Han pasado diez días desde que el Ejército de EE. UU. atacó e hizo detonar una lancha en el Caribe bajo el argumento de que transportaba droga hacia EE. UU. Sin embargo, ni la ubicación, ni la identidad de los tripulantes y tampoco el contenido de la embarcación han sido corroborados por ninguno de los gobiernos implicados, mientras crecen las especulaciones sobre el hundimiento.
Más de una semana después, persisten las dudas sobre el ataque de EE. UU. a un barco en el Caribe, cerca a las costas venezolanas.
De manera pública, más allá de declaraciones, solo se ha conocido el vídeo de medio minuto divulgado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, el pasado 2 de septiembre, en el que se ve a una lancha deslizarse por altamar antes de convertirse en una bola de fuego por el impacto de misil.
Once personas murieron en el acto. Para Trump, “terroristas” del Tren de Aragua; para Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, “un grupo de ciudadanos” contra el cual “se ha cometido un asesinato”.
“Ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante, ni llevaban drogas”, afirmo cabello el 11 de septiembre.
Donald Trump ha defendido el operativo como parte de un refuerzo de su lucha contra los carteles de droga. Bajo ese argumento, movilizó en agosto ocho buques de guerra y un submarino de ataque a aguas internacionales en el Caribe y, dias más tarde, una decena de aviones de combate a Puerto Rico.
Venezuela, que considera estos movimientos una amenaza a su soberanía, ha contestado con un enlistamiento masivo de ciudadanos y un despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y milicias en 284 frentes, lo que Maduro ha llamado el Plan Independencia 200.
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Hermetismo en la Casa Blanca
Si bien el líder de la Casa Blanca, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, tiene autonomía para ordenar operaciones militares en el extranjero, la War Powers Revolution —una ley introducida tras la guerra de Vietnam— obliga al Ejecutivo a informar al Congreso de cualquier movimiento de tropas en las 48 horas posteriores.
En la notificación enviada al Legislativo, Trump aludió a la muerte de miles de estadounidenses a causa del narcotráfico y aseguró que la lancha “estaba afiliada a una organización designada como terrorista y participaba en actividades ilícitas de tráfico de drogas”.
Algunos analistas y legisladores han expresado su descontento por la falta de información relevante en el escrito enviado al Congreso.
Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, afirmó: “No hemos recibido ningún tipo de explicación detallada por parte de la Casa Blanca sobre quién era el objetivo, qué información de inteligencia había detrás y por qué se llevó a cabo el ataque”.
La diputada demócrata por el estado de Minnesota, acusó a Trump de “lanzar una escalada militar en el Caribe sin ninguna autoridad legal y sin la aprobación del congreso”.
Para la legisladora, “no hubo defensa propia”, por lo que introdujo el 11 de septiembre una resolución para terminar “las hostilidades contra Venezuela y las organizaciones criminales designadas como terroristas este año”.
Los cuestionamientos sobre el bombardeo en el Caribe también provienen de copartidarios de Donald Trump, como el republicano Rand Paul, quien se preguntó en la noche del lunes ante la prensa: “¿Estamos dando por sentado que no habrá ningún problema con solo volar barcos? ¿Alguien sabe los nombres de esas personas? ¿Alguien va a presentar pruebas de lo que están haciendo?”.
Paul también reaccionó a las palabras del vicepresidente J.D. Vance, quien defendió en redes sociales que “matar a miembros de los carteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas”.
El legislador reaccionó así a la publicación: “¡Qué sentimiento tan despreciable y desconsiderado es glorificar el asesinato de alguien sin juicio previo!”
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Rumbo incierto
Una de las principales incógnitas gravita en torno al destino que tenía la lancha. El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó inicialmente que el barco se dirigía probablemente a Trinidad y Tobago o a “algún país caribeño”, aunque tuvo que renunciar a su versión después de que el propio Trump asegurará que el destino de la lancha era Estados Unidos.
Conocer la localización precisa del impacto es imprescindible para delimitar la jurisdicción del caso, concluir si hubo alguna violación de territorio soberano y, en general, determinar legalidad del bombardeo.
Estados nidos se ha limitado a señalar que ocurrió “en el sur del Caribe”, mientras medios locales de Venezuela aseguran que ocurrió al interior de las fronteras del país suramericano.
El pasado martes 9 de septiembre, funcionarios de la Administración familiarizados con el operativo declararon bajo anonimato al 'New York Times' que en los momentos previos al bombardeo la lancha modificó su ruta tras aparentemente advertir que eran seguidos desde el aire.
Esta revelación pone en jaque la hipótesis del Gobierno de Donald Trump, que había defendido el hundimiento como una maniobra en defensa propia.
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Participación de terceros países
Otros países de la región se han visto arrastrados al frenesí de declaraciones que se han producido tras el hundimiento de la embarcación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro —quien ha definido el bombardeo como un “asesinato”—, sostiene que el Gobierno de Trinidad y Tobago conocía los planes de la Casa Blanca.
En ese sentido, telefoneó a la presidenta del país, Kamla Persad-Bissessar, partidaria del endurecimiento de la política antidrogas de Donald Trump, para instarla a buscar los cuerpos de los tripulantes de la lancha, bajo la sospecha de que el impacto tuvo lugar dentro de las fronteras de ese país.
Persad-Bissessar no solo descartó la propuesta de Petro, sino que felicitó a Washington por el operativo.
En un tono más elevado, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, repitió la acusación contra el Gobierno trinitense y, además, sumó al Ejecutivo de Guyana a la ecuación.
Así, Rodríguez quiso enviar el jueves 11 de septiembre “un mensaje muy claro” a los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago, a los que llamó “vasallos del Departamento de Guerra de EE. UU.”.
“No se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo”, subrayó.
Con Reuters y medios locales
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