Durante el Consejo de Ministros ampliado, presidido por el presidente Abinader, se acordaron metas presidenciales para 2026 en materia de empleo, seguridad, vivienda, agua, infraestructura, salud, educación y crecimiento económico. En ese contexto, hay un factor común que atraviesa todas estas prioridades y que debe colocarse en primer plano: el territorio.
Sin ordenamiento territorial, ninguna meta nacional logra materializarse de forma sostenible, equitativa y eficiente. El propio Consejo de Ministros dejó en evidencia que el territorio no es un asunto accesorio, sino una condición estructural del desarrollo.
El presidente Abinader ha sido el primer mandatario en colocar la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos entre las normas más relevantes de su gestión, y en asumir de manera explícita el ordenamiento territorial como un componente central del desarrollo nacional. Este énfasis ha sido reiterado tanto en su discurso como en la priorización de la acción pública.
Las metas presidenciales no son sectoriales en sentido estricto. Todas requieren un soporte físico, social y ambiental que las haga viables. Ese soporte es el territorio, y es allí donde el ordenamiento territorial se consolida como una política de Estado, no como una función técnica aislada.
Las metas presidenciales 2026 abarcan ámbitos diversos, además de los ya mencionados, como la adaptación al cambio climático, la mejora de los servicios sociales y el fortalecimiento institucional. Aunque cada una tiene responsables sectoriales claros, todas comparten una pregunta fundamental: ¿dónde y cómo se implementan?
El ordenamiento territorial responde precisamente a esa pregunta. Define usos del suelo, orienta la localización de inversiones públicas y privadas, previene conflictos territoriales, reduce riesgos y contribuye a corregir desigualdades regionales. En términos prácticos, crea las condiciones para que las políticas públicas funcionen.
La generación de empleo, por ejemplo, no depende solo de incentivos económicos. Requiere territorios preparados para la actividad productiva, con reglas claras y compatibilidad de usos. Lo mismo ocurre con la vivienda digna, que no se logra únicamente construyendo unidades habitacionales, sino garantizando suelo apto, servicios, accesibilidad y articulación urbana.
Incluso la seguridad ciudadana tiene una dimensión territorial profunda. Más allá de la acción policial, intervienen factores como el diseño urbano, los equipamientos, la cohesión social y el ordenamiento del espacio.
Otro eje central de las metas presidenciales es la infraestructura estratégica y la gestión del agua. En ambos casos, el ordenamiento territorial cumple una función preventiva. Decidir dónde construir una carretera, un acueducto, un hospital o una escuela es tan importante como la obra misma.
Cuando el territorio no está ordenado, la inversión pública se encarece, se vuelve menos eficiente y más vulnerable a riesgos climáticos y ambientales. Cuando existe planificación territorial, la infraestructura se localiza mejor, se protege el suelo y se garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo. n ese sentido, el ordenamiento territorial no retrasa el desarrollo: lo acelera y lo protege. Por ello, como política de Estado, se convierte en un disparador del desarrollo.
Reducir brechas territoriales: el desarrollo también tiene geografía
Las metas presidenciales reconocen que el desarrollo no puede concentrarse en pocos espacios. Reducir brechas territoriales implica asumir que el país es diverso y que no todos los territorios parten de las mismas condiciones.
El ordenamiento territorial permite priorizar regiones, orientar políticas diferenciadas y articular esfuerzos entre el Gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil y sectores productivos. Así, se convierte en una herramienta clave para que el crecimiento económico y social llegue a más personas y lugares, fortaleciendo la cohesión nacional.
La eficiencia y la coordinación del Estado también forman parte central de la agenda presidencial. Aquí, el ordenamiento territorial cumple un rol silencioso pero decisivo: articula instituciones, evita duplicidades y ordena competencias en el espacio.
Cuando las decisiones públicas se toman con una visión territorial común, se reducen superposiciones y se aprovechan mejor los recursos. Gobernar con criterios territoriales compartidos permite un Estado más coherente y efectivo.
Una política habilitadora al servicio del liderazgo nacional
Este énfasis no surge de manera aislada. El país ha avanzado en reconocer que ordenar el territorio no es una tarea técnica secundaria, sino una condición política para gobernar mejor, invertir con mayor impacto y reducir desigualdades estructurales.
El alineamiento entre las metas presidenciales 2026 y las políticas de ordenamiento territorial no es casual ni accesorio. Es una decisión estratégica que fortalece el liderazgo público y la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos con la ciudadanía.
Conviene subrayar que el ordenamiento territorial no ejecuta obras ni presta servicios directamente. Su valor reside en que hace posible que todo eso ocurra bien: ordena, articula y sostiene el desarrollo.
En ese marco, el Viceministerio de Ordenamiento Territorial del Ministerio de la Presidencia ha desempeñado un rol relevante. En dos años ha validado técnicamente 30 planes de ordenamiento territorial de gobiernos locales dominicanos, fortaleciendo capacidades municipales y dotando al país de instrumentos concretos para una gestión territorial más coherente.
La proyección institucional es alcanzar las 10 regiones del país y la totalidad de sus municipios hacia 2028, consolidando una cobertura nacional que permita implementar las metas presidenciales con criterios territoriales homogéneos y sostenibles.
Si el país aspira a cumplir sus metas presidenciales con impacto real y duradero debe seguir apostando por el territorio como eje transversal de la acción pública. Porque, al final, no hay meta nacional que no se juegue en el territorio.
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