Denunciar la violencia debería ser el primer paso hacia la protección, no el comienzo de una nueva incertidumbre. El asesinato de Esmeralda Moronta, ocurrido minutos después de acudir al Ministerio Público para denunciar a su expareja, vuelve a poner en interrogante la capacidad del sistema judicial dominicano para responder a tiempo cuando una mujer pide ayuda.
Con la querella registrada y el expediente abierto, la fiscalía asume la persecución del caso, en el marco de sus funciones frente a hechos de violencia contra las mujeres, incluidos aquellos basados en la discriminación, la inferioridad, el sometimiento o la subordinación por razón de género. Sin embargo, la apertura de un expediente no garantiza por sí sola que la víctima reciba protección oportuna.
Entre enero y agosto del 2025, el Poder Judicial recibió 40,533 denuncias de violencia de género e intrafamiliar: 13,667 fueron clasificadas como violencia de género, conforme al artículo 309-1 del Código Penal, y 26,866 como violencia intrafamiliar, bajo el artículo 309-2.
Por su parte, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer registraron 9,084 casos judiciales abiertos entre enero y septiembre de 2024, un 70.4 % menos que los 30,772 reportados en el mismo período del año anterior.
Para el psicólogo social Jhoan Almonte, tutor de la especialidad en Género y Políticas de Igualdad en Educación del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), detrás de estos hechos confluyen el rechazo del agresor a perder el control sobre su expareja, una cultura que normaliza el dominio sobre las mujeres y una respuesta institucional que puede resultar insuficiente en el momento de mayor riesgo.
La decisión de denunciar tampoco puso fin al miedo ni evitó la muerte de Loyca Alvarado. Su familia enfrenta el dolor de perderla y la impotencia de pensar que quienes estaban llamados a protegerla no actuaron a tiempo.
En otra familia, el dolor está acompañado de incertidumbre. Desde junio, Israelina Contreras no sabe qué ocurrió con su hija, Johanna Lisbeth Contreras, de 22 años. No tiene un cuerpo que llorar ni respuestas que le permitan conocer su destino. Mientras tanto, un niño de cuatro años espera el regreso de su madre.
La información conocida por la familia apunta a la confesión atribuida al principal sospechoso, el militar del Ejército Gerson Sánchez Durán, quien habría dicho que la mató y lanzó su cuerpo al mar.
¿Qué hace falta para que la prevención, las denuncias y los mecanismos de protección se traduzcan en respuestas oportunas?
La prevención exige intervenir sobre los agresores y las causas estructurales de la violencia
Para los expertos consultados por Acento, enfrentarla exige actuar en distintos momentos: prevenir, proteger a quienes buscan ayuda, atender a las sobrevivientes y garantizar que las instituciones respondan.
La dificultad comienza también en las ideas que rodean la violencia. Datos del Barómetro de las Américas de 2021 indican que el 69 % de los dominicanos aprueba que la pareja controle el comportamiento de las mujeres, mientras que el 53 % considera que la violencia entre parejas es un asunto privado.
El estudio también señala que las mujeres suelen no reportar las agresiones y que la mayoría de la población considera que ninguna institución pública trabaja para reducir la violencia doméstica.
El “2do diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia”, elaborado por Participación Ciudadana en 2022, encontró que el 76.3 % de los encuestados consideraba que la violencia doméstica era la más frecuente en el país.
- 63.3 %: violencia contra las mujeres.
- 53.2 %: violencia vial.
- 43.7 %: violencia contra niños, niñas y adolescentes.
- 36.6 %: violencia en línea o digital.
- 29.5 %: violencia de género.
- 20.1 %: violencia racista.
- 13.6 %: violencia escolar.
El psicólogo clínico y exdirector del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, Luis Vergés, explicó que los hombres que llegaban a ese centro eran referidos después de haber sido denunciados por mujeres víctimas de algún tipo de violencia, ya fuera física, psicológica, patrimonial u otra.
Durante los 19 años que estuvo al frente del centro, hasta su jubilación el año pasado, fueron intervenidos cerca de 50,000 casos.
Los programas de intervención tenían una duración de entre seis meses y dos años, dependiendo de las características y necesidades de cada caso. El proceso incluía evaluaciones psicológicas y un programa educativo y terapéutico dirigido a modificar las ideas y creencias que justificaban las conductas violentas.
