A menos de una semana de la etapa final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitó reforzar la seguridad en torno a la vivienda del procesado al considerar que persiste un "riesgo de fuga". En respuesta, la Policía Federal sugirió plantar agentes incluso dentro de la casa del exmandatario mientras se denuncian versiones sobre una posible fuga hacia EE. UU. o Argentina.
Los indicios sobre una posible fuga del expresidente Jair Bolsonaro se avivaron después de que la Policía Federal revelará hace una semana el hallazgo de un borrador con una solicitud de asilo dirigida al Gobierno de Argentina en un teléfono incautado al expresidente en 2024.
A esto se suma la declaración de Lindbergh Farias, diputado del Partido de los Trabajadores (PT), quien ha asegurado tener indicios confiables sobre un plan de Bolsonaro para pedir asilo, esta vez en la Embajada de EE. UU.
Aunque la defensa del procesado ha refutado la hipótesis de la huida al remarcar que el borrador “no puede ser considerado un indicio de fuga”, el instructor del caso de Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal (STF) ha considerado “apropiado y necesario” reforzar la vigilancia contra el expresidente, dada la inminencia de la etapa final del juicio, que comenzará el 2 de septiembre, y al considerar insuficiente el despliegue de seguridad ante la situación de “riesgo de fuga”, según los extractos del sumario citados por agencias y medios nacionales.
Eso sí, Moraes ha solicitado a la policía actuar discretamente, sin violar la privacidad de la familia Bolsonaro ni alterar la tranquilidad de los vecinos.
La Justicia de Brasil impuso en julio de este año una serie de medidas cauteles contra Bolsonaro, que incluyen el uso de una tobillera con geolocalizador, la prohibición de usar redes sociales, de acercarse a sedes diplomáticas o de conversar con otros investigados.
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Después de un incumplimiento reiterado de algunas de estas medidas, el juez Moraes ordenó a inicios de agosto un arresto preventivo contra el expresidente al advertir una voluntad de interferir en el proceso.
La tobillera que controla desde hace más de un mes los movimientos del expresidente no es garantía suficiente para la Policía Federal, que ha sugerido este miércoles 27 de agosto, en respuesta al requerimiento de Moraes, plantar efectivos al interior de la vivienda del presidente.
La institución considera que el dispositivo electrónico es susceptible de daños o interferencias al depender de la señal de las operadoras de telefonía móvil.
La solicitud de la Policía deberá ser trasladada por el juez Moraes a la Fiscalía, antes de regresar al tribunal, que resolverá finalmente sobre la custodia del exmandatario.
Este miércoles, Lula da Silva ha ratificado en el cargo al Fiscal General Paulo Gonet, líder las investigaciones por golpismo contra Bolsonaro. Si el senado aprueba esta medida, Gonet liderará el ente investigador por dos años más.
Una causa judicial con gran trasfondo político
Lo que por estos días se dirime en un tribunal de Brasilia afecta directamente a la economía del gigante sudamericano, después de que Donald Trump, habituado a la diplomacia por la fuerza a través aranceles, amenazara con castigar a Brasil económicamente si continuaba el juicio contra Bolsonaro.
Trump se identifica con Bolsonaro, ya que también él fue procesado por alentar el Asalto al Capitolio estadounidense en 2021, tras perder las elecciones presidenciales contra Joe Biden.
Así, el republicano quiere presionar a la Justicia de Brasil para forzar un desenlace similar al vivido en EE. UU., donde la Corte Suprema otorgó inmunidad judicial a Trump y la Justicia archivó el caso por la invasión la sede del legislativo.
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El republicano ha impuesto como medida de coacción un arancel del 50% a gran parte de las importaciones de Brasil —como el café o la carne—, que comenzó a regir este mes, aunque tras algunas negociaciones quedaron excluidos otros productos vitales para la economía de la nación sudamericana.
Detrás de las decisiones de Trump hay una dosis de influencia de Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente que por meses ha hecho lobby en Estados Unidos con la teoría de la persecución política contra su padre.
Eduardo, quien ya manifestado sus aspiraciones presidenciales, presume de las sanciones de Trump contra magistrados y la economía de Brasil.
El juez Moraes también ha sido blanco de los ataques de Trump, quien lo incluyó el pasado 30 de julio en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en la que aparecen dictadores, narcotraficantes y terroristas de todo el mundo, además de políticos acusados de corrupción y otros crímenes.
Como respuesta, Moraes afirmó: "El rito procesal del STF ignorará las sanciones aplicadas. Este juez ignorará las sanciones que le fueron aplicadas y seguirá trabajando, como lo viene haciendo, en el pleno, en la Primera Sala, siempre de manera colegiada".
La presión social contra Moraes también se siente en las calles, incluso es habitual ver su nombre en las pancartas que sostienen los bolsonaristas en las manifestaciones de respaldo al expresidente.
De candidato a procesado
Bolsonaro enfrenta un juicio en su contra por un intento de golpe de Estado y varios delitos asociados, en una causa que tiene 37 procesados, 25 de ellos militares.
Tras perder las elecciones contra Lula da Silva en 2022, el expresidente no reconoció la derrota y sembró dudas sobre la legitimidad de las elecciones. Estas acusaciones detonaron la invasión a la Plaza de los Tres Poderes, corazón de la democracia de Brasil, por una multitud de seguidores bolsonaristas en enero de 2023.
Tras el asalto a las instituciones democráticas, Bolsonaro pasó un trimestre en EE. UU., antes de enfrentar un año de inhabilitaciones y registros judiciales.
En noviembre de 2024, la Policía Federal oficializó la acusación en su contra con la revelación de las primeras pruebas del caso, entre ellas cientos de páginas de chats que, según los investigadores, prueban su responsabilidad en los hechos.
La investigación apunta a que Bolsonaro compartió con la cúpula militar un plan para frustrar la sucesión de poder mediante la declaración de un estado de sitio, que otorgaría poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas.
La estrategia contemplaba incluso la posibilidad de un magnicidio en contra de Lula da Silva. Ya en julio 2022, meses antes de las elecciones, Bolsonaro citó a sus ministros para exhortarlos a difundir falsedades sobre la seguridad del sistema de votación y supuestos fraudes.
Los investigadores han resaltado que si el plan golpista no se ejecutó fue debido a la negativa de los generales del Ejército y la Aeronáutica.
Si la Justicia declara culpable a Bolsonaro por los delitos que le atribuye —como tentativa de golpe de Estado, organización criminal armada o abolición violenta del Estado democrático—, el exmandatario podría enfrentar una condena de más de 40 años de prisión, que a sus 70 años implica una cadena perpetua de facto.
De momento, Bolsonaro solo está inhabilitado para presentarse a elecciones hasta 2030.
Jair Bolsonaro, militar nostálgico de la dictadura, se encamina a oír la sentencia de la Corte Suprema de Justicia –entre el 2 y el 12 de septiembre–, que podrá marcar el fin de su carrera política y su vida en libertad.
Su segundo nombre es Messias, tal vez como una señal profética del intento por aferrarse al poder que hoy lo tiene más cerca de una prisión que del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.
Con información de EFE y Reuters
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