Una mujer que denuncia violencia puede necesitar protección policial, asistencia psicológica, atención médica y acompañamiento judicial. La propuesta de Ley Mirabal busca que esas respuestas no dependan de actuaciones aisladas, sino de un sistema que coordine a las instituciones responsables desde el primer contacto con la víctima.
El proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres fue presentado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, ante la Cámara de Diputados, donde lo recibió el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. La iniciativa procura establecer procedimientos para prevenir las agresiones, identificar situaciones de peligro, proteger a las mujeres y dar seguimiento a los casos.
“Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado”, expresó Reyes al presentar la propuesta. La funcionaria afirmó que las instituciones deben asumir la responsabilidad de coordinarse para evitar que las víctimas tengan que relatar repetidamente lo ocurrido mientras buscan ayuda.
“Somos las instituciones las que tenemos la obligación de coordinarnos, no son las mujeres que deben cargar con las consecuencias de nuestra fragmentación”, sostuvo.
La iniciativa plantea que el Ministerio de la Mujer coordine el sistema, con la participación de las entidades responsables de la seguridad, la salud, la justicia y la protección social. El objetivo es articular los servicios que intervienen en las distintas etapas de los casos de violencia y definir las obligaciones de cada institución.
Evaluar el peligro desde el primer contacto
La Ley Mirabal propone que la respuesta ante una denuncia de violencia comience con una valoración del peligro y continúe con una ruta de actuación que permita determinar las medidas de protección y dar seguimiento al caso. El proyecto establece dos niveles de evaluación: una valoración inicial, a cargo de la institución o persona que conozca los hechos, y una evaluación especializada, responsabilidad del Ministerio Público.
Esta última deberá realizarse de inmediato cuando se reciba la denuncia o el caso referido, sin retrasar las medidas urgentes. Para determinar el nivel de riesgo, el proyecto identifica factores como las amenazas de muerte, la reiteración de las agresiones, el hostigamiento, el acceso a armas, el incumplimiento de órdenes de protección y la separación acompañada de violencia o intimidación.
Cuando existan indicadores de riesgo, el Ministerio Público coordinará un plan individualizado de seguridad junto con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y las instituciones competentes. En los casos de riesgo grave, este deberá elaborarse dentro de las 72 horas siguientes a la evaluación especializada.
El plan deberá especificar las medidas de protección, los contactos seguros, la respuesta ante emergencias, las instituciones responsables y el seguimiento. También deberá contemplar las necesidades de hijos e hijas y otras personas dependientes, así como alternativas para los casos en que la víctima no acepte ingresar a una casa de acogida o decida salir de ella.
El proyecto asigna al Ministerio Público el seguimiento de las medidas de protección bajo su competencia y al Ministerio de la Mujer la coordinación de la continuidad de la atención y el acompañamiento. Cada institución deberá ejecutar las actuaciones que le correspondan y comunicar su seguimiento.
¿Qué medidas de protección contempla la Ley Mirabal?
Según el proyecto de ley, las principales medidas son:
- Restricciones de contacto: Impedir que el agresor se acerque o se comunique con la víctima.
- Retención de armas de fuego: Disponer la entrega o retención de armas para reducir el riesgo.
- Protección policial: Establecer medidas de seguridad y acompañamiento cuando sea necesario.
- Suspensión de la convivencia o de visitas: Adoptar restricciones según las circunstancias del caso.
- Uso temporal de la vivienda compartida: Permitir que la víctima permanezca en el hogar cuando corresponda.
- Acompañamiento para retirar pertenencias: Facilitar que la víctima recoja sus objetos personales con seguridad.
- Casas de acogida: Facilitar alojamiento seguro para mujeres que necesiten salir de un entorno de violencia.
- Atención médica y psicológica: Ofrecer servicios de salud, apoyo psicosocial y asistencia jurídica.
- Planes individualizados de seguridad: Establecer medidas según el nivel de riesgo, con seguimiento de las instituciones responsables.
- Protección de hijos e hijas: Contemplar medidas para menores afectados por la violencia, incluidos quienes quedan en orfandad tras un feminicidio.
- Retirada o bloqueo de contenido digital ilícito: Permitir que las autoridades judiciales ordenen medidas para retirar o bloquear contenido, en los términos previstos por el proyecto, dentro de un plazo de 24 horas.
