Llevo más de veinte años escribiendo sobre la violencia en la sociedad dominicana. He abordado muchas de sus facetas: la que se ejerce en las calles, la que se instala en los hogares, la que afecta a los más vulnerables y la que se disfraza de rutina. Creía, en cierto modo, haberlo visto todo. Sin embargo, cada cierto tiempo hay casos que obligan a detenerse.
El terrible desenlace al que fue empujado Deivy Carlos Abreu es uno de ellos. No comienza con el ataque que le costó la vida. Comienza antes, en el momento en que acudió a un cuartel policial buscando protección… y no la recibió.
Ese instante marca un quiebre en la responsabilidad del Estado y en la seguridad ciudadana. Porque, más allá de las reformas anunciadas, lo esencial —proteger— sigue sin hacerse realidad.
Al saber del caso, me surgió una pregunta: ¿era haitiano? La pregunta incomoda, pero revela algo profundo. Durante los últimos años hemos aprendido o asumido que la desprotección golpea más a unos que a otros, que existen vidas más expuestas, más vulnerables, más invisibles. Sin embargo, este caso desplaza esa idea. Nos enfrenta a la idea de que el abandono puede alcanzar a cualquiera.
Estamos frente a un patrón de violencia aparentemente indetenible. Lo vemos en la violencia que atraviesa la vida de los niños, niñas y adolescentes. Según datos de Unicef, una proporción alarmante —más de la mitad de estos— ha sido víctima de algún tipo de violencia. No se trata de episodios excepcionales, sino de experiencias que forman parte de lo cotidiano: en los hogares, las calles o escuelas. La violencia deja de ser un escándalo y se convierte en un lenguaje.
También lo vemos en el trato hacia los migrantes, sometidos a prácticas que muchas veces vulneran derechos básicos, en un clima donde la sospecha y el rechazo tienden a normalizarse. Esa violencia parecía dirigida hacia "otros". Era posible, incluso, justificarla: "son ilegales", o ignorarla.
Pero la violencia no se contiene. Se expande. Cuando una sociedad tolera que ciertos grupos no tengan derechos, abre una puerta que luego no logra cerrar. Lo que comienza como excepción termina convirtiéndose en regla. Lo que se permite en los márgenes acaba instalándose en el centro.
Es lo que revela el caso de Deivy Carlos Abreu. No es solo la agresión de unos motoristas. Es la suma de fallas: la incapacidad de prevenir, la ausencia de respuesta inmediata, la fragilidad de las instituciones llamadas a proteger. Es, sobre todo, la confirmación de que la violencia se apoya en la indiferencia. Este caso fue filmado incluso antes de que se intentara socorrer. Un triste reflejo de nuestros tiempos, donde la reacción inmediata ya no es ayudar, sino registrar.
Esa indiferencia es quizás el signo más preocupante. Porque ya no sorprende. Se comenta, se lamenta brevemente y se sigue adelante. Como si formara parte de un orden inevitable.
No obstante, nada de esto es inevitable. Una sociedad se define por su capacidad de proteger a quienes están en riesgo. Cuando un niño vive con miedo, cuando una migrante a punto de dar a luz evita acudir a un hospital por temor, cuando un ciudadano llega a un cuartel y no encuentra auxilio, lo que está en juego no es solo la seguridad de algunos: es la credibilidad del conjunto.
El problema nunca fue únicamente la violencia visible, la que golpea y mata. El problema es el entramado que la permite: por un lado, la violencia de la pobreza, la falta de educación de calidad, etc., y por el otro, la tolerancia, la repetición, la ausencia de consecuencias.
Como suele ocurrir, en este caso se ha encontrado un culpable inmediato: los motoristas. Sin negar la gravedad del fenómeno, su señalamiento como responsables exclusivos funciona como un conveniente chivo expiatorio.
Porque el día en que la violencia deja de escandalizar… y la ausencia del Estado deja de sorprender, ese día ya hemos cruzado una línea mucho más peligrosa que cualquier acto criminal.
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