Una advertencia que erosiona la democracia

Las declaraciones del diputado del PRM Jorge Frías, advirtiendo a empleados públicos sobre las filtraciones a los medios de comunicación, representan una postura que merece ser analizada con rigor crítico.

En primer lugar, este tipo de advertencias afecta directamente la democracia, pues restringe el derecho ciudadano a conocer cómo se manejan los recursos del Estado. La transparencia no es un favor, es una obligación de quienes administran fondos públicos.

Además, este discurso aumenta el clientelismo, al reforzar la idea de que los empleos en el Estado dependen de la lealtad política y no de la capacidad profesional. Se transmite el mensaje de que el aparato estatal es un botín partidario, donde se va a enriquecerse y no a servir.

La postura también subyuga a quienes tienen un empleo público, colocándolos bajo amenaza y miedo de perder su sustento si deciden denunciar irregularidades. Esto convierte a trabajadoras y trabajadores en rehén de la política, debilitando su autonomía y su rol como servidor de la sociedad.

El contexto agrava la situación: estas advertencias surgen tras las revelaciones sobre pagos de subvenciones a movimientos políticos desde instituciones como el ITLA y el FEDA, lo que refuerza la percepción de que el Estado se utiliza para fines partidarios. Pues, no nos llamemos a engaño, pueden ser este un entramado de muchas otras instituciones. 

En una democracia sana, las filtraciones no deberían ser vistas como traiciones, sino como mecanismos de control ciudadano frente a posibles abusos. Silenciar a la empleomanía del sector público, solo pensarlo,  es cerrar las puertas a la rendición de cuentas y perpetuar la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, el favoritismo, todos los males pretenden perpetuarse y provocan inequidades. 

La advertencia del diputado Frías no solo es desafortunada, sino peligrosa: normaliza la idea de que el Estado es propiedad de un partido y que quienes lo cuestionan deben ser castigados. Esa visión es incompatible con un sistema democrático que exige transparencia, pluralidad y respeto a los derechos laborales.