El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó este viernes 4 de abril la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, al validar la moción de juicio político aprobada por el Parlamento por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Ahora, se deberán convocar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Yoon también enfrenta un juicio penal por insurrección.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur decidió este viernes 4 de abril destituir al presidente Yoon Suk-yeol, al validar la moción de juicio político aprobada por el Parlamento debido a la breve imposición de la ley marcial en 2024, que desató la peor crisis política del país en décadas.
Ahora, el siguiente paso, establecido en la Constitución del país, es que se convoquen a unas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo continuará ejerciendo como presidente interino hasta que asuma el nuevo mandatario.
Se trata del desenlace de un caso que puso a tambalear la estabilidad política de Corea del Sur y que llevó a una intensa agitación en las calles del país.
Una situación política que incluso ha empañado los esfuerzos por establecer unas relaciones con la nueva Administración estadounidense, que ayer puso a Corea del Sur un arancel del 26%.
En paralelo, Yoon enfrenta un juicio penal por cargos de insurrección. El mandatario, que fue arrestado el 15 de enero —convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en funciones en ser detenido—, fue liberado en marzo tras la anulación de la orden de arresto por parte de un tribunal.
La crisis comenzó en diciembre del año pasado, cuando Yoon declaró la ley marcial. El presidente, en ese momento, justificó la medida como necesaria para erradicar a "elementos antinacionales" y frenar el supuesto abuso de poder del opositor Partido Democrático, al que acusó de destruir el país desde su mayoría parlamentaria.
Sin embargo, el decreto fue revocado seis horas después, tras el rechazo del Parlamento, cuyos legisladores lograron ingresar a pesar del intento de las fuerzas de seguridad por bloquear el acceso.
Las protestas se han mantenido durante meses y, tras el fallo judicial, persiste la duda sobre si esta resolución logrará poner fin al caos político desatado por la declaración de ley marcial.
(Noticia en desarrollo…)
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