Este martes 1 de julio inicia en España una huelga de fiscales y jueces en rechazo a la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta, que se prevé se extienda hasta el 3 de julio, reprocha los cambios que buscan modificar las vías de acceso a la carrera judicial y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. France 24 repasa los puntos clave de esta iniciativa.
Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales convocaron para este 1 de julio una huelga de tres días contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno español, la cual apunta a reestructurar el acceso a la carrera judicial y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El anteproyecto modificaría la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en la carrera judicial, según fuentes del Gobierno. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que se trataría de “la mayor transformación en décadas de la justicia” y un “avance” en la evolución de este servicio público.
¿Qué señala la reforma propuesta?
Esencialmente, la propuesta judicial busca cambios en el acceso a las carreras de juez y fiscal. Para ello, prevé ampliar el número de plazas y becas, la creación de un nuevo exámen escrito y el establecimiento de un centro público de preparación con delegaciones en cada territorio español.
La reforma del Ministerio Fiscal pretende fortalecer su autonomía e independencia, desvinculando el mandato del Fiscal General del Estado de la legislatura y estableciendo un mandato fijo de cinco años. Además, se plantea que la Fiscalía asuma un mayor protagonismo en la dirección de la investigación penal, asumiendo el mando sobre la Policía Judicial en la investigación de delitos.
"Fortalece su autonomía y mejora su capacidad funcional. A la vez, adapta esta institución al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que convertirá al Ministerio Fiscal en el encargado de la instrucción de los procesos penales, como ocurre en el resto de países de la Unión Europea", señaló el Ministerio de justicia en su página oficial.
Para los opositores de las iniciativas, las reformas socavarían la independencia del Poder Judicial en España, y temen, además, una posible influencia del Ejecutivo en esa rama.
El pasado sábado, 28 de junio, España ya tuvo la antesala de la huelga prevista para esta semana. Ese día, cientos de personas, entre ellos decenas de jueces y fiscales, se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno.
Existen dudas sobre la legalidad del paro programado para este martes y sobre el curso de las actividades que involucren al personal judicial que entrará en huelga.
Leer tambiénDesde la Conferencia de la ONU hasta la huelga de jueces: semana clave en España
¿Cuál es el mayor cambio propuesto sobre las oposiciones?
En primer lugar, cuando se habla de oposiciones en España se hace referencia a exámenes de acceso a puestos públicos que pueden tomar a los candidatos años de exclusiva preparación.
En ese sentido, el Ejecutivo busca ofrecer una beca con el importe del salario Mínimo Interprofesional, por hasta cuatro años, para que quienes aspiren a la carrera judicial, fiscal, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia puedan preparar sus oposiciones.
El Gobierno considera que, de esta manera, más personas podrán acceder a cargos públicos, ya que presentar una oposición resulta difícil para quienes tienen bajos recursos económicos y no pueden dejar de trabajar.
A su vez, para ese fin está previsto la creación de un Centro de Estudios Jurídicos, lo que sería una especie de programa académico para la preparación de oposiciones.
Otro de los puntos clave de este proyecto es sustituir una de las pruebas del proceso por una escrita basada en un caso práctico. De esa manera, “se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos”, según el Gobierno.
El plan prevé también la ampliación del número de fiscales y jueces, un sistema de ascenso automático por antigüedad –cada cinco años– y cambios en la composición y elección de los miembros del Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial.
Leer tambiénDesde la Conferencia de la ONU hasta la huelga de jueces: semana clave en España
¿Cuáles son las razones del rechazo al proyecto?
Los sectores opositores de estas reformas aseguran que los cambios “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal”.
En ese mismo tono, aseguran que la creación del centro de estudios para oposiciones, por ejemplo, representaría la intervención del Ejecutivo en un proceso que hasta ahora ha sido independiente.
Adicionalmente, denuncian que estos cambios no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia española, sino que, por el contrario, propician los riesgos de su politización.
Sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, puntualmente, los jueces en contra aseguran que la iniciativa representaría un retroceso para la Justicia, ya que incrementaría “injustificadamente” el poder de fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales realicen su trabajo de investigación.
¿La huelga es ilegal?
Cuando el Ministerio de Justicia español le solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pronunciarse sobre la legalidad de la huelga convocada para esta semana, el consejo no calificó el paro como “ilegal”.
Sin embargo, el Consejo acordó por unanimidad la semana pasada que el ejercicio de derecho a huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo, por lo que “no procede” tenerla anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
En cuanto a las posibles sanciones a los magistrados que acudan al paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, escenarios similares en los que no se han producido este tipo de cargos.
El CGPJ subrayó que, de producirse el paro, este no debe afectar en ningún caso aspectos como "reparto de asuntos, los servicios de guardia, o las decisiones urgentes de instrucción", y en general cualquier decisión judicial inaplazable.
Con EFE y medios locales
Compartir esta nota