El nombre completo es Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. Fue redactada en 2020 por funcionarios de la primera administración Donald Trump y co-patrocinada por el Brasil de Jair Bolsonaro, y ganó la adhesión de Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. No es un tratado internacional, ni una convención. No genera obligaciones jurídicas vinculantes. No tiene mecanismos de supervisión ni de cumplimiento. ¿Por qué preocupa entonces?
Porque no necesita ser vinculante para tener efectos concretos. Su función es otra: construir una plataforma política internacional que coordine posiciones entre gobiernos, oriente negociaciones en foros multilaterales y justifique, hacia adentro de cada país, la adopción de políticas que de otro modo encontrarían mayor resistencia. En el lenguaje técnico del derecho internacional, es soft law: orienta sin obligar, pero orienta con fuerza.
Sus dos postulados centrales retrotraen claramente los avances progresistas. Primero: no existe un derecho internacional al aborto. Segundo: la familia es "la unidad natural y fundamental de la sociedad", una formulación que, según organizaciones de derechos humanos, busca excluir por diseño a las personas LGBTQI+ de esa definición.
Cuando Estados Unidos reingresó en enero de 2025, bajo la segunda administración Trump, asumió además la secretaría de la declaración, que hasta entonces ejercía Hungría. En agosto de 2026, Argentina —bajo Javier Milei— se convirtió en el país número 40 en firmarla, el primero en hacerlo con Estados Unidos como secretaría. La coalición suma hoy más de 40 signatarios.
¿Está República Dominicana en esa lista? Todavía no. Pero activistas dominicanas que monitorean el avance de la declaración en la región advierten que la adhesión es un riesgo real, y que el contexto político interno la hace más probable que nunca.
Restringiría la posible firma la Constitución de la República Dominicana
Antes de analizar qué implica unirse, vale detenerse en una contradicción que la propia infografía elaborada por organizaciones dominicanas pone sobre la mesa:
¿Puede una declaración que dice defender la soberanía terminar restringiendo la soberanía constitucional de República Dominicana?
La Declaración del Consenso de Ginebra establece que las medidas relacionadas con el aborto deben determinarse "de conformidad con el proceso legislativo nacional". Suena razonable. Pero esa cláusula reserva la materia exclusivamente al Poder Legislativo, lo que entraría en tensión directa con la arquitectura constitucional dominicana, donde el Poder Ejecutivo formula y ejecuta políticas públicas, el Poder Judicial ejerce control de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional debe garantizar la supremacía de la Carta Magna.
La Sentencia TC/0556/26 reafirmó el ordenamiento jurídico dominicano en línea con los compromisos internacionales en materia de igualdad de género. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12) tiene como metas transversales la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo adolescente y la igualdad de derechos. Firmar la declaración no derogaría esas normas de un plumazo, pero crearía una tensión permanente entre el marco jurídico interno y la posición política internacional asumida.
Guatemala firmó, y esto es lo que pasó
Si República Dominicana quiere saber qué ocurre después de la firma, tiene un caso de estudio a menos de tres horas de vuelo: Guatemala.
Guatemala suscribió la Declaración del Consenso de Ginebra en 2020. En 2023, fue el primer país en implementar Protego, la iniciativa diseñada específicamente para traducir los principios de la declaración en políticas públicas concretas. Protego es gestionada por el Institute for Women’s Health (IWH), una organización privada dirigida por Valerie Huber, exfuncionaria de Trump que participó en la redacción original de la declaración.
El mecanismo es un memorando de entendimiento bilateral entre el IWH y el gobierno. Sin debate parlamentario. Sin consulta pública. Un acuerdo entre una organización privada estadounidense y el Ejecutivo local.
¿Qué produjo ese acuerdo en Guatemala?
