Más de 2.600 aspirantes disputarán 881 cargos en el Poder Judicial de México el 1 de junio: una elección por voto popular histórica, que marca un giro radical en la forma en que se designan jueces y magistrados en el país. A falta de una semana para los comicios, los cuestionamientos a algunas candidaturas, incluida la de un exnarco, y las denuncias de injerencia han encendido las alarmas.
La inédita jornada electoral que tendrá lugar en México el domingo 1 de junio convocará a 99,7 millones de votantes y representa la primera vez que la ciudadanía participa directamente en la selección de 881 cargos de funcionarios judiciales. En este caso, hay 3.422 candidatos.
Se prevé que en 2027 se lleve a cabo un nuevo proceso para elegir 800 cargos adicionales dentro del mismo sistema.
El proceso de selección comenzó con una evaluación por comités conformados por representantes de los tres poderes del Estado. Los aspirantes debieron cumplir con requisitos como contar con un título en Derecho, tener al menos cinco años de experiencia profesional, redactar un ensayo y presentar cartas de recomendación de colegas y conocidos. Aquellos que cumplieron con estos criterios ingresaron a un sorteo que definió los habilitados para competir en las elecciones.
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"Que respondan ante el pueblo"
La reforma que permitió esta elección fue impulsada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien defendió la iniciativa como un esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
"Que respondan ante el pueblo", expresó en su momento López Obrador. La medida fue uno de los actos más significativos al cierre de su mandato en septiembre pasado.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. Gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, así como organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, han manifestado su preocupación por una posible politización del sistema judicial y una merma en su independencia.
La ONU, además de asociaciones civiles, actuales jueces y partidos de oposición, han advertido sobre el riesgo de intervención tanto del Ejecutivo como del crimen organizado en la contienda.
A estas inquietudes se suman las denuncias en redes sociales que vinculan a al menos una veintena de candidatos con grupos del narcotráfico, lo que ha encendido aún más el debate sobre la idoneidad del nuevo modelo de elección.
Los actos proselitistas iniciaron el 30 de marzo y finalizarán este 28 de mayo, en un clima de creciente tensión política y bajo el escrutinio nacional e internacional.
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Una encuesta alerta de posible partidización de la Justicia
Con la celebración de estos comicios, la mitad de los ciudadanos percibe que el Poder Judicial estará más alineado con el Gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, según una encuesta publicada este lunes 26 de mayo por el diario 'El Financiero', en la que se refleja la percepción pública frente a la histórica reforma judicial impulsada por el oficialismo izquierdista.
El sondeo señala que el 50% de los consultados considera que el sistema judicial se acercará al proyecto de la llamada “cuarta transformación”, encabezado originalmente por López Obrador y continuado por Sheinbaum, ambos del partido de izquierda Morena.
En contraste, un 37% opina que el Poder Judicial funcionará como un verdadero contrapeso institucional, mientras que el 13% restante no tiene una postura definida.
Respecto al impacto de la reforma en el sistema democrático, el 59% cree que la medida fortalece la democracia, mientras que el 35% considera que la debilita. Un 6% de los encuestados no supo o no respondió.
El estudio también indaga en el comportamiento electoral previo a los comicios. A pocos días de la elección, apenas un 12% de los ciudadanos afirmaba haber decidido su voto, un aumento de ocho puntos porcentuales en comparación con el 4% registrado en abril. No obstante, un 47%, todavía no tenía claro por quién votar, aunque esa cifra muestra una ligera mejora frente al 53% de indecisos reportado en el mes anterior.
En cuanto a la participación esperada en las urnas, la encuesta estima que esta se ubicará entre el 16% y el 23%, lo que evidencia un bajo nivel de involucramiento ciudadano frente a un proceso considerado de gran relevancia institucional.
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Exabogada de ‘El Chapo’ y un exnarco, entre polémicas candidaturas
Entre los candidatos para estos comicios históricos, figuran algunas personas con antecedentes cuestionables, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones civiles, jueces y defensores del Estado de derecho.
Uno de los nombres más polémicos es el de Leopoldo Chávez, candidato a juez federal en el estado de Durango, quien cumplió casi seis años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
En un video difundido en redes sociales, Chávez reconoció su pasado y afirmó haber saldado su deuda con la justicia. “Nunca me he presentado como el candidato perfecto”, expresó. Durango, cabe recordar, forma parte del Triángulo Dorado, una zona controlada históricamente por cárteles del narcotráfico.
En Jalisco, Francisco Hernández, otro aspirante, busca convertirse en magistrado penal a pesar de haber sido destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por denuncias de abuso sexual y corrupción. Asegura que se trata de “difamaciones” y pide que sea “el pueblo quien lo juzgue”.
En Nuevo León, Fernando Escamilla, especialista en derecho de extradición, defiende su postulación tras haber asesorado jurídicamente a integrantes del cártel de Los Zetas.