Vergés explicó que uno de los objetivos era reducir el riesgo de que estos hombres volvieran a ejercer violencia, tanto contra las víctimas que los denunciaron como contra otras mujeres con las que pudieran establecer relaciones posteriormente.
Una vez concluido el programa, los participantes continuaban vinculados a grupos de autoayuda. El seguimiento también tenía un componente legal, debido a que los casos ingresaban al sistema de justicia. La atención ofrecida en el centro era gratuita.
Pero intervenir a los hombres que ya han sido denunciados es solo una parte de la respuesta.
Para la coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), Desirée Del Rosario, los feminicidios no deben analizarse como hechos aislados, sino como la expresión extrema de una estructura de violencia que se reproduce en la sociedad, la familia y las instituciones.
“Los feminicidios al final son como la última parte de toda una estructura. El feminicidio es el punto más alto de una vida y de un aprendizaje de violencia en la sociedad, en la familia y en el Estado”, afirmó.
Las cifras que se cuentan todos los días
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que en lo que va de año se han registrado 62 feminicidios en el país, de los cuales la mayoría fueron perpetrados con armas blancas o de fuego y, en gran parte de los casos, los agresores eran la pareja o expareja de la víctima.
Reynoso explicó que el Ministerio Público busca determinar las causas que explican la concentración de feminicidios en determinadas demarcaciones, por lo que desarrolla dos investigaciones científicas junto a sociólogos, criminólogos y otros especialistas.
Indicó que estos estudios analizarán las distintas variables que podrían influir en la ocurrencia de los feminicidios, al advertir que el fenómeno no responde necesariamente a factores económicos. Y no es para menos, la violencia contra la mujer es una problemática social que afecta a mujeres sin distinción de edad, estatus social, religión o nivel educativo. La Cepal estima que entre 63 % y 76 % de las féminas experimentan algún episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida.
“La criminología lineal diría que mientras más pobres son los lugares, más casos habría. Aquí no hay esa correlación necesariamente, porque en el sur prácticamente no hay casos”, afirmó la procuradora.
De hecho, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) también muestran diferencias territoriales. Durante el año pasado, la región Ozama acumuló el 33.3 % de las muertes por violencia basada en género, seguida por Valdesia, con el 12 %, y Cibao Norte, con el 11.3 %.
Las regiones con menor incidencia fueron Enriquillo, con 4.2 %; Cibao Sur, con 4.9 %, y Cibao Noroeste, con 5.6 %, lo que muestra diferencias territoriales en la expresión de la violencia basada en género.
El informe “Aproximando el PIB a nivel regional en República Dominicana”, del antiguo Ministerio de Economía (MEPyD) destacó que la región Ozama aportó el 41.2 % del producto interno bruto (PIB) entre 2015-2019, seguido del Cibao Norte con el 14.9 %, Valdesia con 8.8 % y el Cibao Sur con 7.9 %.
Sin embargo, las regiones de Cibao Sur (RD$ 492,137) y Yuma (RD$ 488,249) son las de mayor riqueza per cápita, una medida que relaciona la producción regional con el tamaño de su población.
El informe Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe, del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, señaló que en República Dominicana el 54 % de las víctimas de feminicidio fueron mujeres de entre 18 y 34 años. El documento también registró que el 19.1 % de las víctimas en el país eran de otras nacionalidades en 2024.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera indispensable prestar especial atención a los femicidios, por tratarse de la expresión más extrema de la violencia por razón de género. En los últimos años, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha tipificado este delito y creado unidades judiciales especializadas y protocolos para orientar las investigaciones conforme a los estándares de debida diligencia reforzada.
Según el organismo, estos avances normativos e institucionales han contribuido a colocar el problema en la agenda pública, visibilizar su magnitud, producir estadísticas y fortalecer la respuesta de los sistemas de justicia.
En República Dominicana persisten preocupaciones sobre la impunidad y la falta de un marco legal claro que proteja a las mujeres y que sus derechos no sean violentados. Pero, ¿Qué hace falta en el país para erradicar la violencia y garantizar justicia?
La directora de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, planteó que es necesario actualizar la Ley 24-97, la cual modificó el Código Penal e instituyó como delito la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, dentro y fuera del hogar e incluyo la violación sexual. Sin embargo, una debilidad del Código Penal es que el feminicidio aún no está tipificado.