Una política pública que cataloga las relaciones sexuales como "peligrosas". Las guías educativas desarrolladas bajo el marco de Protego presentan la abstinencia como el método principal, y prácticamente único, para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. En Guatemala, los estudiantes ya cuentan con materiales distribuidos en escuelas advirtiendo del peligro latente.
También, se les enseña el concepto de "salud espiritual". Las mismas guías introducen esta categoría de manera explícita, lo que promueve nociones de bienestar que no tienen respaldo en evidencia científica.
Se ha producido una crisis de anticonceptivos sin precedentes. En marzo de 2026, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) de Guatemala alertó que más de 1.3 millones de mujeres enfrentaban desabastecimiento de métodos anticonceptivos en la red pública del Ministerio de Salud. El contrato internacional para su compra no se renovó a tiempo. Según la directora del OSAR, Mirna Montenegro, hacía 15 años que no se registraba una situación similar.
¿Fue Protego la causa directa del desabastecimiento? No hay una línea causal documentada de manera definitiva. Pero la pregunta que corresponde hacerse es otra: ¿en un país donde la política oficial promueve la abstinencia como método central, ¿qué tan prioritario resulta garantizar el acceso a anticonceptivos?
El timing dominicano no es casual
República Dominicana acaba de promulgar la Ley 74-25, su nuevo Código Penal, que entró en vigor el 3 de agosto de 2026. El código penaliza el aborto con hasta dos años de prisión para la mujer y entre 33 años para el médico que lo practique. No incluye las tres causales, violación, malformación fetal incompatible con la vida, riesgo para la vida de la madre, que organizaciones de derechos humanos, más de 70 juristas y académicos dominicanos, y la propia CEDAW han reclamado históricamente.
El miércoles 26 de agosto, el Tribunal Constitucional celebró una audiencia pública sobre 23 acciones de inconstitucionalidad, cuatro de ellas relacionadas con el Código Penal. Una coalición provida compareció para defender las disposiciones sobre aborto. Organizaciones LGBTQI+ impugnaron el artículo 173, que sanciona conductas discriminatorias pero no menciona expresamente la orientación sexual como categoría protegida.
En ese escenario, de acuerdo a las activistas, adherirse al Consenso de Ginebra no sería un gesto diplomático neutral. Sería una señal política hacia adentro —una validación internacional de la dirección que el país ya tomó— y una herramienta para blindar esa dirección frente a futuros cuestionamientos.
La coherencia que se pone en juego
República Dominicana ejerce hoy roles relevantes en espacios multilaterales de derechos humanos. Integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026. Preside la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Participa en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la CEPAL, que celebró su sexta reunión en Montevideo entre el 18 y el 20 de agosto de 2026.
En todos esos foros, el país sostiene posiciones alineadas con la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030. Firmar el Consenso de Ginebra crearía una contradicción difícil de sostener: el mismo Estado que preside la CSW afirmaría simultáneamente que no existe un derecho internacional al aborto y que la única familia legítima es la tradicional, destacan las activistas.
Lo que Protego hace que la declaración no dice
La declaración en sí misma puede parecer abstracta. Protego es donde se vuelve concreta.
El Women’s Optimal Health Framework que promueve el IWH se presenta como un conjunto de intervenciones de bajo costo y alta eficacia. En la práctica, según documentación analizada por organizaciones de derechos humanos, su propósito central es consolidar la agenda política de la declaración en leyes, guías educativas y programas gubernamentales.
El patrón es el mismo en cada país donde opera: un memorando bilateral, materiales educativos basados en abstinencia, incorporación de elementos religiosos en la definición de salud, y un debilitamiento progresivo de los programas de educación sexual integral y de las políticas de prevención y respuesta ante la violencia de género.
Uganda firmó en febrero de 2024. Burundi se incorporó en 2025. La expansión es metódica.
¿Está República Dominicana en la lista de próximas incorporaciones? Las organizaciones que siguen de cerca este proceso dicen que sí hay gestiones en curso. El gobierno no ha confirmado ni desmentido.
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