El intento del expresidente panameño Ricardo Martinelli para refugiarse en Nicaragua vuelve a poner en el foco un patrón: el país se ha convertido en un santuario para figuras de alto perfil acusadas de corrupción y otros delitos en sus naciones de origen, mientras el Gobierno de Daniel Ortega destierra a sus críticos. Desde Pablo Escobar hasta políticos y expresidentes centroamericanos, aquí un repaso por quienes han encontrado en Managua un refugio seguro que plantea diversas preguntas.
Un pase exclusivo. La noche del 21 de enero de 2025, el Ministerio de Salud de Nicaragua informó del fallecimiento del expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Residía en Managua desde 2016.
Horas antes, el ministerio había advertido sobre su estado "extremadamente grave" debido a complicaciones de salud. La prensa salvadoreña vinculó el deceso a problemas renales y hepáticos.
Funes fue un reconocido periodista en su país y se convirtió en el primer presidente de izquierda salvadoreño. Gobernó entre 2009 y 2014 con el respaldo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pero su carrera política terminó marcada por acusaciones de corrupción, lo que lo llevó a refugiarse en Nicaragua, donde el Gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo, ciudadanía y hasta un salario en la Cancillería, según revelaciones de 'El Faro'.
Sobre Funes pesaban tres órdenes de captura y sentencias que, en conjunto, sumaban casi tres décadas de prisión. Desde el exilio, el expresidente rechazó los cargos y aseguraba ser víctima de una persecución política en su país.
Sin embargo, su refugio y los beneficios otorgados por el Gobierno sandinista repetían un curioso patrón: figuras políticas señaladas por corrupción y otros delitos buscando a toda costa refugio en Nicaragua.
Funes no fue el único expresidente centroamericano en refugiarse en Managua. En 2021, otro expresidente, salvadoreño también, Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó entre 2014 y 2019 bajo la bandera del FMLN, encontró en Nicaragua refugio tras ser solicitado por la Justicia de su país.
Con un trámite exprés, Ortega le concedió la nacionalidad, protegiéndolo frente a cualquier intento de extradición, ya que la Constitución nicaragüense lo prohíbe.
Una práctica con historia: de guerrilleros a acusados de corrupción
En la década de 1980, durante el primer mandato sandinista, Nicaragüa recibió a cientos de exiliados huyendo de dictaduras y conflictos en la región, especialmente de El Salvador, donde la guerra civil forzó la salida de alrededor de un millón de personas.
Mientras el gobierno revolucionario de Managua se presentaba como defensor de los Derechos Humanos y denunciaba el intervencionismo occidental en Centroamérica, Ortega protegía a personajes internacionales controvertidos.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo han otorgado protección a personas señaladas por sus países de estar vinculadas con actos considerados delitos de diferente tipo, y eso lo ha hecho en diferentes momentos”, afirma Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM.
Uno de los casos más notorios fue el del italiano Alessio Casimirri, miembro de las Brigadas Rojas, condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978.
Casimirri lleva más de tres décadas viviendo en Nicaragua, protegido por el Gobierno sandinista, y es conocido por ser el chef y propietario de “La Cueva del Buzo”, un restaurante exclusivo de mariscos en la capital nicaragüense.
En esa época Nicaragua recibió a militantes de ETA, guerrilleros montoneros argentinos e incluso narcotraficantes de alto perfil como Pablo Escobar Gaviria, consolidando su papel como actor en medio de las tensiones de la Guerra Fría en América Latina.
Varios relatos de cercanos a Escobar Gaviria, entre ellos el de su hijo, Sebastián Marroquín, sitúan al capo del Cartel de Medellín refugiado en Nicaragua en los años ochenta, donde realizó transacciones que habrían involucrado al gobierno de turno en el tráfico de drogas.
Barry Seal, un agente de la DEA que trabajaba para los capos y para el organismo de control de drogas, tomó en Managua una fotografía histórica: Pablo Escobar junto a funcionarios sandinistas en un aeropuerto organizando el traslado de un cargamento de lo que sería cocaína.
La historia del agente inspiró la película American Made, protagonizada por Tom Cruise. Esta versión también fue respaldada por el exnarcotraficante colombiano Carlos Lehder, socio de Escobar, en su libro 'Vida y Muerte del Cartel de Medellín', donde relata cómo fueron protegidos por Nicaragua en esa época.
Lo que en los años ochenta se justificaba como solidaridad revolucionaria se ha transformado, décadas después, en un patrón de protección a expresidentes y políticos señalados por corrupción, afirman expertos.
“También logras encontrar gente de Honduras, por ejemplo, que huyó a Nicaragua y que estaba directamente vinculada al gobierno de derecha de Juan Orlando Hernández. Ves claramente que ahora se trata fundamentalmente de un asunto de negocios”, dice el politólogo Javier Meléndez, director del centro de pensamiento Expediente Abierto.