Un aspecto clave señalado por Sheila Báez, experta en sociología, es la falta de un marco legal claro y efectivo. Aunque el feminicidio se reconoce en los medios y en las estadísticas del Ministerio de la Mujer, Oficina Nacional de Estadística, Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, su tipificación en las leyes “ha provocado una gran impunidad, especialmente cuando los agresores no son capturados”.
“Hay muchos feminicidas que siguen libres, y las estadísticas oficiales no reflejan la magnitud de este problema”, indicó, donde cada 10 minutos es asesinada una fémina a nivel global, según ONU Mujeres.
Cuando denunciar no es el final
El abogado Jean Cristofer Pérez enunció que el rol de la justicia en todos los sistemas consiste en garantizar el acceso a la protección y reparación de las víctimas, procesar a los responsables de acuerdo con la ley, y promover la prevención de la violencia de género.
Las sanciones establecidas en el Código Penal dominicano buscan penalizar a los culpables y restituir los bienes dañados. Sin embargo, “la efectividad del sistema judicial depende de la implementación de protocolos, la rapidez en el acceso a la justicia, y la sensibilidad de los actores judiciales hacia las víctimas, pues aún en materia de prevención seguimos en pañales”.
Su homóloga, Paola Romero, consideró que el sistema judicial enfrenta desafíos significativos en cuanto a accesibilidad para mujeres víctimas.
Mencionó factores como la revictimización, la lentitud de los procesos, la falta de protección efectiva, y las barreras económicas o geográficas, elementos que “dificultan que muchas mujeres accedan a la justicia de manera efectiva, aunque hay esfuerzos en curso para mejorar la situación, aún queda un largo camino por recorrer”, indicó Romero.
La violencia tampoco termina necesariamente cuando una mujer presenta una denuncia.
El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV), dependencia de la Procuraduría General de la República en la jurisdicción del Distrito Nacional, ha acompañado a 9,727 mujeres desde su creación en 2007 hasta julio de 2026, según explicó su gerente, Solange Alvarado.
El centro nació hace 19 años con el propósito de acompañar a las mujeres después de interponer una denuncia y ayudarlas a atravesar las distintas etapas del círculo de la violencia.
Alvarado explicó que la denuncia suele producirse en un momento de crisis, pero que el proceso no termina ahí. En algunos casos, después de denunciar, las mujeres retiran la querella o regresan con su agresor.
El CASV surgió a partir de la necesidad de comprender ese comportamiento y ofrecer acompañamiento profesional que permita a las mujeres mantenerse dentro del proceso y reducir los riesgos para su vida. “Ninguna de las mujeres que ha ingresado al centro ha sido asesinada”, afirmó Alvarado a Acento.
La especialista aclaró que se trata de mujeres que llegan voluntariamente al centro y que previamente han interpuesto una denuncia, por lo que la cifra no representa a todas las mujeres que viven situaciones de violencia. Para Alvarado, el momento posterior a una denuncia puede ser especialmente peligroso. El agresor sabe que la mujer acudió a las autoridades y, si la respuesta institucional no es suficientemente amplia, la sobreviviente puede quedar expuesta.
Por eso considera necesario fortalecer la credibilidad de los sistemas de protección y aumentar la confianza de las mujeres para pedir ayuda.
Una respuesta que necesita más recursos y coordinación
Alvarado considera que el país ha desarrollado herramientas para responder a la violencia desde el ámbito penal, pero todavía existen vacíos importantes en materia civil.
Una mujer que decide salir de una relación puede necesitar divorciarse, dividir bienes o reclamar manutención.
- No siempre la mujer tiene recursos para pagar un abogado que la acompañe en estos procesos.
- Tenemos la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones que intervienen en estos casos.
- Deberían existir mecanismos que conecten de manera más automática al Ministerio Público, Mujer, Salud, Educación y otras instituciones para responder a las necesidades de las sobrevivientes.
Las limitaciones también pueden afectar el cumplimiento de las medidas de protección.
Alvarado puso como ejemplo las órdenes de alejamiento.
Aunque exista una decisión judicial, esta pierde efectividad si no existen los recursos para notificarla, movilizar al personal o garantizar que se cumpla.
La especialista reclamó además más centros de atención y más profesionales capacitados para trabajar con sobrevivientes y agresores. El sistema de atención del Distrito Nacional se construyó con la articulación de distintas unidades, entre ellas la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de la Rómulo Betancourt, el CASV y el Centro de Intervención Conductual para Hombres.
