Durante semanas, muchos interpretamos los movimientos recientes dentro del gobierno como parte de una narrativa previa a una eventual reforma fiscal. Cancelaciones anunciadas, reacomodos administrativos y un discurso orientado a mostrar disciplina en el gasto parecían apuntar a la preparación de la opinión pública. Esa fue, inicialmente, también mi lectura.
Sin embargo, tras seguir con mayor atención las discusiones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y acceder a información altamente confiable, resulta evidente que esa percepción era incorrecta. Lo que está ocurriendo no es una estrategia fiscal anticipada. Es algo más profundo, más crudo y políticamente más revelador.
Estamos ante un reconocimiento implícito de incapacidad.
No se trata de una reforma del Estado ni de una transformación estructural del gasto público. Se trata del desplazamiento progresivo de cuadros políticos del PRM para dar paso a técnicos y figuras provenientes de otros partidos o del ámbito profesional independiente. El mensaje no es económico; es político: el propio partido de gobierno ha demostrado no tener la capacidad suficiente para administrar la cosa pública.
El presidente Luis Abinader, consciente de que no podrá reelegirse y de que su legado será evaluado sin el amortiguador del poder electoral, parece haber llegado a una conclusión inevitable: con los cuadros del PRM, tal como están formados y organizados, no es posible cerrar su gestión con resultados que resistan el juicio de la historia.
Los hechos hablan por sí solos.
Las principales áreas de gestión y las figuras de mayor visibilidad pública no están, en su mayoría, en manos de militantes orgánicos del PRM. Se recurre a técnicos, a aliados circunstanciales y a dirigentes ajenos al partido porque la cantera propia no dio la talla. No por persecución, no por exclusión arbitraria, sino por desempeño.
A este cuadro se suma un elemento aún más revelador: la reciente celebración de un Consejo de Ministros con la participación de asesores internacionales. Cuando un gobierno necesita sentar expertos externos en la mesa del máximo órgano de coordinación del Ejecutivo, lo que está admitiendo —sin decirlo— es que carece de capacidad técnica interna suficiente para gobernar con solvencia. No es cooperación institucional; es auxilio.
Este proceso puede interpretarse, superficialmente, como pragmatismo. Y, en efecto, gobernar con los mejores disponibles puede beneficiar al país en el corto plazo. Pero esa lectura ignora el problema de fondo: un partido que necesita ser reemplazado por técnicos y externos para poder gobernar no está en condiciones de seguir administrando el Estado.
Aquí reside la verdadera gravedad del momento.
Luis Abinader puede, con estos movimientos, intentar salvar su legado personal. Pero el PRM queda expuesto como un partido sin estructura de gobierno, sin cuadros formados y sin proyecto administrativo propio. Un partido que llegó al poder sin estar preparado para ejercerlo y que, ahora, ante la imposibilidad de la reelección presidencial, queda desnudo frente al país.
Las tensiones internas que hoy se manifiestan no son ideológicas ni programáticas. Son tensiones de desplazamiento y fracaso. Militantes que descubren, demasiado tarde, que ganar elecciones no equivale a saber gobernar. Y una organización política que empieza a pagar el costo de su propia improvisación.
El relevo de personas no es una reforma. Es apenas un parche. Y cuando un gobierno depende de parches para funcionar, el problema ya no es de gestión, sino de legitimidad para seguir administrando la cosa pública.
En el tramo final de esta administración, el país no solo debe preguntarse cómo cerrará el gobierno de Abinader. Debe preguntarse algo más inquietante: ¿está el PRM, como partido, en condiciones reales de volver a gobernar la República Dominicana?
A la luz de los hechos, la respuesta parece cada vez más evidente.
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