Una riña entre reclusos desencadenó en un motín. El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que el lunes 20 de abril se produjo una disputa entre personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el estado Miranda, que posteriormente derivó en una revuelta.
Se trata de un establecimiento de máxima seguridad destinado, según las autoridades, a dirigentes y miembros de bandas criminales.
Las autoridades identificaron a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdaba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez.
ONG y oposición venezolana denuncian opacidad y exigen respuestas
Asimismo, indicaron que el Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.
Antes de la confirmación oficial, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había alertado sobre una situación irregular dentro del penal y denunció la suspensión de visitas familiares sin explicación.
La organización también reportó la presencia de ambulancias y rumores sobre posibles traslados o un presunto motín. En un video difundido por el OVP, familiares de los reclusos reclamaban información al grito de: “¡Queremos visita!”.
Además, la ONG criticó la falta de información oficial y señaló que la incertidumbre mantenía a los familiares en estado de angustia.
Tras las denuncias, el Ministerio Público designó una comisión para esclarecer lo ocurrido y garantizar los derechos de la población privada de libertad en el centro penitenciario.
No obstante, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del motín ni sobre la situación actual dentro del penal.
Por su parte, el diputado opositor Henrique Capriles denunció que persiste "opacidad" en torno al motín y exigió el restablecimiento de las visitas familiares.
"Lo sucedido en Yare III es una tragedia que no puede quedar en el olvido. Hay familias enteras viviendo una espera angustiante. ¡Necesitan información de sus familiares! A más de 24 horas de que la Fiscalía anunciara una investigación, la opacidad persiste. URGE que se restablezca el derecho a la visita para que los familiares puedan tener calma", señaló el opositor en sus redes sociales.
"Exigimos al Ministerio Público celeridad y a la Defensoría del Pueblo que asuma su deber constitucional de proteger los derechos humanos, deberían estar acompañando a los familiares de los reclusos ¿Por qué no ha pasado? El silencio no se puede convertir en la respuesta oficial ante la desesperación ciudadana", agregó.
En su opinión, ambas instituciones deberían estar acompañando a los familiares de los reclusos.
"¿Por qué no ha pasado? El silencio no se puede convertir en la respuesta oficial ante la desesperación ciudadana", remarcó.
Capriles sostuvo que el Estado es responsable de la vida de las personas bajo custodia y reclamó mayor claridad sobre lo ocurrido. También cuestionó la falta de acompañamiento institucional a los familiares de los reclusos.
El dirigente afirmó que este caso representa una oportunidad para que las instituciones demuestren con acciones su compromiso con los derechos humanos y la transparencia.
Con EFE y medios locales
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