El Senado de Brasil aprobó el miércoles un proyecto de ley para recortar la pena de prisión del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue condenado por conspirar para un golpe de Estado tras perder la reelección frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, el proyecto pasa ahora a manos de Lula, cuyo veto previsto podría ser finalmente revocado por el Congreso.
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Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir en noviembre una condena de 27 años de prisión y, según las normas actuales, debía pasar al menos ocho años encarcelado antes de poder acceder a un régimen penitenciario más flexible.
Sin embargo, la nueva legislación —que modifica la forma en que se calculan las penas para ciertos delitos— podría permitir que Bolsonaro cumpla poco más de dos años de prisión.
Tras meses de maniobras políticas por parte de los aliados de Bolsonaro en el Congreso para lograr algún tipo de amnistía, el proyecto avanzó con sorprendente rapidez tanto en la Cámara baja, controlada por conservadores, como en el Senado, de composición más equilibrada.
El hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, a quien el exmandatario ha señalado como candidato de la derecha para las elecciones de 2026, instó a la Cámara alta a "resolver este asunto de una vez por todas".
La iniciativa provocó protestas en varias ciudades de Brasil el domingo, donde manifestantes corearon "no a la amnistía" y mostraron pancartas con el mensaje: "Congreso, enemigo del pueblo".
Aunque las fuerzas políticas están más equilibradas en el Senado, el proyecto fue aprobado por 48 votos a favor y 25 en contra.
El senador centrista Renan Calheiros calificó la votación como una "farsa" y abandonó la sesión, acusando a los aliados del gobierno en el Parlamento de permitir la votación a cambio de apoyo a una iniciativa presupuestaria, como parte de un acuerdo político entre bastidores.
’Debe pagar' por sus crímenes
El autor del proyecto, el diputado Paulinho da Força, afirmó que se trata de un “gesto de reconciliación” en un país polarizado.
Los senadores modificaron el texto para limitar su alcance, tras temores de que pudiera suavizar las penas para una amplia gama de delincuentes.
La ley está dirigida específicamente a beneficiar a los condenados por el complot golpista, así como a más de 100 seguidores de Bolsonaro encarcelados por su participación en los disturbios de enero de 2023 contra las sedes del poder en Brasilia, poco después de que Lula asumiera el cargo.
El senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro, celebró que la ley permita "sacar a esas personas de prisión, que es lo más importante ahora mismo".
Bolsonaro cumple su condena en una sala especial de una instalación policial en Brasilia, tras un inicio dramático de su encarcelamiento, cuando utilizó un soldador para dañar su pulsera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.
Lula ha prometido vetar la ley, afirmando que Bolsonaro "debe pagar" por sus crímenes.
"Este proyecto está destinado a ser vetado" por Lula, dijo el senador Randolfe Rodrigues, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
No obstante, el Congreso tiene la última palabra y puede anular el veto presidencial.
Bolsonaro fue condenado por un plan para impedir que Lula asumiera el poder tras su ajustada derrota en las elecciones de 2022, que evidenciaron profundas divisiones políticas en Brasil.
El complot habría incluido planes para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes.
Según los fiscales, el plan fracasó por falta de apoyo de la cúpula militar.
Este artículo es una adaptación de su original en inglés
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