Tras su regreso al poder en 2007, Ortega concedió asilo político a tres jóvenes que sobrevivieron a un ataque del Ejército colombiano contra un campamento clandestino de las FARC en Ecuador, donde murió el líder guerrillero Raúl Reyes.
En ese momento, Ortega denunció posibles atentados contra las sobrevivientes de ese ataque, a quienes Nicaragua protegió: las colombianas Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez, y la estudiante mexicana Lucía Morett.
“No se identifica que ese privilegio tenga que ver con una afinidad ideológica. La hipótesis que circula es que se trata de una especie de intercambio o una transacción entre los Ortega-Murillo y estas personas perseguidas. Es decir, que ellas pagan por tener acceso a ese privilegio de protección internacional”, sostiene Cuadra.
El ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, que fue derrocado por un golpe militar en 2006 y posteriormente condenado en 2008 a dos años de prisión por corrupción, encontró asilo en Nicaragua.
En 2009, Shinawatra recibió un nombramiento como "embajador en Misión Especial" por parte del Gobierno nicaragüense, otorgándole además un pasaporte diplomático que le permitió moverse internacionalmente pese a la revocación de su pasaporte ordinario por parte de las autoridades tailandesas.
“Eso ha instalado una sombra sobre Nicaragua y la hace ver como si fuera realmente un territorio donde personas prófugas de la Justicia, sobre todo personas de alto nivel, pueden refugiarse y gozar de total impunidad”, cuenta la investigadora Cuadra.
Pero los analistas consultados coinciden en que los intereses por otorgar protección a personajes de alto nivel va más allá de la afinidad o solidaridad.
“El régimen de Nicaragua es un Estado rebelde que transgrede las normas internacionales cotidianamente, que usa todos los recursos ilegales para justificar su lucha contra el capitalismo y contra Occidente”, asegura Melendez.
Nicaragua ha defendido la concesión de asilo a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén bajo el argumento de que enfrentan una "persecución política" que pone en riesgo su integridad.
El Gobierno de Daniel Ortega sostiene que esta decisión se enmarca en el Derecho Internacional y en tratados como la Convención de 1928, que permite a los Estados otorgar protección a quienes consideran perseguidos.
Según una resolución del Ministerio de Exteriores de Nicaragua, dependencia estatal que otorga estos asilos, sobre el caso de Funes aseguraron que "la Constitución política de la República de Nicaragua asegura el asilo para los perseguidos políticos, amparando a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los Derechos Humanos".
Nicaragua, en cambio, expulsa a sus ciudadanos
El último personaje internacional en pedir ayuda a Nicaragua fue Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá (2009-2014) y refugiado en la Embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero de 2024 tras confirmarse su sentencia judicial por el desvío de fondos públicos para la compra de medios de comunicación durante su gestión.
El también multimillonario evitaría así una condena de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales relacionada con el caso "New Business". Su traslado a Nicaragua fue suspendido de último momento el lunes pasado. El Gobierno nicaragüense condicionó su recepción a la clarificación de una supuesta alerta roja de Interpol contra el exmandatario panameño.
"Denunciamos por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las Autoridades de Panamá, que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista", reclamó el lunes Rosario Murillo durante una intervención.
Esto sucede mientras Nicaragua ha llevado a cabo una política de privación de nacionalidad que ha dejado a miles de ciudadanos en condición de apatridia. En febrero de 2023, al menos 317 personas, entre ellas opositores políticos, activistas de derechos humanos y figuras públicas, fueron despojadas de su ciudadanía nicaragüense, una medida que contraviene tanto la Constitución del país como acuerdos internacionales.
“Eso es una total incongruencia y no tiene nada que ver con ese supuesto espíritu humanista del que hablan", expresa Cuadra.
Organizaciones como la Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, estiman que más de 5.000 nicaragüenses enfrentan una situación similar, ya sea por la revocación formal de su nacionalidad o por restricciones que les impiden regresar, como la prohibición de ingreso al territorio o la negativa a renovar documentos de identidad.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GHREN, adscrito a la ONU, denunció que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue cometiendo “crímenes de lesa humanidad” para diezmar a la oposición.
En un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, señalaron un patrón de represión sistemática. La experta del GHREN, Ángela Buitrago, advirtió que la privación de nacionalidad y otras restricciones afectan gravemente la subsistencia de los exiliados, reiterando lo expúesto en un reciente informe de Naciones Unidas.
Meléndez lamenta que “mientras el régimen le da la nacionalidad a estos delincuentes, nos ha desnacionalizado y le ha impedido la entrada a mucha gente”.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde 2018, cuando protestas antigubernamentales dejaron más de 300 muertos, según documentó la ONU. Desde entonces, el gobierno de Daniel Ortega ha reforzado la represión. Opositores denuncian la existencia de 47 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, así como casi un millón de exiliados, según recuentos del GHREN.
Ortega alega que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado promovido por EE. UU., y justifica las medidas como "defensa del orden". Ortega también ha acusado a las ONG y a la Iglesia católica de apoyar las protestas, lo que ha llevado al cierre de más de 5.600 organizaciones.
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