Una vez más, los titulares en los periódicos nacionales resaltan la noticia de que la DGII prepara normas para cobrar impuestos a las plataformas digitales, mencionando que los formatos de renta corta quedarían sujetos al 18% del ITBIS. Esperamos que sea esta vez la vencida.
Y es que, aunque entendemos que es un mal que aqueja al sector turístico internacional, sabemos también que muchos destinos han logrado organizar y formalizar la situación que afecta directamente a los hoteles dominicanos y, sobre todo, a las arcas de la nación.
El turismo caribeño está cambiando más rápido de lo que muchos gobiernos pueden entender. Mientras gran parte de la región ha continuado apostando exclusivamente al crecimiento hotelero tradicional, otro gigante ha avanzado poco a poco: las plataformas de alquileres turísticos de corta duración como Airbnb, VRBO, Expedia, TripAdvisor y Booking.com.
Actualmente, este fenómeno ya no puede verse como una tendencia sin importancia. Según un reciente estudio de la Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA), las rentas cortas se han convertido en uno de los principales motores del alojamiento turístico en el Caribe, al punto de que en destinos como Aruba ya superan a los hoteles en cantidad de noches vendidas.
Según esta investigación, entre los años 2019 y 2025 los visitantes alojados en unidades de renta corta en Aruba crecieron un 118%, mientras que los que se alojaron en los hoteles apenas aumentaron un 9,4%. Más aún, las noches ocupadas en alojamientos tipo Airbnb ya sobrepasan las hoteleras.
La realidad en nuestro país no es menos impactante. El estudio estima que República Dominicana posee alrededor de 54,000 unidades de alquiler turístico, equivalente a unas 110,000 habitaciones, cifra superior al inventario hotelero del país, que se calcula en unas 90,000 habitaciones hoteleras. Sin embargo, gran parte de estas operaciones de renta corta continúa funcionando en un limbo regulatorio.
Este informe no plantea eliminar las plataformas. De hecho, reconoce que han democratizado el turismo, ampliando la oferta y permitiendo que miles de familias obtengan ingresos adicionales. El problema que se presenta es otro: la ausencia de reglas claras, supervisión fiscal y estándares mínimos de seguridad.
Mientras los hoteles pagan impuestos, cumplen regulaciones laborales, inspecciones sanitarias y normas de seguridad, miles de propiedades turísticas operan fuera del sistema formal. Este estudio señala que República Dominicana estaría dejando de percibir cerca de RD$10 mil millones anuales en impuestos vinculados a este sector (aproximadamente US$170 millones).
Pero el impacto va más allá del fiscal. Los alojamientos de renta corta están transformando barrios residenciales completos, encareciendo las viviendas, desplazando residentes locales y generando conflictos de convivencia. En muchos destinos del Caribe ya existe preocupación por la presión sobre servicios públicos, playas, tránsito, seguridad y acceso a la vivienda.
Paradójicamente, el mismo turismo que durante décadas se concentró en grandes resorts ahora se infiltra en comunidades urbanas y residenciales sin que exista planificación territorial adecuada.
El estudio advierte, además, sobre otro fenómeno del cual quizás no nos estemos percatando: las aerolíneas continúan calculando su capacidad aérea en función de las habitaciones hoteleras registradas, ignorando miles de unidades de renta corta (STR) que operan fuera de las estadísticas oficiales. El resultado es una creciente distorsión entre la demanda real y la capacidad aérea disponible.
Definitivamente, el Caribe ya no puede seguir ignorando esta transformación.
El problema no es tan solo cuestión de la DGII. El Ministerio de Turismo debe abocarse a establecer reglas claras y equitativas para todos los actores del sector. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre innovación, oportunidades económicas, sostenibilidad y calidad de vida para las comunidades receptoras.
Algunos destinos ya han definido su modo de operación y, de hecho, ya están actuando. Curazao implementará una tarifa única de entrada para todos los visitantes; Turks & Caicos desarrolló un modelo agresivo de fiscalización y monitoreo; Santa Lucía apostó por incentivos y certificaciones para profesionalizar el sector.
República Dominicana, mientras tanto, continúa posponiendo una regulación que ya no admite más retrasos.
La realidad es que el turismo cambió. Y quien no entienda cómo regular inteligentemente las nuevas formas de alojamiento corre el peligro de perder no solo ingresos fiscales, sino también el control del desarrollo turístico de sus propios destinos.
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