El Gobierno de Colombia formalizó ante Nicaragua la solicitud de extradición de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalado como protagonista central en el mayor escándalo de corrupción que golpea al Ejecutivo del presidente Gustavo Petro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este domingo 17 de agosto que la Embajada de Colombia en Nicaragua remitió una nota diplomática para pedir la entrega de González, quien actualmente reside en ese país. El documento fue enviado el sábado por el encargado de negocios de la misión en Managua, Óscar Muñoz, al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.
En la comunicación, Muñoz expresó: “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”.
El procedimiento se ampara en el tratado de extradición vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en Managua el 25 de marzo de 1929. Según confirmaron medios locales, la decisión ya había sido anunciada por el jefe de Estado días atrás, luego de que se revelara que funcionarios de la Cancillería habrían intermediado para gestionar la residencia nicaragüense de González cuando este ya enfrentaba imputaciones judiciales.
Una investigación que involucra a Cancillería
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería por presuntamente facilitar la renovación de la residencia de González en Nicaragua, pese a que sobre él pesa una circular roja de Interpol. El ente de control busca determinar si se realizaron trámites para obtener documentos migratorios y sí incluso se le permitió el uso de bienes oficiales de la Embajada, como vehículo y vivienda.
El Ministerio Público detalló que la investigación es “contra funcionarios”, por lo que ya ordenó inspecciones a Migración Colombia, a los procedimientos adelantados por la Cancillería y la misión diplomática en Managua.
La apertura de este proceso disciplinario se dio luego de que el informativo colombiano de televisión Noticias RCN difundiera una carta enviada por la Embajada colombiana a la Cancillería nicaragüense en la que solicitaba ayuda para gestionar la renovación de la residencia de González.
La polémica residencia en Nicaragua
El escándalo tomó mayor fuerza tras conocerse que González recibió residencia en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, meses después de haber sido imputado por la Fiscalía colombiana.
Además, el periodista Daniel Coronell denunció que el exfuncionario vivió entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en la casa de la Embajada de Colombia en Managua, una mansión ubicada en el barrio Las Colinas, lo que incrementó los cuestionamientos sobre un posible respaldo oficial a su estadía.
La Cancillería reaccionó señalando que “este Ministerio no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones en relación con el señor González Merchán”. Añadió que no existen registros en Bogotá sobre su condición migratoria ni sobre solicitudes formales o informales ante las autoridades nicaragüenses.
Exfuncionarios también se pronunciaron. La excanciller Laura Sarabia aseguró: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad.”
Por su parte, el exembajador en Managua, León Fredy Muñoz, reconoció haber facilitado gestiones en su momento, pero aclaró que lo hizo cuando González no estaba imputado ni enfrentaba orden de captura. “Facilité su ingreso al país en el momento en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía General de la Nación. Mi actuación como embajador se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal, y en el marco de gestiones que he hecho con otros connacionales”, señaló.
Además, aseguró que al momento de su renuncia, en febrero de 2025, no existía trámite alguno en curso relacionado con González.
De esta manera, el caso pasó a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que se investiguen los hechos.
¿Por qué la justicia colombiana investiga a González?
Militante del partido Alianza Verde y exjefe de esa agrupación, Carlos Ramón González ha tenido una larga trayectoria política en Colombia. Además, compartió militancia con Gustavo Petro en el grupo guerrillero M-19, lo que le permitió establecer una relación cercana con el actual presidente.
En el Gobierno, ocupó cargos estratégicos como la dirección del Dapre y de la DNI, posiciones clave para la coordinación política y de inteligencia del Ejecutivo.
El líder político de 66 años fue señalado por la Fiscalía de ordenar pagos ilícitos a congresistas para garantizar apoyo legislativo al Gobierno. Según el ente acusador, se le imputaron los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos.
La acusación se centra en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad adscrita al Dapre y encargada de coordinar la atención de emergencias en el país.
La Fiscalía sostiene que parte del dinero desviado provenía de un contrato para la compra de 40 camiones cisterna destinados a abastecer de agua a comunidades de La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la sequía en Colombia.
Los testimonios señalan que González habría dado instrucciones para realizar pagos a través de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. La versión fue entregada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien colabora con la justicia.
El caso también involucra a los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), quienes permanecen detenidos por su presunta participación en el esquema de sobornos.
La postura del presidente Petro
Tras la divulgación de los documentos que mostraban una aparente intervención diplomática en favor de González, el presidente Petro negó que su Gobierno hubiera solicitado “algún tipo de privilegio” para el exfuncionario. Incluso calificó de “falsa” la información difundida en los medios y pidió que se corrigiera.
En su cuenta de X, el mandatario reiteró: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país.”
Con EFE y medios locales.
Compartir esta nota