son justas, el panorama es desalentador. La llamada "tasa de reemplazo", es decir, el porcentaje del salario que se recibe como pensión, resulta irrisoria comparada con el ingreso previo a la jubilación.
Veamos algunos ejemplos hipotéticos, a partir de los datos de la SIPEN:
Una persona que cotizara con un salario de RD$40,000 recibiría una pensión de apenas RD$12,000 o menos.
Si el salario fuera de RD$60,000, la pensión sería menor a RD$18,000.
Y con un salario de RD$100,000, la pensión rondaría apenas los RD$30,000.
Ante esta realidad, surgen preguntas legítimas: ¿Dónde quedó el compromiso de brindar pensiones dignas que justificaron la creación del actual sistema? ¿Por qué se mantiene un modelo que garantiza ganancias a las AFP, pero condena a los afiliados a una vejez precaria?
Como si no fuera suficiente con la baja pensión que ofrece este sistema, la SIPEN ha revelado recientemente otro dato alarmante: sólo el 20% de los afiliados llegará a recibir esa exigua pensión. Es decir, el 80% de las personas afiliadas no tendrán acceso a una pensión.
Sorprendentemente, pese a este panorama, el Superintendente de Pensiones evita referirse a esta crisis del sistema de capitalización y se limita a proponer aumentos en las cotizaciones y el retraso en la edad de retiro, llevándola de 60 a 65 años.
Desde el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) nos preguntamos: ¿Cómo pueden plantearse tales medidas en un sistema que, en sus primeros 22 años, no ha logrado garantizar pensiones dignas a sus afiliados, que deberían ser su razón de ser?
Aumentar la edad de retiro en un país donde las oportunidades laborales para adultos mayores son mínimas, y donde reina la discriminación por edad, resulta una propuesta injusta. A partir de los 40 años, las posibilidades de conseguir empleo se reducen drásticamente.
El Superintendente debe explicar cómo pretende que las personas permanezcan activas hasta los 65 años. Su posición resulta insensible, discriminatoria y violatoria de derechos fundamentales como el acceso a la seguridad social, la salud integral y la protección de personas envejecientes o con discapacidad.
Resulta irónico que los legisladores dominicanos disfruten, desde 1998, del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano (creado mediante la Ley 340-98), que les garantiza pensiones de entre un 40% y un 80% de su salario. Si el sistema de capitalización individual es tan beneficioso, ¿por qué no lo aplican a sus propias pensiones?
El Congreso Nacional tiene en agenda la reforma integral de la Ley 87-01. La ciudadanía espera una reforma real, no simples maquillajes ni parches que continúen beneficiando a negocios financieros que han parasitado el sistema de seguridad social desde su creación.
Las sucesivas modificaciones a la Ley 87-01 han favorecido, en muchos casos, los intereses del sector financiero en detrimento de los derechos de los afiliados. Se han debilitado garantías fundamentales como el derecho a la salud, la protección social en la vejez, y el apoyo a personas con discapacidad.
Es imperativo que los legisladores consulten de forma amplia y objetiva a la ciudadanía para saber si el sistema actual satisface sus necesidades. Deben preguntarse si la población está conforme con las AFP y el modelo de capitalización individual.
Senadores y diputados deben salir de su zona de confort y empatizar con la realidad de la mayoría. No pueden juzgar la efectividad del sistema desde su posición privilegiada, con pensiones y seguro de salud a los que la mayoría no puede aspirar.
Si realmente escucharan al pueblo que representan, constatarían el fracaso del sistema actual, tanto en salud como en pensiones, así como la frustración e incertidumbre de los afiliados.
Si fueran conscientes de esta situación, descartarían de inmediato las propuestas de aumentar cotizaciones y posponer la edad de retiro, tal como exigen las AFP y sus defensores.
Conviene recordar que hace más de 24 años se prometió que este sistema traería certidumbre y protección. Sin embargo, tras más de dos décadas, lo que ha imperado es la incertidumbre, el desamparo y una creciente carga económica para los afiliados, que deben cubrir de su bolsillo muchos servicios que deberían estar garantizados.
¿Se atrevería algún legislador a renunciar a su sistema especial de pensiones y afiliarse a una AFP? Lo dudo.
Si la capitalización individual es tan buena, ¿por qué los propios legisladores mantienen un sistema especial basado en reparto? ¿Acaso consideran que el pueblo dominicano no merece la misma certidumbre?
Si la capitalización individual ha demostrado ser ineficiente, ¿por qué no asumen su responsabilidad de impulsar un cambio que garantice una protección oportuna y suficiente?
Afortunadamente, algunos legisladores han manifestado que es necesario modificar integral y racionalmente el sistema. ¡Bravo por ellos! Ojalá más se sumen y entreguen al pueblo dominicano la seguridad social que merece.
Un nuevo sistema debe estar centrado en los derechos fundamentales, como expresión de la responsabilidad del Estado Dominicano. Debe ser solidario y sostenible.
La Coalición por la Seguridad Social Digna ha presentado una propuesta de reforma integral de la Ley 87-01, acogida por la Comisión Bicameral del Congreso. Esta propone la creación de un sistema de pensiones obligatorio y solidario, basado en un moderno modelo de reparto, que garantice pensiones predefinidas y cobertura universal.
Los estudios muestran que este nuevo sistema, propuesto por la Coalición, además de ofrecer mejores prestaciones, sería más económico que el actual modelo de capitalización individual.
El fracaso de las AFP, el alto costo del sistema actual, la escasa cobertura, la incertidumbre y las ganancias desproporcionadas de las administradoras privadas son elementos que los legisladores no deben ignorar. Persistir en ese modelo podría costarles no sólo su reputación, sino su futuro político y el de sus partidos.
El pueblo dominicano merece un sistema de pensiones solidario, basado en reparto, que brinde respaldo en los momentos más vulnerables: vejez, discapacidad, cesantía, fallecimiento o sobrevivencia.
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