“No creo que asesorar en temas legales a criminales implique mala reputación”, declaró a la agencia Reuters.
También ha llamado la atención la candidatura de Silvia Delgado, quien en 2016 representó legalmente a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Hoy, aspira a ser jueza penal en Chihuahua. Delgado sostiene que su labor como abogada fue parte de su deber profesional.
“No soy corrupta. No te pueden condenar por haber hecho tu trabajo”, dijo en un mitin en Ciudad Juárez.
Las preocupaciones sobre la idoneidad de varios postulantes han sido respaldadas por investigaciones de organizaciones como Defensorxs, que ha identificado al menos a 20 candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o presuntos vínculos con el crimen organizado.
El Observatorio Judicial Electoral también advirtió sobre más de 130 postulantes sin competencia real, es decir, sin rivales en la contienda, lo que les daría una victoria automática.
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Autoridad electoral investiga presunta injerencia política
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que abrió investigaciones por posibles intentos de injerencia de actores políticos, incluido el partido oficialista Morena, en el proceso de selección de jueces y magistrados federales.
Las reglas que rigen este proceso establecen restricciones estrictas: los aspirantes no pueden utilizar propaganda partidista, participar en actos organizados por partidos políticos ni recibir donaciones de ningún tipo. A pesar de ello, el INE ha recibido denuncias que apuntan a posibles violaciones de estas normas.
Claudia Zavala, consejera del INE, confirmó a Reuters que se están investigando dos casos. El primero implica al Gobierno del estado de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano (MC), a quienes se acusa de presuntamente movilizar a empleados públicos para trasladar votantes a los centros de sufragio y distribuir panfletos con nombres de candidatos judiciales.
La segunda denuncia, presentada en la Ciudad de México, involucra a funcionarios públicos y a Morena, el partido oficialista. Según los reportes, se habrían realizado acciones similares para influir en el electorado.
Ambas acusaciones surgieron luego de que se difundieran en redes sociales videos de personas entregando material impreso con nombres de aspirantes, lo cual podría constituir una violación directa a la normativa electoral vigente.
“Debemos respetar el derecho de las y los ciudadanos a decidir con libertad a quiénes quieren como jueces, magistrados y ministros. Nadie tiene derecho a decirle a otro cómo votar”, expresó Zavala.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Nuevo León, ni los partidos Morena y Movimiento Ciudadano han respondido a las solicitudes de comentario sobre estas acusaciones.
El INE determinará si se incurrió en alguna falta y, de ser así, remitirá los casos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia encargada de emitir una resolución definitiva.
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Conflicto con maestros incomoda al Gobierno federal, previo a la elección
A menos de una semana de la elección judicial en México, el conflicto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha alcanzado un nuevo punto de tensión.
Este lunes, el gremio docente intensificó las protestas con bloqueos en puntos estratégicos de la capital y en otras regiones del país, con la amenaza de mantenerse en las calles hasta el domingo 1 de junio, fecha de la votación.
Tras más de diez días de paro nacional y protestas en la Ciudad de México, los maestros reforzaron su presencia frente a edificios clave como el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sedes de medios de comunicación. Exigen un encuentro directo con la mandataria para reclamar el cumplimiento de promesas de campaña, entre ellas la derogación de la reforma educativa de 2007, la cual consideran lesiva para sus derechos laborales.
No obstante, la presidenta ha descartado abrir el diálogo, argumentando que los propios manifestantes lo rompieron al protagonizar incidentes violentos, como la agresión a un camarógrafo y el bloqueo al acceso de periodistas a su conferencia de prensa del pasado 21 de mayo.
Durante su rueda de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum volvió a rechazar una mesa de negociación con la CNTE. Además, acusó a los docentes de intentar sabotear las elecciones del domingo, equiparando sus acciones a las de sectores conservadores que llaman a no participar en la jornada electoral.
“Ahora repiten el mismo discurso que la derecha: que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la demanda de derogar una ley con el derecho del pueblo a elegir a su Poder Judicial?”, expresó la presidenta.
Desde la CNTE, las declaraciones del gobierno han sido recibidas como un ataque frontal. En conferencia de prensa, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9, lamentó que se les acuse de desestabilizadores, como en sexenios anteriores, y sostuvo que aún están abiertos al diálogo: “No queremos llegar al 1 de junio con el plantón. Si hoy o mañana nos dan una respuesta clara, no tiene sentido continuar en la calle”.
El gremio también evalúa mantener su presencia durante la jornada electoral, en función de la respuesta del Ejecutivo a sus exigencias.
Las tensiones entre el Gobierno y el magisterio comenzaron el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, cuando la CNTE se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México frente al Palacio Nacional. Ese mismo día, Sheinbaum anunció un aumento salarial del 10% para los docentes, propuesta que fue rechazada por la Coordinadora, que insiste en un incremento del 100% y la eliminación de las reformas educativas de 1997 y 2007.
Con EFE, AP y Reuters.
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