Violencia digital y política
La propuesta amplía las formas de violencia que reconoce el marco de respuesta institucional. Entre ellas incluye la violencia digital, que comprende conductas como el acoso y las amenazas por medios tecnológicos, la vigilancia, la suplantación de identidad, el acceso no autorizado a cuentas o datos, la extorsión con contenido íntimo y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
También contempla imágenes alteradas o generadas mediante inteligencia artificial y prevé medidas judiciales para retirar o bloquear contenidos ilícitos en un plazo de 24 horas.
En el ámbito político, el proyecto reconoce actos u omisiones basados en género que limiten los derechos políticos y electorales de las mujeres o el ejercicio de sus funciones.
La exdiputada Minou Tavárez Mirabal ha defendido la necesidad de actualizar la legislación para responder a manifestaciones de violencia que no estaban contempladas en los mismos términos cuando se aprobó la Ley 24-97.
“Hace falta dar un paso más hacia delante en la protección de las mujeres, en la prevención de la violencia que afecta a nuestros hogares y, por lo tanto, afecta a toda la sociedad”, expresó.
Tavárez Mirabal recordó que trabajó durante 14 años en la Cámara de Diputados en iniciativas para modificar la legislación sobre violencia contra las mujeres. Según explicó, la propuesta incorpora formas de violencia que han adquirido nuevas manifestaciones y requieren herramientas de prevención y protección.
¿Qué cambiaría frente a la Ley 24-97?
La Ley 24-97 introdujo modificaciones al marco penal dominicano en materia de violencia intrafamiliar y contra las mujeres. La Ley Mirabal propone una estructura más amplia, centrada en la coordinación institucional, la evaluación del riesgo y el seguimiento de las víctimas.
Además de las medidas de protección, el proyecto establece obligaciones de planificación, formación del personal, producción de estadísticas y evaluación de resultados. Cada institución deberá identificar las acciones y los recursos necesarios para cumplir sus responsabilidades.
El Ministerio de la Mujer coordinaría un plan estratégico de cuatro años para organizar la política pública en esta materia. La iniciativa también contempla la publicación de informes anuales sobre avances, resultados y brechas en su implementación.
En cuanto al financiamiento, el proyecto dispone que los servicios que requieran nuevos gastos se incorporen progresivamente, en un plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley. Esa gradualidad no se aplicaría a la recepción de denuncias, la atención urgente ni las medidas de protección legalmente exigibles.
El reto de convertir la propuesta en servicios
La coordinación prevista en la Ley Mirabal requeriría que las instituciones definan sus responsabilidades, compartan información conforme al marco legal y mantengan el seguimiento de los casos. También dependería de los recursos disponibles para ofrecer atención especializada y protección en las distintas demarcaciones.
La senadora por Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz, ha llamado a los sectores políticos e institucionales a respaldar la iniciativa y lograr su aprobación en el Congreso.
“Que entre todas, en esta legislatura, podamos votar esta ley y que la República Dominicana pueda contar de una vez y por todas con una legislación que pueda ser un instrumento para que se ejerza verdadera justicia en contra de la violencia de género”, expresó.
Ortiz destacó la participación del Ministerio de la Mujer, las instituciones públicas y las legisladoras en el impulso de la propuesta. También resaltó que el nombre de la ley honra la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.
El proyecto todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en ley. Su alcance dependerá de las disposiciones que finalmente se aprueben y de la capacidad del Estado para ponerlas en práctica, desde la evaluación inicial del riesgo hasta la protección, la atención y el seguimiento de cada caso.
Pacheco asegura que el proyecto entrará en agenda del Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que se reunirá con senadoras y diputadas que participaron en la entrega de la Ley Mirabal para definir el trámite legislativo de la iniciativa, que busca actualizar la respuesta del Estado ante la violencia contra las mujeres.
Pacheco aseguró que el proyecto figurará en la agenda del Congreso la semana siguiente y afirmó que existe el compromiso de aprobarlo durante la legislatura. “Pueden estar seguros de que la semana que viene esa ley aparecerá en la agenda del Congreso. Si hay compromiso para que sea aprobada”, declaró.
El legislador explicó que la primera medida será coordinar con representantes de ambas cámaras para determinar el curso de la propuesta. “Lo que hay es el firme propósito de comenzar a conocerla inmediatamente”, afirmó Pacheco.
El presidente de la Cámara de Diputados también señaló que el proyecto recoge iniciativas impulsadas por legisladoras y responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente. Recordó que la Ley 24-97 cumplirá 30 años en 2027 y consideró que los cambios ocurridos desde su aprobación hacen necesarias nuevas disposiciones para enfrentar la violencia contra las mujeres.
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