En la primera entrega de esta serie se analizó cómo el trauma electoral de 1994 y el posterior "Pacto por la Democracia" configuraron una crisis de legitimidad que abrió paso al primer gobierno del PLD.
Este segundo artículo examina cómo esa transición política entre 1996 y 2000, dio lugar: primero, a un ciclo de reformas económicas, segundo, a reforma política institucional y, tercera, al fortalecimiento de un discurso político binario que sigue estructurando la opinión pública y el imaginario social de los dominicanos hasta hoy.
A partir de 1996 se inició en la República Dominicana la tercera transición democrática después de la muerte del dictador Trujillo. Se produjo en un escenario internacional marcado por la caída del Muro de Berlín, la crisis de la ideología socialista, la revolución de los medios de comunicación, las plataformas digitales y el auge de la ideología neoliberal a escala global.
De forma general, en el país, se inició la implementación del Consenso de Washington, caracterizado por la disciplina fiscal, reducción del gasto público, la privatización, la reforma impositiva, la liberalización financiera, la desregulación de los tipos de cambio y salarios, los incentivos fiscales a la inversión extranjera y la apertura del comercio.
A través del discurso de "modernización" —que en los hechos significaba adecuar el Estado a la liberalización del mercado global— se inició la reforma de las instituciones del Estado que implicó la descentralización administrativa, la privatización de las empresas públicas y la reducción del gasto público.
En este contexto, se fortaleció en los medios y las plataformas digitales un discurso político binario polarizador de la sociedad civil en tres aspectos: entre neoliberales y socialdemócrata, patriotas (anti-haitianos) y antipatriotas (pro-derechos humanos) y entre progresistas y conservadores.
La herencia de Balaguer
A nivel nacional, el primer gobierno de Leonel Fernández (PLD) no solo heredó de Joaquín Balaguer el apoyo de la élite empresarial, de los medios de comunicación y de los grupos conservadores tradicionales. Heredó también una República Dominicana marcada por una profunda crisis de legitimidad política; un relevo político generacional; una economía estable pero frágil; y una enorme deuda social.
El pacto, producto del trauma electoral del 1994, produjo también una transición del liderazgo político. Con la prohibición de la reelección de Joaquín Balaguer, el deterioro de la salud mental de Juan Bosch y el quebranto físico de Peña Gómez, se cerró el ciclo del liderazgo nacional-popular, y se consolidó un nuevo tipo de liderazgo pragmático-conservador en el país.
A pesar de la "estabilidad macroeconómica" y del crecimiento del PIB, el primer gobierno del PLD heredó una enorme deuda social: la inversión pública en salud y educación se encontraba entre las más bajas de América Latina. Según estimaciones de la CEPAL para ese período, el gasto social apenas promediaba entre el 4% y el 6% del PIB, lo que mantenía a un enorme porcentaje de la población sumido en la pobreza y la informalidad laboral.
La reforma neoliberal y los nuevos traumas sociales
En este contexto, el gobierno de Leonel Fernández (PLD), reinició la reforma económica neoliberal: se retomaron los convenios con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los acuerdos de libre comercio, la desregulación de las actividades económicas y la "capitalización" —eufemismo de la privatización— de la propiedad pública.
Este giro neoliberal: de desmontes de las políticas públicas y apertura del mercado, se desplegó en dos frentes. Primero, una reforma arancelaria que facilitó las importaciones mediante la flexibilización y suspensión de impuestos aduaneros, en sintonía con la globalización de los mercados y los acuerdos de libre comercio. Segundo, un programa de "capitalización" de los bienes públicos del Estado dominicano, que pasaron a ser vendidos y/o transferida su administración al sector privado.
Mediante el "Proyecto de Ley de Capitalización y Reestructuración de la Propiedad Pública del Estado": La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL) y las veinticuatro compañías que integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), heredada de las empresas de Trujillo, pasarían a ser administradas por el sector privado.
En este proceso de “capitalización” los escándalos políticos de corrupción, visibilizado por los medios no se hicieron esperar, agravado por las deficiencias de los servicios públicos de salud, educación y una subida incontrolada de los precios de los productos de primera necesidad, que dejó la tasa de inflación de 1997 en 9,6%, tres veces más alta que la del año anterior, crearon las condiciones para la construcción de un discurso político binario.
El código binario en el discurso político dominicano
El trauma social (J. Alexander) y/o escándalo político (J. B. Thompson), producido por estas políticas de “capitalización”, liberalización económica e inflación, permitió a la oposición construir un discurso político binario, articulado en una serie de significantes que se producen y reproducen en los medios de comunicación y las plataformas digitales, y operan como mecanismo de diferenciación de los partidos y recurso de construcción de la opinión pública y el imaginario social de los ciudadanos dominicanos.
Este tipo de codificación binaria —en la que cada término convoca automáticamente a su opuesto moral— es característico de lo que la teoría del discurso político (Ernesto Laclau y Chantal Mouffe), se describe como la construcción de fronteras antagónicas: la política deja de discutirse en términos de matices temporales y pasa a organizarse de manera esencialista, alrededor de ejes puro/impuro, amigos/enemigos, patriotas/antipatriotas, nacionalistas/pro-derechos humanos.
De manera que, durante la transición política de 1996-2000, se instaló un discurso político que enfrenta al partido de gobierno con la oposición mediante los siguientes ejes:
Falta de apoyo a la industria nacional vs. los que apoyan la producción.
Corrupto, mafioso, no transparente vs. transparencia y cero tolerancia a la corrupción.
Privatizador vs. defensor de la propiedad pública.
"Comesolo" —elitismo de clase media, frente al “Boroneo” de la solidaridad popular y el populismo.
Estos significantes no se redujeron al discurso político, sino que se activaron en titulares de prensa, discursos de campaña, protestas sociales y consignas electorales que movilizaron políticamente a los ciudadanos.
Del trauma social a la urna: la resolución electoral del conflicto
Este discurso binario incrementó la polarización política, las protestas y las demandas de la sociedad civil, los movimientos sociales y la ciudadanía. Sin embargo —y este es el punto que quiero destacar— esa polarización terminó resolviéndose, otra vez, a través de los procesos electorales y no por la vía de la ruptura institucional o la búsqueda de un outsider.
Poniendo en evidencia también, que la continuidad más profunda de la transición democrática dominicana de 1996-2026 es que cada cuatro años, el discurso político polariza la sociedad civil y el sistema de partidos administra —sin resolver— los grandes traumas sociales.
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