El fiscal José Manuel Hernández Peguero destacó precisamente este modelo como una de las respuestas que deben fortalecerse.
A su juicio, República Dominicana necesita una ley marco que regule a todos los actores que intervienen en la prevención, atención, persecución, sanción y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de género.
Pero no basta con establecer las funciones de cada institución. La ley, sostuvo, también debe garantizar los recursos necesarios para ejecutarlas.
En esa línea se inscribe el proyecto de Ley Mirabal, presentado ante la Cámara de Diputados por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, que propone una respuesta coordinada para evitar que las víctimas tengan que acudir por separado a distintas instituciones y repetir su historia para obtener ayuda, mientras sus vidas están en peligro.
Sostuvo que las entidades deben trabajar de manera conjunta para garantizar protección oportuna y prevenir feminicidios.
Reyes consideró que la Ley 24-97 necesita actualizarse después de casi tres décadas y llamó a fortalecer los mecanismos de prevención, atención y seguimiento de las denuncias.
Advirtió que las amenazas, agresiones y persecuciones previas a muchos feminicidios evidencian la necesidad de una respuesta institucional más efectiva
La iniciativa plantea que la evaluación del riesgo comience desde el primer contacto y que el Ministerio Público realice una valoración especializada para definir medidas de protección y seguimiento.
Entre las medidas contempladas figuran:
- Restricciones de contacto para los agresores.
- Protección policial.
- Retención de armas.
- Alojamiento en casas de acogida.
- Atención médica.
- Atención psicológica.
- Asistencia jurídica.
En los casos de riesgo grave, el proyecto propone elaborar un plan individualizado de seguridad dentro de las 72 horas posteriores a la evaluación especializada.
La propuesta busca articular prevención, atención y protección; su alcance dependerá del trámite legislativo, los recursos asignados y la aplicación efectiva de las medidas.
Para el fiscal, el problema no se resuelve únicamente con aumentar las sanciones. “No queremos tan solo sanción. Queremos prevención. Queremos atención para la víctima”, planteó.
El acceso a representación legal también forma parte de esa protección. El Observatorio del Poder Judicial ha destacado que la defensa gratuita para mujeres y otras personas en condiciones de vulnerabilidad puede facilitar el acceso a la justicia y a medidas de protección, además de enviar el mensaje de que la violencia no debe ser tolerada ni ignorada.
ONU Mujeres señala que, en América Latina y el Caribe, el fortalecimiento de los sistemas de justicia forma parte de un proceso de reformas dirigido a ampliar la protección jurídica de mujeres y niñas frente a distintas formas de violencia.
El acceso efectivo, sin embargo, no depende solo de que existan leyes, sino también de que las instituciones puedan aplicarlas oportunamente y con perspectiva de género.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible vincula este desafío con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, sobre igualdad de género, y el ODS 16, relativo a sociedades pacíficas, acceso a la justicia e instituciones eficaces. Ambos plantean la necesidad de eliminar la violencia y la discriminación contra mujeres y niñas y garantizar un acceso igualitario a la justicia.
Desde ese marco, la reparación para las víctimas y sobrevivientes y la existencia de sistemas judiciales accesibles forman parte de los compromisos para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
La percepción recogida por el propio Poder Judicial muestra una valoración mayoritariamente positiva de la contribución de los jueces a la solución de la violencia contra las mujeres.
El informe Estudios de Percepción del Poder Judicial, de 2021, registró que el 90.3 % de los jueces consideró que esa contribución era “mucha o alguna”, frente al 9.1 % que respondió “poca o ninguna”.
Entre los actores externos, las respuestas positivas alcanzaron el 73.3 % y las negativas el 26.7 %; en la población general, 74.3 % valoró la contribución como “mucha o alguna”, frente al 25.7 % que dijo “poca o ninguna”.
La justicia y el peso de las decisiones
La jueza de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, Nancy Salcedo Fernández, también expresó preocupación por el incremento de los feminicidios y la violencia de género en el país y la región.
Sostuvo que la justicia debe fortalecer los mecanismos para ofrecer respuestas oportunas y efectivas, dentro del Estado de derecho y las garantías constitucionales.
