“La verdadera riqueza de una nación está en su gente”—PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 1990.
Estamos acostumbrados a abordar la problemática de la alimentación escolar desde una lógica esencialmente centrada en la cobertura: cuántas raciones servimos, a cuántos centros llegan y con qué regularidad. Cuando llegamos al INABIE, en noviembre de 2021, el equipo de trabajo de entonces advirtió que esa mirada, aunque necesaria, resultaba insuficiente. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) forma parte de una cadena mucho más amplia, donde se entrecruzan pobreza, nutrición, salud, asistencia, aprendizaje y oportunidades futuras.
A primera vista, podríamos pensar que una familia pobre que recibe diariamente alimentos para sus hijos simplemente reduce una parte de sus gastos, cuyo monto todavía no conocemos con precisión. Y, en efecto, así es. Pero cuando examinamos el asunto más allá de ese beneficio inmediato, descubrimos una forma concreta de protección social que alivia las restricciones económicas del hogar y contribuye a impedir que la precariedad termine expulsando al estudiante del sistema educativo.
De ahí que, para nosotros, una ración posea un valor nutricional inmediato, pero también un efecto redistributivo que trasciende los muros de la escuela y alcanza directamente la economía familiar. Lo mismo ocurre con los programas de utilería escolar, cuya importancia no reside exclusivamente en entregar uniformes, zapatos o útiles, sino en remover obstáculos materiales que dificultan la asistencia y permanencia del estudiante en las aulas.
Ese carácter redistributivo comenzó a reflejarse en las mediciones oficiales. Según una estimación basada en el Boletín de Pobreza Monetaria de 2024 del MEPyD, divulgada por el INABIE en julio de 2025, las transferencias en especie correspondientes a alimentación y utilería escolar evitaron que la tasa de pobreza monetaria fuese aproximadamente dos puntos porcentuales mayor. Sería exagerado interpretar ese resultado como una demostración de que los programas del instituto están resolviendo las causas estructurales de la pobreza; entendemos que su relevancia consiste en dimensionar el aporte de estas prestaciones a la economía familiar y comprender mejor su lugar dentro de los instrumentos de protección social del Estado.
La cuestión adquiere mayor trascendencia cuando examinamos las consecuencias de una alimentación deficiente. Una amplia literatura especializada vincula las carencias nutricionales con dificultades en el desarrollo físico y cognitivo, mientras que las desventajas acumuladas durante el aprendizaje pueden contribuir al bajo rendimiento, el ausentismo, la repitencia y el abandono escolar. Nos estamos refiriendo a riesgos que una política integral de bienestar estudiantil no puede desconocer.
La pobreza material encuentra así uno de los caminos mediante los cuales puede reproducirse como pobreza educativa y proyectarse sobre la siguiente generación. Cuando no se desarrollan oportunamente determinadas capacidades parece inevitable que luego se enfrenten dificultades que, acumuladas durante la trayectoria educativa, terminan restringiendo las oportunidades de formación y participación productiva en la sociedad.
En este contexto, incorporando el rendimiento académico, los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE el pasado 8 de septiembre, ofrecen motivos suficientes para una profunda reflexión. República Dominicana obtuvo 339 puntos en matemáticas, 346 en lectura y 361 en ciencias, en una escala internacional sin puntuación máxima fija, construida originalmente alrededor de una media de 500 puntos.
Cuando participamos por primera vez, en 2015, obtuvimos 328, 358 y 332 puntos, respectivamente. En 2018, las puntuaciones fueron 325, 342 y 336, mientras que en 2022 alcanzaron 339, 351 y 360. Transcurrida una década, debemos reconocer los “avances” en matemáticas y, particularmente, en ciencias, pero también advertir que la comprensión lectora permanece por debajo del nivel alcanzado en 2015. Entre 2022 y 2025 no se registraron cambios estadísticamente significativos en ninguna de las tres áreas.
¿Qué resulta verdaderamente amenazador cuando abandonamos los promedios y examinamos las competencias adquiridas? En PISA 2025, apenas el 9 % de los estudiantes dominicanos de quince años evaluados alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas; el 23 % lo consiguió en lectura y el 26 % en ciencias. Conviene precisar que la evaluación comprendió a estudiantes escolarizados que representaban aproximadamente el 68 % de la población nacional de esa edad.
Los avances registrados, que no desconocemos, distan mucho de revelar una transformación sustancial del aprendizaje. El estancamiento observado entre 2022 y 2025, unido a las precariedades que persisten en nuestras escuelas públicas, obliga a preguntarnos: ¿cuánto realmente hemos avanzado en la formación de las capacidades fundamentales de nuestros estudiantes? No podemos permitir que las tímidas mejoras estadísticas oculten la profundidad del problema. ¡PISA 2025 no es para celebrar!
Naturalmente, sería científicamente improcedente atribuir estos resultados exclusivamente a las deficiencias alimentarias. Sabemos que intervienen también la calidad de la enseñanza, las condiciones familiares, el entorno socioeconómico y otros factores. Sin embargo, no podemos desconocer que una nutrición adecuada contribuye a crear las condiciones materiales necesarias para que el estudiante desarrolle sus capacidades y aproveche las oportunidades que le ofrece la escuela.
Sería igualmente absurdo atribuir al INABIE la responsabilidad de eliminar las causas estructurales de la pobreza, asociadas al empleo, la distribución del ingreso y las condiciones de vivienda, entre otras manifestaciones de desigualdad. No obstante, ¿bajo cuáles criterios negaríamos que sus programas de alimentación, utilería y salud escolar constituyen instrumentos capaces de mitigar algunas de sus consecuencias más destructivas, siempre que respondan a necesidades reales y se ejecuten eficiente y oportunamente?
Los rezagos educativos, el abandono escolar y las oportunidades productivas perdidas representan costos difíciles de contabilizar. Pero hay otro todavía más doloroso y mucho más difícil de expresar en dinero: el talento de quienes pudieron construir una vida diferente y encontraron obstáculos que una acción pública oportuna tenía la obligación de remover.
Insistimos: el verdadero alcance de los programas del INABIE no debe buscarse exclusivamente en los millones de raciones distribuidas ni en las cantidades de uniformes y útiles entregados; mucho menos en un supuesto fortalecimiento de empresas familiares, cuyo crecimiento, por sí solo, no garantiza una economía competitiva e innovadora. Su verdadero valor reside en la contribución a la permanencia escolar, la protección de los hogares y, sobre todo, al desarrollo de las capacidades humanas de las generaciones que habrán de conducir el futuro de la nación.
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