Salcedo Fernández explicó que aplicar la perspectiva de género no concede una ventaja procesal a ninguna de las partes, sino que permite a los jueces valorar los contextos de vulnerabilidad y discriminación y reducir el riesgo de decisiones basadas en prejuicios.
Recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte establece criterios para valorar las pruebas en casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, sin afectar el derecho de defensa ni la presunción de inocencia.
Como ejemplo citó la sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01308, de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que establece que, cuando el testimonio de la víctima es el elemento central de la acusación, debe examinarse con parámetros objetivos como la ausencia de incredulidad subjetiva, la persistencia incriminatoria y la corroboración periférica.
“La perspectiva de género, correctamente aplicada, fortalece la administración de justicia”, afirmó.
En el ámbito interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece obligaciones de debida diligencia reforzada para los Estados en casos de violencia contra las mujeres.
Estas incluyen iniciar investigaciones de oficio y de manera inmediata, imparcial y exhaustiva; actuar sin estereotipos y dentro de un plazo razonable, y garantizar la participación efectiva de las víctimas.
La reparación integral, de acuerdo con esos estándares, puede comprender restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Del Rosario también cuestionó los niveles de impunidad que, a su juicio, persisten en el país frente a la violencia de género, incluso en casos de feminicidio.
La especialista señaló que cuando una conducta es considerada suficientemente grave como para recibir una sanción de hasta 40 años de prisión, el propio Estado está reconociendo la magnitud del daño que provoca.
Sin embargo, consideró que la existencia de sanciones severas en la legislación no garantiza por sí misma que se produzca justicia ni que se modifiquen las conductas que generan violencia.
“No creo que las prisiones hayan resuelto ningún tema de reinserción a la sociedad”, dijo, aunque reconoció que ese es el modelo sancionador que el Estado ha aprobado.
Para Del Rosario, el problema también está en los mensajes que transmiten las decisiones de las autoridades cuando no se sancionan adecuadamente hechos graves. “En el país hay impunidad en materia de violencia, aún en los casos de feminicidio”, afirmó.
¿Quién carga con las consecuencias de la violencia?
La presidenta ejecutiva del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer), Marianela Pinales, llamó a evitar que los feminicidios sean presentados únicamente como cifras, al advertir que la repetición constante de estadísticas puede contribuir a normalizar la violencia contra las mujeres.
Pinales reconoció que las estadísticas son necesarias para dimensionar el problema y establecer qué está ocurriendo, pero consideró peligroso que la sociedad termine acostumbrándose a escuchar semanalmente que hubo uno, dos o más feminicidios.
“Lo que no queremos es que la población, que la sociedad, se concentre en comenzar a contar porque hay un riesgo ahí: el riesgo de normalizar el tema”, afirmó.
Pinales también planteó la necesidad de revisar las estrategias de protección para las mujeres víctimas de violencia, entre ellas las casas de acogida. Reconoció que estos espacios son una medida importante y necesaria, pero consideró que deben ser evaluados para determinar si, en determinados casos, terminan trasladando sobre la víctima las consecuencias de la violencia.
Explicó que mientras la mujer debe abandonar temporalmente su entorno, restringir su vida social y permanecer junto a sus hijos en un espacio de protección, el agresor puede continuar en libertad.
“Su perpetrador, ¿Dónde está? Libre. Disfrutando de su libertad”, cuestionó. Por ello, consideró necesario repensar estas estrategias y preguntarse cuánto están contribuyendo a resolver el problema y cuánto pueden estar reproduciendo la carga sobre las víctimas.
Pinales consideró que la legislación dominicana debe abordar la violencia de género desde tres frentes: prevención, atención y sanción. Aunque reconoció que la sanción es necesaria cuando los casos alcanzan determinados niveles, cuestionó que la respuesta del país se haya concentrado principalmente en el componente punitivo.
“Nos hemos estado concentrando mucho en la parte punitiva, en la parte sancionadora, que es necesaria, pero lo que realmente toca el centro de toda esta situación de violencia de género es la prevención”, afirmó.
Pinales sostuvo que los legisladores deben trabajar en mecanismos que permitan prevenir la violencia antes de que ocurra, mientras que las leyes deben servir como marco para desarrollar políticas públicas capaces de transformar las condiciones que la generan.
La coordinadora del CEG coincide en que la respuesta institucional frente a la violencia de género continúa concentrándose en atender las consecuencias de los hechos, en lugar de fortalecer las acciones de prevención y educación.
Del Rosario señaló que el país cuenta con una estructura institucional que no necesariamente está respondiendo al papel que le corresponde en la prevención de la violencia, particularmente desde sectores como el sistema educativo. “Nos hemos quedado solo en lo remedial”, afirmó al explicar que instituciones como el Poder Judicial intervienen principalmente cuando la violencia ya ocurrió, por ejemplo, ante un feminicidio.
¿Cómo se mide si la prevención funciona?
Para la socióloga y activista feminista Lourdes Contreras, una política pública de prevención solo puede ser efectiva cuando quienes la diseñan y ejecutan tienen conciencia sobre las causas y estructuras que producen la violencia.
Contreras describió la violencia basada en género como una imposición de lo masculino sobre lo femenino, relacionada con las ideas sociales construidas sobre qué significa ser hombre y qué significa ser mujer.
A su juicio, una de las principales dificultades está en que las estructuras políticas y de poder del país no necesariamente cuentan con los niveles de conciencia de género necesarios para orientar sus políticas hacia la transformación de esas relaciones.
“Solo pueden hacer prevención quienes tienen conciencia de las raíces, de las causas, de los fundamentos del problema”, señala.
La socióloga considera que el país debe construir un sistema de indicadores de prevención que permita evaluar las acciones desarrolladas por las instituciones públicas.
Este sistema, explica, debería contemplar al menos tres dimensiones: condiciones, procesos y cambios.
El tercer nivel estaría relacionado con los cambios que producen esas políticas en los conocimientos, actitudes y comportamientos de la población. Para Contreras, no basta con contabilizar campañas, talleres o programas, es necesario determinar si esas acciones están modificando las ideas que sostienen y normalizan la violencia.
“Habría que analizar qué tanto está cambiando la cultura que normaliza y tolera la violencia de género”, planteó.
Contreras también propuso incorporar indicadores que permitan determinar si las políticas públicas están consiguiendo resultados concretos.
Entre ellos mencionó la prevalencia de la violencia, la reincidencia y la percepción de seguridad o inseguridad de las mujeres, tanto en sus hogares como en sus espacios laborales y en la vía pública.
Sin embargo, su valoración sobre los resultados es negativa. A su juicio, no existen señales suficientes de que esté disminuyendo la violencia ni de que haya aumentado de manera significativa la capacidad de protección de las mujeres.
“Si está disminuyendo la violencia o está aumentando la capacidad de protección, la respuesta es negativa en ambos órdenes”, afirmó.
Autonomía económica para romper la dependencia
La prevención también pasa por las condiciones económicas que pueden dificultar que una mujer abandone una relación violenta.
Argentina Gutiérrez, directora de CE-Mujer, destacó el empoderamiento económico de las mujeres como un elemento fundamental para enfrentar la discriminación y la violencia de género.
Gutiérrez señaló que la dependencia económica puede convertirse en un factor que dificulta que las mujeres abandonen relaciones violentas, por lo que consideró necesario fortalecer sus capacidades para que puedan alcanzar autonomía económica.
“Para CE-Mujer el tema económico es fundamental, porque no es para nadie un secreto que la dependencia económica, que solemos tener como producto cultural y social, genera la permanencia en una relación violenta”, afirmó.
La organización ha desarrollado programas de formación como parte de su estrategia para prevenir la violencia y ampliar las oportunidades de las mujeres en sus comunidades.
Pinales consideró que la autonomía económica debe estar acompañada de oportunidades reales de empleo. “No es solamente capacitarlas, sino también promover la posibilidad de empleo para ellas”, afirmó.
Para ambas representantes de CE-Mujer, fortalecer la educación, la formación profesional y el acceso al empleo forma parte de una estrategia de prevención de la violencia de género, debido a que reduce las condiciones de dependencia que pueden mantener a una mujer dentro de una relación violenta.
La abogada Paola Romero dijo que la concienciación requiere un enfoque integral que combine campañas de educación y sensibilización, capacitación a funcionarios y reformas estructurales en el sistema legal. Las autoridades deben comprometerse con políticas públicas efectivas y con recursos adecuados para atender a las víctimas.
Además, es fundamental involucrar a la sociedad civil para romper el silencio y el estigma que rodea la violencia de género, fomentando una cultura de cero tolerancia.
Compartir esta nota